Renta Mínima: un derecho constitucional incuestionable

La crisis del COVID-19 destruyó en el mes de marzo cerca de 900.000 empleos, una cifra que supone una caída histórica del empleo en el Estado español. Todo ello sin contar con los más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras que se han visto afectadas por un ERTE. Concretamente, el número de afiliaciones a la Seguridad Social se redujo en 833.979 personas el pasado mes. Si tenemos en cuenta que en España existían aproximadamente 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que supone el 26,1%, según datos de 2018 recogidos por el Informe AROPE, ¿son justas las medidas que se están planteando a través de los gobiernos neoliberales, los miembros defensores del neoliberalismo emboscados en gobiernos progresistas o desde organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco Central Europeo?

En España han fallecido casi 21.000 personas por coronavirus y el portavoz del PP, Pablo Casado, sigue negando que su partido haya hecho recortes en Sanidad desde los años de crisis iniciados en 2008. En este sentido, cabría recordar que una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, fue anunciar recortes de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación que, por supuesto, se aplicaron sin piedad ni ética. Por otro lado, son incesantes los datos de fallecimientos utilizados como arma arrojadiza al actual gobierno por parte de los sectores de la ultraderecha española.

En el plano europeo, la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, afirmó en una teleconferencia con los ministros de Economía, Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G20 que «los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico». Durante su intervención destacó tres aspectos: dar prioridad a la contención y al fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todo el mundo, respaldando las medidas fiscales extraordinarias; trabajar en colaboración con el Banco Mundial para abordar la situación de los países de bajo ingresos agobiados por la deuda, y el respaldo a los países miembros. Queda reflejado, por tanto, que el FMI se mantiene firme en la defensa de los intereses del capital frente a los del pueblo, además de incluir a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, entre los asesores externos donde no hay ningún representante civil, solo son bien recibidos los capitalistas o catedráticos de universidades elitistas como Harvard o Chicago. Ni rastro de los premios Nobel de Economía críticos con las políticas restrictivas impuestas a los países tras el estallido de la crisis de 2008.

Por su parte, la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está más próxima a Europa que a las políticas de justicia social tan necesarias en los tiempos que corren. Hasta ahora, Calviño, ha defendido medidas expansivas sin romper los límites de déficit de la UE, lo cual hace imposible que los países del sur puedan emitir más deuda. Así, tal y como explicaba Manuel Domínguez en un artículo para Diario16, «mientras el resto del Ejecutivo está buscando soluciones sociales a la crisis sanitaria como, por ejemplo, la aplicación de la renta mínima, que hasta ha reclamado una persona como Luis de Guindos, poco sospechosa de ser un “peligroso comunista”, la señora Calviño no ha hecho nada para controlar los comportamientos poco éticos de la banca a la hora de conceder los préstamos ICO a las pymes y los autónomos».

Renta Mínima Vital: el principio de la(s) solución(es)

Ante una crisis, que algunos expertos prevén que será peor que la de la II Guerra Mundial, y con unas cifras de desempleo disparadas en el último mes, la renta mínima se presenta fundamental en un primer paso para dar cobertura a aquellas personas y familias sin recursos mientras dure el confinamiento y sus daños colaterales. El Ejecutivo ha informado de que esta ayuda verá la luz probablemente en mayo y que será «un instrumento permanente». El coste total, según publicaba El País, se estima en 5.500 millones de euros anuales y el Gobierno ha valorado que este ingreso beneficiará a los hogares según el tipo de familia, el número de hijos y sus indicadores de pobreza, con una mensualidad que girará en torno a los 400-500 euros.

Si tenemos en cuenta que el umbral de la pobreza está por debajo de un ingreso de 600 euros mensuales, observamos que esta Renta Mínima no alcanza a la Renta Básica que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral, que sí garantizaría esos mínimos colindantes con el umbral de la pobreza. Por eso, algunos sectores de las economías alternativas empiezan a hablar de Renta Básica Universal Innegociable, que a diferencia de la que promueve el Gobierno, repararía en el pago mensual de aproximadamente 600 euros para cada ciudadano y residente en España con independencia de su situación social o de sus ingresos. Esto ayudaría, por ejemplo, a enfrentar situaciones de despidos o de búsqueda de trabajo sin miedo a ser desahuciados, o que las personas dedicadas a los cuidados ganaran libertad e independencia en sus vidas. Para su posible ejecución, Daniel Raventós propone una redistribución de la riqueza a través del Impuesto sobre la Renta. Aunque estos son teorías y 600 euros no sean suficientes en todos los territorios, la Renta Mínima da un pequeño paso hacia este tipo de ayudas contra la pobreza y el precariado.

Desigualdades y feminismos

A partir de la crisis de 2008, los salarios bajaron drásticamente y el despido se abarató. Fue a partir de entonces cuando ser mileurista se convirtió en un privilegio y las pensiones se congelaron. Sin embargo, la situación de las personas -en su mayoría mujeres- dedicadas al cuidado y a los trabajos reproductivos ha seguido en el mismo plano de invisibilización y de falta de reconocimiento.

Con la irrupción del COVID-19, la perspectiva de género en el plano de los cuidados ha ganado peso y comienza a reivindicarse por numerosas vías que van desde las organizaciones y colectivos feministas, hasta las asociaciones de Kellys y personas dedicadas al trabajo reproductivo. Porque, ante un parón de tal magnitud, estas mujeres han seguido sosteniendo la vida como han hecho siempre sin pedir nada a cambio, en situaciones de precariedad y economía sumergida o,  en algunos casos, con el amor como moneda de cambio.

Por eso la importancia de una Renta Básica que dotaría a estas mujeres de libertad y un mayor margen para negociar sus condiciones laborales. O, como exponen Sarah Babiker y Raventós en un artículo para El Salto, evitar que sacrifiquen su independencia económica para cubrir las necesidades de cuidados. En este sentido, hablan en términos de universalidad feminista porque «cuando se privatizan y recortan los servicios básicos quienes salen perdiendo son las mujeres. No solo porque la desinversión en lo públicos se traduce en la precarización de masas laborales en gran medida feminizadas sino porque las instituciones no se ocupan de los cuidados, suelen ser las mujeres quienes los hacen en sus casas». Para las autoras, «universalizar una renta básica, ahora de cuarentena, mañana como derecho constitucional, debería ser un objetivo claro para un gobierno que se considera feminista».

En este contexto, diferentes asociaciones de trabajadoras de los cuidados emitieron un comunicado conjunto sobre la medida del Gobierno para que las trabajadoras del hogar cobrasen un subsidio durante la crisis del COVID-19. En él expresaban que «la medida se queda muy corta, porque dicen que se exigirá estar de alta en la SS en el momento en el que se suspendió el contrato, se redujo la jornada, o se perdió el empleo». Esto dejaría fuera a muchas de las trabajadoras que «hoy están en situación de necesidad, que venían prestando sus servicios en la economía sumergida al no tener permiso de trabajo, o porque no estaban dadas de alta en la Seguridad Social», advertían.

Es tiempo de cuidar a las personas desde todas las esferas de la vida para que nadie se quede atrás, como ocurrió en 2012. Durante este Estado de alarma, cuidar a los que cuidan y reforzar la Sanidad Pública es primordial frente a los intereses salvajes de las dictaduras del capital, como también lo es que nadie se convierta en víctima económica de la pandemia.