Dolores Delgado, junto a los familiares de los represaliados homenajeados en el cementerio de La Almudena. Foto: Ministerio de Justicia.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha afeado el electoralismo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por promover, apenas 12 días antes de celebrarse las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, lo que considera una declaración de “reparación y reconocimiento personal” a los familiares de 18 represaliados fusilados en las tapias del madrileño cementerio de La Almudena. La asociación memorialista recuerda que este reconocimiento por parte del Gobierno ahora precisamente es sólo “una pirueta del lenguaje” ya que, según la ARMH, “no existe ninguna reparación; no se indemniza a las víctimas, no se les devuelve lo confiscado, no se les garantiza justicia… Se trata de una reparación que es solo una palabra impresa en un documento oficial”.

Esta asociación de referencia en la defensa de la memoria histórica recuerda que la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor en diciembre de 2007, apunta en su preámbulo que la memoria de quienes fueron víctimas de la dictadura era “personal y familiar”. “¿Le dirían a una víctima del terrorismo que su memoria es un asunto privado?”, pregunta la ARMH a la ministra a través de la red social Twitter.

Juicios sumarísimos sin anular en 44 años

La ministra de Justicia en funciones subrayó, durante el emotivo acto celebrado este martes en el cementerio madrileño junto a los familiares de estas víctimas, que ha subrayado el compromiso del Gobierno de eliminar los vestigios de la dictadura para ofrecer a sus víctimas “verdad, justicia y reparación”. 80 años después del final de la guerra civil, Delgado ha asegurado que “el dolor y el deseo de justicia permanecen intactos, porque la memoria seguirá viva mientras sigan existiendo cunetas y fosas”.

Muchos de los certificados entregados por la ministra son de asesinados tras un juicio sumarísimo, que no ha sido anulado más de 40 años después de la dictadura

“Entendemos y reconocemos a las personas que solicitan y aceptan ese reconocimiento pero en el caso de muchos de los certificados que entregó ayer la ministra se trata de personas asesinadas tras un juicio sumarísimo, un juicio que 40 años después de la dictadura no ha sido anulado”, recalca la asociación de memoria histórica.

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