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Refugiados de segunda clase

La otra realidad que esconde el fallido acuerdo europeo para la acogida refugiados

Marisa López González
Graduada en Derecho por azar y estudiante de Periodismo por vocación. Interesada en derechos humanos y política internacional, ha viajado por Camboya investigando al genocidio camboyano y se encuentra realizando un programa de especialización en la Unión Europea en la Hogeschool Utrecht y la Danish School of Journalism. Cuenta con experiencias en la Cadena SER y en la web de la Sexta Noticias. Tiene además un blog personal, www.sisulogbook.com
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Si de por sí la travesía hasta alcanzar el territorio europeo es peligrosa y agotadora cuando los solicitantes de asilo consiguen llegar a su destino se enfrentan ante un último obstáculo que puede ser el definitivo: los requisitos legales.

El programa europeo de acogida de refugiados incluye una cláusula que ha provocado que miles de personas hayan sido excluidas de la posibilidad de quedarse en Europa y, de esta manera, salvar sus vidas.

El pasado 26 de septiembre venció el plazo de dos años por el que los Estados Miembros de la Unión Europea – salvo Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Polonia y Hungría- se comprometían a reubicar y reasentar a más de 180.000 solicitantes de asilo. El programa ha finalizado con apenas una de cada cuatro personas trasladadas, lo que representa un aproximado 25% de los casos.

Este fracaso se debe en gran parte a un estricto requisito que se incluye en el acuerdo y que impone un criterio discriminatorio basado en el país de procedencia del solicitante de asilo.

“Desde el inicio se limitó la reubicación a personas de nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% de media en el conjunto de los Estados miembro”, explica Estrella Galán, la presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Esto ha supuesto en la práctica dejar fuera a un gran número de personas refugiadas que se han visto excluidas de los acuerdos”.

Debido a ello, solo refugiados de Siria, Yemen y Eritrea han podido beneficiarse de este programa mientras que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 102.942 personas han llegado a las costas italianas en 2017, la mayoría desde Nigeria, Bangladesh, Guinea, Costa de Marfil y Mali, países donde también se viven graves conflictos.

“Este requisito no significa que la solicitud de protección internacional sea rechazada automáticamente. Sin embargo, tienen que poder justificar con hechos o con amenazas que vienen de una zona con una violencia generalizada donde no pueden vivir de forma segura y su vida corre peligro. Lo que ocurre es que muchas veces no pueden demostrarlo. Primero, porque es muy difícil de comprobar y segundo, porque en aquellos casos en los que tienen las evidencias de estas amenazas, las pierden en el camino o se mojan en el barco por lo que se vuelven inútiles. De esta manera, quien no puede probarlo, es deportado”, explica Daniel Rivas Pacheco, actual responsable de prensa del proyecto MayDayTerraneo y voluntario durante el año pasado en Grecia.

En las islas griegas de Quíos y Lesbos, Rivas Pacheco pudo ser testigo de cómo algunos solicitantes de asilo se sentían discriminados por su nacionalidad. “Había manifestaciones rutinarias y constantes de la población negra de los campos porque se sentían totalmente refugiados de segunda clase respecto a los sirios. Ellos se manifestaban por el reconocimiento a su derecho a recibir protección internacional. Un derecho que les pertenece al igual que a los demás”.

El último caso conocido es el de los solicitantes de asilo afganos. Según ha informado la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA en sus siglas en inglés) 11.418 personas han muerto o han resultado heridas en 2016.

A pesar de las dramáticas cifras, Amnistía Internacional denuncia que, entre 2015 y 2016, el número de afganos deportados desde los países europeos a Afganistán casi se ha triplicado: de 3.290 personas a 9.460.

Rivas Pacheco considera que el criterio de la nacionalidad es contrario a los derechos humanos y fue una táctica desarrollada desde las instituciones para retrasar al máximo las solicitudes de asilo y, así, desincentivar el flujo migratorio. “Al final te das cuenta de que la gente está huyendo de situaciones de guerra o pobreza mucho más dramáticas de lo que la legislación europea pueda o quiera querer contemplar. Si la Unión Europea le dice a un afgano que su país es seguro, no le queda otra opción que volver”, añade.

De esta manera, mientras 130.000 de 65.000 aplicaciones de protección intencional de sirios no han sido todavía aceptadas, en el caso de las afganas, alrededor de 240.000 de 310.000 se encuentran a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, aunque el período de dos años haya finalizado, continúa la obligación de los Estados de seguir acogiendo a refugiados, tal y como ha recordado la Comisión Europea.

Desde CEAR, Estrella Galán pide a las instituciones europeas que dejen de construir un muro de mentiras y excusas y que se reimpulsen los programas de reubicación y reasentamiento, así como una revisión inmediata de los criterios para participar, en particular eliminando la discriminación por nacionalidad.

“Aunque sea fuera del tiempo previsto, que no falte al compromiso que adquirió [la Unión Europea] con aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares y tienen en Europa su última esperanza”, señala.

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