miércoles, 23junio, 2021
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Refugiados, guerras y explotación económica

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Eduardo Luis Junquera Cubiles
Nació en Gijón, aunque desde 1993 está afincado en Madrid. Es autor de Novela, Ensayo, Divulgación Científica y análisis político. Durante el año 2013 fue profesor de Historia de Asturias en la Universidad Estadual de Ceará, en Brasil. En la misma institución colaboró con el Centro de Estudios GE-Sartre, impartiendo varios seminarios junto a otros profesores. También fue representante cultural de España en el consulado de la ciudad brasileña de Fortaleza. Ha colaborado de forma habitual con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional. Ha dado numerosas conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad. En la actualidad, escribe de forma asidua en Diario16; en la revista CTXT, Contexto; en la revista de Divulgación Científica de la Universidad Autónoma, "Encuentros Multidisciplinares"; y en la revista de Historia, Historiadigital.es
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Millones de personas en todo el planeta se ven obligadas a desplazarse cada año a causa de conflictos de todo tipo que ponen en peligro sus vidas. En los últimos 20 años, el número de refugiados se ha duplicado en el mundo: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra en más de 70 millones el número de desplazados, de los cuales la mitad son menores. Hemos visto imágenes de refugiados desesperados a las puertas de Europa o ahogándose por miles en el Mediterráneo, e incluso así les hemos cerrado nuestras fronteras. Hemos permitido su desembarco en algunas islas del Mar Egeo como una forma de lavar nuestras conciencias, para después ignorar esta tragedia por completo con su envío a países tan poco ejemplares en cuanto al respeto de los derechos humanos como Turquía o Libia. En el campo de refugiados de Moira, en la isla griega de Lesbos, se hacinan 9.000 personas sometidas a trata, abusos y explotación. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, celebrado el pasado 20 de junio, la ONU no hablaba de “crisis humanitaria”, sino de “crisis de solidaridad”. Este drama no es exclusivo de Europa: en América Latina, 4 millones de venezolanos son rechazados en los países vecinos; lo mismo ocurre en Asia con los refugiados Rohinyá, un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 está sufriendo persecución y limpieza étnica por parte de las autoridades birmanas, lo que ha obligado a sus miembros a exiliarse en la vecina Bangladesh.

Como parte de sus circunstancias vitales, las personas que viven en los países pobres están habituadas a la pobreza extrema, las guerras, las persecuciones, los excesos provenientes del poder político y las violaciones continuas de los derechos humanos. Tal vez por ello, estas naciones acogen más refugiados que los países ricos, y la acogida, en ocasiones, se prolonga durante décadas. Las crisis de refugiados, pese a la percepción errónea que se tiene en los países ricos, afectan de manera más grave a los países más pobres. El último informe de la ONU en este sentido es tan esclarecedor como concluyente: cuanto más rico es un país menos refugiados recibe. La cifra de acogida en los países del primer mundo es de 2 refugiados por cada 1.000 habitantes, mientras que los países pobres, careciendo por completo de la infraestructura necesaria para acometer esta tarea, reciben un tercio de todos los refugiados. Las históricas cifras de refugiados correspondientes a la Segunda Guerra Mundial hace tiempo que fueron superadas. Pese a que no hay un conflicto de carácter global similar a las dos guerras que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX, por todo el planeta, y especialmente en África, se multiplican los enfrentamientos armados de carácter local, guerras civiles en países pequeños, combates entre grupos terroristas y persecuciones de todo tipo contra la población civil. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, las mujeres y los niños sufren de manera especial las devastadoras consecuencias de estos conflictos.

Desde ACNUR, se pide más responsabilidad a los países ricos y especialmente a Europa por su catastrófica gestión de la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, que incluye la reducción del número de rescates a náufragos en esa zona, algo que está en contra de todo principio moral. La ONU habla de soluciones de carácter estratégico a desarrollar a largo plazo, el problema es que esta manera de afrontar los retos a los que la humanidad se enfrenta choca con el cortoplacismo que practican los dirigentes políticos en todo el mundo. Algunos líderes europeos que están en contra de la inmigración argumentan que este rechazo se produce porque desean preservar la cultura, las tradiciones y el carácter de Europa. Se olvidan de que el mestizaje cultural y racial que se ha producido a lo largo de los siglos ha dado lugar a las culturas europeas tal como las conocemos, y olvidan también que la solidaridad, la fraternidad y la ayuda a los más desfavorecidos, valores indisolublemente unidos a las democracias modernas, son también señas de identidad de Europa.

Las cifras de ACNUR de 2018 son especialmente duras: solo un 7% de las peticiones de asilo terminan siendo respondidas de forma favorable y 1 de cada 5 refugiados ha estado en situación de desplazamiento desde hace 20 años. Respecto a la crisis en el Mediterráneo, el número de muertes se ha reducido no por la mayor intervención de los gobiernos de Europa, sino por un descenso en la cifra de quienes intentan cruzar el mar. Según ACNUR, 2.275 personas perdieron la vida en 2018 intentando atravesar el Mediterráneo, lo que deja una media de 6 personas muertas al día. La ruta hacia España fue particularmente peligrosa y en 2018 se cuadriplicó el número de muertes respecto a 2017. El principal desafío de la Unión Europea es que sus países miembros alcancen un acuerdo con el fin de unificar las políticas de asilo, pero esta crisis humanitaria parece ocupar un lugar secundario en las agendas de nuestros políticos. Desde Europa, se paga a los Gobiernos de Turquía, Marruecos y Libia, el país más inestable del Magreb, tomado por milicias guerrilleras, para que el flujo hacia nuestras costas disminuya, pero no existe un control transparente y efectivo por parte de ningún organismo internacional solvente para que el control de la inmigración en estas zonas se lleve a cabo respetando los derechos humanos porque estas tareas, precisamente, las realizan países en los que estos derechos no constituyen una prioridad.

En junio de 2015, la Unión Europea lanzó la Operación Sofía, una misión que tenía como objetivo combatir las redes de tráfico de personas en Libia, pero no la búsqueda y el posterior rescate de quienes atraviesan el Mediterráneo. La misión fue ampliada en 2016 y en 2017, pero en 2018 fue prorrogada sin medios económicos ante la resistencia de la Italia de Matteo Salvini, que bloqueó esta iniciativa que solo podía ser renovada por unanimidad. Los seis barcos, tres helicópteros y cuatro aeronaves desplegados en esta operación sirvieron para destruir alrededor de 800 embarcaciones de madera. Ante esta realidad, los traficantes, estrechamente vinculados al yihadismo que opera en esa zona, sustituyeron los pequeños barcos, que transportaban de media a unas 800 personas, por precarias lanchas de goma con capacidad de trasladar a unas 100, a las que cobraban entre 350 y 800 dólares, según el informe de Eunpack de marzo de 2018. Como consecuencia de esta precariedad, las muertes por naufragio se elevaron enormemente. La colaboración entre las autoridades de Libia-un país que los miembros de ACNUR no pueden visitar en su totalidad a causa de la actividad de las milicias-y la Fiscalía de Italia llevó a detenciones poco importantes que no perjudicaron el negocio del tráfico de personas en la zona. Las autoridades europeas han otorgado a la colaboración con Libia, que incluía la formación de 400 guardacostas, una atención especial al tratarse de un Estado fallido. Los resultados con Marruecos y Turquía han sido significativamente mejores, además de más rápidos porque, pese a su escaso respeto por los derechos humanos, se trata de dos países centralizados, con instituciones sólidas y con presencia y control sobre la totalidad de su territorio, algo que no ocurre en la desmembrada Libia.

Hasta marzo de 2017, al menos 15.000 personas estaban en situación de refugiadas en Libia, de las cuales el 75% se encontraban recluidas en centros de detención de inmigrantes donde los abusos de todo tipo son frecuentes, incluyendo la desaparición de personas para ser explotadas sexualmente o para que realicen trabajos forzosos. En estos centros también son comunes el hacinamiento, las palizas, los latigazos, el uso de descargas eléctricas, la falta de higiene, la proliferación de enfermedades y el consumo de comida y agua de mala calidad. La legislación de Libia considera criminal a todo aquel que entre en el país de forma ilegal. Por esta razón, durante las mismas fechas había unos 4.000 migrantes presos en cárceles oficiales del país. El pasado 2 de julio, al menos 44 personas murieron a causa de un bombardeo sobre el centro de detención de Tajoura, al sur de Trípoli, llevado a cabo por las fuerzas del mariscal del llamado Ejército Nacional Libio, Jalifa Hafter, según informó el Gobierno libio de Fayez al-Sarraj, apoyado por la ONU. Desde ACNUR y Amnistía Internacional se advierte del riesgo que corren las personas que malviven en los centros de inmigrantes porque muchos están situados dentro de instalaciones militares que son objetivo de ataques por parte de las fuerzas de Hafter, un ejército compuesto-como el actual Gobierno libio-por algunos individuos catalogados como terroristas. El conflicto libio pone de relieve la debilidad de la Unión Europea en algunos aspectos como la política exterior, materia en la que no prima el respeto por los derechos humanos, sino las cuestiones de carácter estratégico de cada país. Así, Jalifa Hafter recibe el apoyo de Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el actual Gobierno libio está apoyado por la propia ONU y por el Gobierno italiano. Los combates que se han producido en los alrededores de Trípoli durante los últimos cuatro meses han causado cerca de 600 muertos, más de 5.000 heridos y han obligado a más de 30.000 familias a abandonar sus hogares y a desplazarse por el país como migrantes internos.

Desde Europa, se continúan practicando las mismas políticas de venta de armas a países en los que no se respetan los derechos humanos, y también de explotación económica y de extracción de recursos naturales. Si existen guerras en África que acaban generando refugiados es porque detrás de cada una de ellas hay un recurso natural que interesa a Occidente: el coltán del este de la República Democrática del Congo (el coltán es el mineral imprescindible para la fabricación de móviles, tabletas, ordenadores y otros dispositivos electrónicos), el uranio del Sahel o el petróleo de Sudán del Sur y Nigeria son buenos ejemplos. Las armas utilizadas en los conflictos de África han sido fabricadas en los países occidentales, cuyas multinacionales pagan por los recursos naturales africanos obtenidos de forma clandestina cantidades muy inferiores a las que deben hacer frente cuando estas materias son exportadas de forma legal. España es uno de los principales vendedores de armas ligeras y municiones a países del África subsahariana, una zona del mundo en la que al menos siete naciones padecen guerras extremadamente crueles para la población civil: Burundi, Mali, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. En estos conflictos es normal la utilización de niños-soldado y los menores también son obligados a servir como esclavos sexuales. La violación masiva de mujeres y niñas es otra estrategia de los señores de la guerra en estas zonas. Pese a las declaraciones de los dirigentes occidentales, siempre cargadas de una retórica de respeto por los derechos humanos, sus gobiernos perpetúan estas lacras al renunciar a imponer medidas de control a las empresas que comercian con los caciques nacionales y locales y a los “lobbies” armamentistas. Otros países africanos como Sudán, la región del Chad, Eritrea, Libia y Mozambique pasan por situaciones críticas de conflicto que constituyen una seria amenaza para las vidas de sus habitantes.

El neocolonialismo moderno explota África a través de las multinacionales. Más de 120 guerrillas y diferentes grupos armados controlan las minas y obtienen ingresos a través de la extracción ilegal de coltán en la República Democrática del Congo, un país que lleva más de 20 años sumido en una de las guerras más sangrientas de la historia, con más de 5 millones de víctimas. Con este dinero compran armas con las que cometen grandes masacres sobre la población civil, además de violar a mujeres y niñas de forma masiva. UNICEF denunció en 2014 que más de 40.000 menores trabajaban en las minas de coltán en condiciones de absoluta esclavitud con jornadas de más de 14 horas a cambio de 1 euro. En estos yacimientos son frecuentes las muertes de niños y adultos, aunque no existen cifras oficiales. Esta tragedia se multiplica en época de lluvias debido a las avalanchas y los derrumbes en los túneles. Pero no hay nada que detenga la extracción del mineral, que es desviado por medio del tráfico ilegal a la vecina Ruanda, un país que no tiene minas de coltán, pero que se ha convertido en el primer productor del mundo en virtud del negocio clandestino con las mafias congoleñas. Así funcionan las cosas en África. Menos del 3% de las 5.000 minas de la República Democrática del Congo son consideradas legales y están en manos del Gobierno.

En un estudio de 2015, Amnistía Internacional analizaba 100 informes presentados por más de 1.300 empresas estadounidenses como Apple, Boeing o Tiffany&Co, en los que el 80% de las corporaciones declaraban desconocer la procedencia de los minerales que usaban en la fabricación de sus productos, mientras que solo el 4% de las empresas admitieron utilizar el coltán que procedía del Congo. En el mismo estudio, se documentó la compra de cobalto en áreas en las que es común el trabajo infantil. El mineral se vende a Congo Dongfang Mining (CDM), empresa propiedad del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt). Los documentos de inversores analizados por Amnistía Internacional demuestran que Huayou Cobalt y su filial CDM procesan cobalto para su posterior venta a tres fabricantes de baterías que son suministradores de Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen. Ninguna de las 16 empresas que figuraban como clientes de los fabricantes de baterías a los que Huayou Cobalt suministraba cobalto fueron capaces de explicar de forma precisa a Amnistía Internacional de donde procedía el cobalto que utilizaban. “Los riesgos para la salud y la seguridad convierten la minería en una de las peores formas de trabajo infantil. Unas empresas cuyas ganancias globales ascienden a 125.000 millones de dólares no pueden afirmar con credibilidad que les resulta imposible comprobar de dónde proceden los minerales esenciales para sus productos”, ha manifestado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Las declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas se convierten en papel mojado en el momento en que deciden no llevar a cabo labores de control y de exigencia ética a sus proveedores en países del Tercer Mundo. Esta falta de transparencia es la que hace que hablemos de un capitalismo injusto que permite que las empresas se aprovechen de la ausencia de derechos humanos en determinadas regiones del planeta, generando aún más pobreza y desigualdad y originando enormes flujos migratorios.

En Occidente, existe una preocupación auténtica por el medio ambiente y por las consecuencias que sobre la salud de los ciudadanos puede tener la contaminación a todos los niveles, preocupación que, en un alarde de hipocresía, no se traslada a otros lugares del mundo donde las empresas multinacionales extraen recursos naturales. Un buen ejemplo es el Delta del Níger, una de las áreas más contaminadas del planeta, donde las leyes para proteger la naturaleza o no existen o no se cumplen porque las autoridades que deberían velar por ese cumplimiento son sobornadas por las grandes multinacionales. En esta zona de Nigeria realizan su actividad empresas petroleras como la angloholandesa Shell o la italiana Eni, denunciadas por Amnistía Internacional por vertidos incontrolados de petróleo, por información engañosa respecto a los vertidos (desde estas empresas se atribuyen los vertidos a robos y sabotajes, cuando las pruebas indican que se deben a la corrosión y a la falta de mantenimiento) y por una tardanza excesiva a la hora de solucionar la contaminación por vertidos. Las petroleras ExxonMobil y Chevron también han sido denunciadas en Nigeria por prácticas contaminantes.

Existe una relación evidente entre los conflictos armados y el flujo de refugiados. En su informe publicado en 2017, el Centro Delàs de Estudios por la Paz analizaba datos del período 2003-2014. El estudio dejaba claro que algunos países de la Unión Europea, principalmente Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania exportaron durante esa época armamento y equipamientos militares de todo tipo a 63 de los 65 países que se encontraban en situación de conflicto o de tensión creciente en el mundo. De los 35 países que estaban en guerra en 2015, 30 recibieron armamento por parte de naciones de la Unión Europea y en ningún caso la situación mejoró o se estabilizó, al contrario. En realidad, naciones como Pakistán, Yemen, Etiopía, Mali, Siria, República Centroafricana, Burundi e incluso Libia han seguido recibiendo armamento europeo pese a sufrir un empeoramiento notorio de su seguridad. Entre las 63 naciones importadoras de armamento procedente de la Unión Europea, 39 de ellas son las que generan más desplazados a nivel mundial, ya sea en migraciones regionales o internacionales.

Para terminar, la legislación internacional de regulación de venta de armas a países en conflicto no se cumple. Los 28 países de la Unión Europea firmaron en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas y ya en 2008 habían adoptado una Posición Común que establecía de forma meridianamente clara, en consonancia con el Parlamento Europeo, “un marco jurídicamente vinculante” con el fin de instaurar ocho criterios de verificación para los países exportadores. Uno de esos criterios dice: “Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o conflictos existentes en el país de destino final”. La legislación de la Unión Europea es la más exigente del mundo porque establece criterios rígidos y precisos, pero los propios gobiernos hacen la vista gorda para favorecer a la millonaria industria armamentista. Además de ser claramente insuficientes, las políticas de asilo de la Unión Europea serán inútiles mientras la industria armamentista del continente no vea límites legales a su infame negocio, que contribuye a hacer de la tierra un infierno para millones de personas. Como podemos comprobar, no se trata solo de promover políticas de acogida, sino de establecer medidas de control hacia las grandes multinacionales con el fin de construir un capitalismo más justo y humano.

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