En el año 2000, en las elecciones presidenciales de EE. UU, se desató la polémica sobre quien había ganado los 25 votos electorales de Florida (y, por tanto, la Presidencia): Al Gore o George W. Bush. Gore recibió el mayor número de votos (la llamada votación popular), 543.895 votos más, en el cómputo nacional. El Colegio Electoral fue puesto en entredicho porque permitió la victoria de un candidato que no había ganado el voto popular, algo que no ocurría desde 1888.
Bush fue elegido presidente por 271 votos del Colegio, (266 votos más otros 25 de Florida), uno más de los 270 requeridos para la presidencia y esto fue posible gracias al arbitraje sin precedentes de la Corte Suprema. El 12 de diciembre 2000 el alto tribunal, en su primera intervención en una elección presidencial, decidió que se agotó el tiempo para un recuento manual al vencer el plazo para que los estados resuelvan conflictos derivados de comicios y designen a sus electores en el Colegio Electoral.
El magistrado de la Suprema Corte John Paul Stevens, que votó contra el fallo, dijo: «aunque tal vez nunca se sepa con total certeza la identidad del ganador (…) la identidad del perdedor está perfectamente clara: la confianza del país en sus jueces».
La historia, 20 años después, se repite con una variante significativa y pese a los intentos de Trump, la Corte Suprema no tuvo necesidad de terciar. Aun así, los estadounidenses amanecieron el miércoles sin conocer el nombre de su próximo presidente.
Trump tuvo la oportunidad en su mandato, gracias a la elección de tres miembros de la Corte Suprema, Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh en 2018 y Amy Coney Barretten 2020, de configurar una mayoría conservadora de seis de los nueve miembros que la conforman. Confiaba así con el precedente de la elección presidencial del año 2000. Tal vez el aspecto más inquietante del intento de golpe de Trump fue la forma con la que trató implacablemente de armar al Departamento de Justicia para anular la victoria del presidente Joe Biden. Amenazó con acudir a la Corte Suprema para exigir explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo en lo que él llamo “fraude electoral”.
En su reclamo, su carta sería Barrett, la única jueza de la Corte votada por un solo partido, el republicano, cosa que no ocurría desde Edwin Stanton en 1869. Sin embargo, la jueza Amy Conney Barrett, a quien el presidente había nombrado apenas hacía unos días, que será neutral. Y «Ciertamente espero que todos los miembros del comité tengan más confianza en mi integridad que pensar que permitiría ser utilizado como peón para decidir la elección del pueblo estadounidense» dijo en un comunicado la jueza.
El ingrediente que faltaba en la ecuación fascista clásica es el antagonismo social, una amenaza, imaginada o real, para el statu quo social y económico. A medida que las nubes de tormenta constitucional se iban formando en 2020, los negocios estadounidenses se fueron alineando masiva y directamente contra Trump.
Y, como veremos, las principales voces de las grandes corporaciones estadounidenses tampoco dudaron en aportar los argumentos empresariales para adoptar esta postura, como el valor para los accionistas, los problemas de gestionar las empresas con fuerzas de trabajo políticamente divididas, la importancia económica del Estado de derecho y, sorprendentemente, las pérdidas en las ventas que serían de esperar en caso de una guerra civil. Esta alineación del dinero con la democracia en los Estados Unidos de 2020 debería ser tranquilizadora, al menos hasta cierto punto.
Sin embargo, consideremos por un segundo un escenario alternativo. Si el virus hubiera llegado a Estados Unidos unas semanas antes, la extensión de la pandemia habría generado un apoyo masivo a Bernie Sanders y a su llamamiento a la atención sanitaria universal y las primarias demócratas probablemente hubiesen situado a un socialista declarado como candidato a la presidencia en lugar de Joe Biden.
No es difícil imaginar que, en tal escenario, todo el peso de los negocios estadounidenses se habría movido en la dirección opuesta por las mismas razones y habría respaldado a Trump para intentar que Sanders no fuera elegido ¿Y si Sanders hubiera ganado la mayoría? Entonces habríamos tenido una verdadera prueba para la Constitución americana y de la lealtad hacia ella de los intereses sociales más poderosos.
