Tratando de recuperar y potenciar el Estado del Bienestar, es fundamental aplicar una política fiscal progresiva y que las grandes fortunas con arreglo a sus ingresos tengan una mayor carga fiscal. Para que no se sigan protegiendo bajo el paraguas de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que les posibilitan la reducción muy significativamente de los impuestos siendo la tributación de sus operaciones con el 1% casi simbólica. Ese es el motivo y el mecanismo preferido por las grandes fortunas para evadir impuestos, en consecuencia, se debería proceder a la disolución de éste instrumento defraudador. Es cuestión de restablecer, mantener y actualizar el impuesto sobre el patrimonio, riqueza o fortuna. La lucha efectiva y con todos los medios necesarios contra el fraude fiscal, es otro de los cauces de recursos económicos tan necesarios para la justa redistribución de la riqueza y el sostenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos: sanitarios, educativos, sociales, culturales, etc.
Regeneración democrática: asistimos con preocupación a la deriva y deterioro del “sistema democrático”, que como se está comprobando tiene muchas deficiencias, contra las que hay que manifestarse y combatir para mejorarlo. Pero con todas sus imperfecciones, es indudable que nos ofrece más garantías que lo que pretenden ciertos partidos políticos y nuevas organizaciones políticas de corte ultraderechista y populista con sus dirigentes, que utilizando un lenguaje racista y xenófobo, dividen y enfrentan a gran parte de la población y obtienen preocupantes réditos electorales. Afortunadamente la ultraderecha española tiene su parapeto y feudo natural en el Partido Popular, de lo contrario ya nos hubiera salido un populista ultraderechista que con toda seguridad igual que Donald Trump y sus homólogos europeos, como se ha visto en las elecciones del pasado domingo en Francia con Marie Le Pen, hubiera conseguido muchos seguidores, con lo que eso significaría de mayor tensión y recortes en derechos y libertades.
Estamos siendo gobernados por un partido político el PP, que desde el rigor y la objetividad debería reconocerse como ilegal, no en vano y como se está comprobando por su amplia y dilatada trayectoria de practicas corruptas, se ha venido financiando fraudulentamente, con lo que significa a su favor y en detrimento de los demás partidos políticos al tener que competir en las campañas electorales. El Partido Popular como el deportista dopado, ha venido jugando con una gran ventaja, lo que le ha permitido ganar varias elecciones y configurar gobiernos a diferentes niveles, desde el central, autonómicos, provinciales, insulares y locales. Las prácticas corruptas en el PP está en su ADN y forma parte de su comportamiento habitual. Si de verdad queremos acabar con éstas prácticas y regenerar la democracia, mediante las leyes oportunas y decisiones correctas no debemos consentirlo exigiendo las correspondientes responsabilidades, si es necesario y de acuerdo con la gravedad de los actos cometidos habría que penalizar rebajándole su representatividad o incluso disolviendo a las organizaciones políticas que tengan éste tipo de comportamientos. Al margen de las responsabilidades penales, por acción u omisión se suelen producir las de contenido político y éstas se deben sustanciar y depurar con las dimisiones o ceses oportunos. Debemos tomar como ejemplo el de países europeos de nuestro entorno, que pasan factura a sus políticos obligándoles a abandonar sus cargos y carrera política por comportamientos banales: mentir, plagiar tesis doctorales, recibir regalos, admitir pagos de vacaciones, etc. Cosas que protagonizadas por nuestros políticos (incluso mucho más graves), están a la orden del día.
Las fundaciones, asociaciones y organizaciones que practiquen, fomenten o divulguen ideales y filosofías fascistas y franquista, tendrían que ser disueltas. Si no se permite ni tan siquiera se concibe que esto ocurra en Alemania con la figura del nazi y asesino Hitler, ni tampoco en Italia con Mussolini, no es de recibo que nosotros tengamos que soportar el enaltecimiento del igualmente fascista y asesino Franco. Esto ocurre también cuando desagradablemente y con gran impotencia, contemplamos monumentos (fundamentalmente El Valle de los Caídos), calles y plazas, con nombres de personajes nefastos fascistas o de acciones protagonizadas por el bando faccioso que resultando ganador, acabo con la II Republica legalmente constituida y que tan grandes esperanzas e ilusiones había concitado en la mayoría del Pueblo Español, sobre todo en la clase media y trabajadora. Se ha podido comprobar que la Ley de la Memoria Histórica, aparte de haberse quedado corta, no contempla ni tiene los mecanismos necesarios y suficientes para que se puedan corregir éstas injusticias y arbitrariedades, como así mismo que se pongan todos los medios necesarios para que prevalezca la justicia y la dignidad y que todas las víctimas del franquismo, sean encontradas, exhumadas y reconocidas para que por mediación de sus familiares y con la colaboración de las organizaciones defensoras de la Memoria Histórica y de las instituciones se les dé el trato y la sepultara que merecen.
Hay que considerar que la iglesia ha venido desde los tiempos franquistas disfrutando de muchos (demasiados) privilegios: exención de impuestos, subvenciones directas o por mediación de la declaración de Hacienda, colegios concertados, mantenimiento de la nomina de los profesores de religión, curas capellanes en el ejercito, hospitales y residencias socio-sanitarias. En estas sustentadas igualmente por monjas. Concordato con el Vaticano, etc. Si España es un estado aconfesional, éstos privilegios son injustos y no tienen razón de ser. En consecuencia deben ser suprimidos y que las iglesias de cualquier confesión, se sustente con el apoyo de sus fieles. Las prácticas religiosas se deben hacer en el seno familiar y en los respectivos templos, nunca en zonas o espacios públicos.
Es necesario modernizar y democratizar mucho más el ejercito, con la disolución de la legión, fuerza militar ultraconservadora, nefasta, obsoleta y caduca, fundada en el año 1920 por el teniente coronel faccioso Millán Astray. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, también deben ser remodeladas, procediéndose a disolver la guardia civil que igualmente está obsoleta y caduca, desde que fue fundada en 1844 por el Duque de Ahumada, se debe integrar en un solo cuerpo policial que abarque a todo el estado, siguiendo el modelo británico.
