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Reparación a las víctimas del franquismo

José Amestoy Alonso
José Amestoy Alonso
Escritor y profesor licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación son Climatología, Medio Ambiente y Tercer Mundo.
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análisis

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Ley de Memoria Democrática SÍ, NO a la ley fascista de la concordia.

El Gobierno tras el Consejo de Ministros en La Moncloa, el 20/07/2021, aprueba enviar a las Cortes la Ley de Memoria Democrática.

La nueva Ley de Memoria Democrática, tiene que incluir la rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes.

Según el ministro de la Presidencia Sr. Bolaños, verdad, justicia, reparación y deber de memoria son los principios en que se basa el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que sustituye y amplía la Ley de Memoria histórica.

Marcando, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.

«Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea», ha subrayado.

Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas. Destaca el reconocimiento a las víctimas y establece medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura.

Según Almudena Asenjo, Directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, ha declarado que “la Memoria Democrática es un derecho de los ciudadanos, trata de evitar discursos antidemocráticos y es muy importante, especialmente para que los jóvenes conozcan la Historia y la importancia de los valores democráticos”. Esta ley no busca revanchas, sino que es una ley de recuerdo y homenaje que trata de dignificar la memoria de las víctimas de la Guerra civil y los represaliados por la dictadura franquista.

La presentación del consultorio monográfico semanal de UGT, que ha hablado de la Memoria Histórica, se ha realizado desde el Paseo de la Castellana, donde permanece la escultura de Francisco Largo Caballero que ha sido vandalizada y pintada en dos ocasiones, desde la aprobación del anteproyecto de Memoria democrática. Una ley que no ha gustado a muchos empezando por el partido de ultraderecha Vox y el Partido Popular.

UGT, PSOE y  Más Madrid han presentado distintas querellas contra las personas del Ayuntamiento de Madrid responsables por daños y destrozos de un bien cultural,  como son las esculturas y placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto, conforme a los artículos 289 y 323.1 del Código Penal. Querellas presentadas frente a los juzgados de Madrid y frente a la Fiscalía, como ha hecho Mas Madrid, por intentar ensuciar la Memoria Histórica y en concreto la figura de Francisco Largo Caballero.

Según Amnistía Internacional, la Ley de Memoria Democrática no puede seguir esperando.

La sociedad en su conjunto, las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El reconocimiento pleno de este derecho es una cuestión indiscutible en parámetros democráticos.

La Ley de Memoria Democrática, según AI, constituye una oportunidad para avanzar en el reconocimiento a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes franquistas y es urgente su tramitación con un enfoque basado en Derechos Humanos.

Por ello señala lo siguiente como principios básicos:

1.- VERDAD: Naciones Unidas ha instado en distintas ocasiones a España a considerar la creación de un mecanismo independiente (como podría ser una comisión de la verdad), que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, sin sustituir el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Sin embargo, el Anteproyecto de Ley vincula el derecho a la verdad al hecho de «fomentar el conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática”, y no lo relaciona expresamente con la promoción de la verdad colectiva.

2.- JUSTICIA: el Estado español debe eliminar los obstáculos a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo. El Anteproyecto no aborda ni uno solo de los obstáculos que siguen haciendo que en España se niegue sistemáticamente el derecho a la justicia de las víctimas de estos graves crímenes.

3.- REPARACIÓN: sin investigación judicial ni una política de promoción de la verdad oficial, también se impide la reparación del estigma padecido por las víctimas y sus familias en la sociedad. Además, el Anteproyecto establece un derecho a la reparación parcial, al excluir la indemnización y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas por los golpistas.

No es posible avanzar como sociedad, mientras los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes. Esta Ley es el primer paso para conseguirla.

La Ley de Memoria Democrática debe ampliar los principios básicos enumerados más arriba y debe incidir e insistir en el sufrimiento y estigmatización, no sólo de las víctimas sino también de sus familiares, que la mayoría quedaron sin propiedades, al ser incautadas.

Durante la Guerra y la Dictadura, las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados.

Por otro lado, las víctimas que sufrieron cárcel y fueron inhabilitados para el ejercicio de la función pública, maestros, médicos, profesiones liberales nunca fueron, ni ahora tampoco, reparados en su función y si lo fueron fue después de 30 años, dando tumbos por la vida; por ello, ya es hora no sólo de un reconocimiento público sino también de una reparación a su estigmatizada familia, que en su día fue solicitada pero NUNCA llegó.

Verdad, Justicia y Reparación es lo mínimo que tiene que saber el pueblo ciudadano, que no súbdito, ante un golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido, como fue la II REPÚBLICA.

Y es lo mínimo que tienen que saber las familias que sufrieron la persecución franquista.

Los familiares quieren tener en su poder la nulidad de las sentencias de tribunales ilegítimos, y el reconocimiento de la impunidad de «tribunales» que llevaron a la cárcel o al paredón, cuneta o tapia de cementerio a miles de republicanos solo por el hecho de haber defendido a la II REPÚBLICA. Es de justicia que dichos tribunales formados por militares franquistas, sean sus sentencias anuladas y resarcido el dolor familiar de haberlos sufrido sin tener manchadas las manos de sangre.

Una Comisión internacional debe estudiar todo el proceso de la represión franquistas, y que los familiares de los encarcelados deben conocer cómo era la vida en la cárcel, como vivían apiñados unos encima de otro en celdas pequeñas en las que cabían 4 0 5 presos políticos, pero vivían, si se puede llamar vivir, apiñados y los años en que estuvieron presos las chinches que se localizaban en el cuello de la camisa o en los puños y las mataban con una piedra machacando las para acabar con ellas, pues picaban que rabiaba y chupan la sangre, y  qué decir de los piojos. Los familiares deben saber que todas las noches se nombraba a varios presos políticos para fusilarlos al alba. En fin, que se investigue la verdad, se haga justicia y reparación real. Nada de ley de concordia, ya que es continuismo del régimen dictatorial.

Esta Ley de Memoria Democrática debe estudiar caso a caso estos «juicios sumarísimos», desde la Verdad, Justicia y Reparación y llevar otras leyes anexas de supresión de los actos y exaltaciones franquistas y leyes franquistas en vigor.

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