La jueza de lo Penal de Talavera de la Reina, Marta Vicente De Gregorio, condenaba en la instancia a Fernando Presencia, el ex juez decano de esa ciudad, a siete meses de prisión por un supuesto delito de calumnias con publicidad. Le obligaba además a indemnizar al presunto calumniado (el mismísimo presidente del TSJCLM) con 3.000 euros por “daños morales.”

En aquella sentencia se hacía mención, como prueba fundamental de cargo, a dos denuncias firmadas por el propio Vicente Rouco, que aparecieron por arte de birlibirloque en el juicio y en circunstancias tales que acreditarían que las fechas de los cajetines de salida y de entrada que aparecían en el margen superior de esos documentos podrían haber sido manipuladas, indica la denuncia de ACODAP, que menciona además que las referidas denuncias habrían sido remitidas a la fiscalía de Toledo a través de un correo electrónico “seguro” que estaba gestionado por Gema Mañas, la jefa del gabinete de prensa de ese Tribunal Superior de CLM.

Ambas denuncias tenían consignados en el margen inferior de todas sus páginas la identificación del correo electrónico «seguro», y en el margen superior de la primera página los cajetines con las fechas de salida del TSJCLM con sede en Albacete (ambas del 21 de abril de 2016) y los cajetines con las fechas de entrada de la Fiscalía Provincial de Toledo (de 21 y de 22 de abril de 2016 respectivamente).

Según ACODAP resulta llamativo que esas fechas eran exageradamente anteriores a la fecha del comunicado de Vicente Rouco publicado casi un mes después por su gabinete de prensa, concretamente el 28 de mayo, donde el presidente del órgano castellano manchego reconocía que aún no había presentado denuncia alguna. Este baile de fechas canta mucho, pues la querella por la que fue condenado a siete meses de prisión el juez Presencia fue presentada por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, el 20 de julio de 2016. Esta querella tampoco hacía referencia alguna a esas denuncias, ni siquiera se acompañaban al escrito de querella. Por esa razón parece evidente que las fechas estampadas en las dos denuncias fueron manipuladas, de acuerdo con el análisis realizado por ACODAP.

El presidente de esta asociación, Fernando Presencia, presentó denuncia por corrupción ante la UDEF el 22 de abril. La sorprendentemente “curiosa” vecindad entre las tres denuncias mencionadas sugiere que tuvieron intención de “antedatar” las denuncias de Rouco buscando simular que fueron presentadas antes de la denuncia del propio Presencia. Con esta burda manipulación perseguían que no se les viniese abajo la falsa acusación contra el juez decano de Talavera de la Reina por el pretendido delito de calumnias.

“La otra alternativa -prosigue exponiendo la asociación en su escrito- sería que lo manipulado fuese el comunicado publicado por Gema Mañas el 28 de mayo donde se aseguraba que Vicente Rouco aún no había presentado ninguna denuncia, o incluso sería falsa la misma querella de Luis Ibáñez cuando dijo que actuaba de oficio porque no existía ninguna denuncia del presidente castellano manchego. Todas estas alternativas eran igualmente delictivas.

Meses después de que fuera dictada la sentencia que condenaba al juez Presencia, y antes de que se hubiera resuelto el recurso de apelación, el soberbio Rouco anticipaba públicamente que sería declarada firme esa resolución claramente sospechosa de estar amañada. Así lo afirmó sin ruborizarse el presidente del TSJCLM en el transcurso de una entrevista publicada en el canal multimedia “La Cerca” en agosto del año pasado.

Tan seguro estaba Rouco de tenerlo todo más que controlado que presumió ante las cámaras de televisión sobre el previsible resultado del recurso que en esos momentos estaba aún pendiente de resolverse. Tras manifestar que se sentía satisfecho por el resultado del juicio y que “confiaba en la (su) Justicia”, Rouco certificaba que los hechos probados en esa discutible sentencia “eran ciertos.” Sabía perfectamente que la sentencia sería declarada como él lo ordenaba: “Ahora, esperar a que sea firme”, afirmó impertérrito al final de la mencionada entrevista.

La asociación denunciante califica la actuación del presidente del TSJCLM como constitutiva de un delito de tráfico de influencias: Esa entrevista de Rouco tenía el objetivo clarísimo de presionar a los magistrados de la Audiencia de Toledo para que amañaran igualmente la sentencia de apelación, como ha ocurrido palmariamente”, afirma el portavoz de ACODAP.

El espinoso asunto ha dado sin embargo un giro sorprendente. La sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo acaba de revocar la sentencia del juzgado de lo Penal y ha absuelto al juez Presencia. Los magistrados que la firman son Juan Ramón Brigidano, Emilio Buceta, Urbano Suarez y Alejandro Familiar,que ahora son denunciados por ACODAP en base al incomprensible contenido de esta sentencia de apelación que han dictado. La asociación recalca en su escrito de denuncia “que sorprendentemente, y tal y como ya adelantaba Vicente Rouco, han mantenido todos los hechos probados de la sentencia que revocan, algo absolutamente ilegal porque lo que se quiere reflejar es que el ex juez decano de la Ciudad de la cerámica sigue siendo culpable, en opinión de los magistrados denunciados”. La denuncia considera la conducta de los magistrados de Toledo como constitutiva de un delito de prevaricación judicial.

Es menester  tener en cuenta que la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, dice que “se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena (entre ellas las sentencias absolutorias) se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley (mediante una sentencia condenatoria). Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable”.

Se da la agravante circunstancia de que el ponente de la contradictoria y extraña sentencia de apelación, el actual presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Juan Ramón Brigidano,fue en su momento denunciado por el propio Fernando Presencia por estar implicado en actos de corrupción. La denuncia fue inadmitida a trámite con la excusa de que no se había formalizado mediante querella. 

Intentamos seguidamente desmadejar unos hechos y antecedentes que son algo enrevesados. Se remontan al año 2.013, cuando todavía era presidente de esa Audiencia Provincial el ya jubilado Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, íntimo amigo de la que en esa época era presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal, mientras que el actual presidente de la Audiencia de Toledo era en aquel entonces el juez de lo Mercantil de la misma circunscripción.

Ese año Brigidano, sorprendentemente, nombró 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo al director de la firma de abogados en la que se descubrió trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro, Tomás Gutiérrez Colino.

Los nombramientos fueron en los concursos de las diez empresas del grupo Ortiz Bravo “Cerámicas la Oliva” (Hermanos Ortiz Bravo, Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, Explotaciones de Canteras La Sagra, Nueva Cerámica Moderna, Ladrillería Técnica, Tejas Castilla-La Mancha, Tejas Árabes, Sopasa La Mancha, Centro Tecnológico de la Oliva y Auxiliar Industrial Ortiz Bravo). Sólo la matriz del grupo, Sopasa, propiedad de la familia Ortiz Bravo y participe en diversos fondos empresariales, tenía un pasivo en el año 2.011 de 30 millones de euros.

La sociedad de la familia Ortiz Bravo también gestionaba la residencia de mayores Virgen de la Oliva, siendo los auditores del conglomerado empresarial la firma Abaco Auditores, representada por el ex alcalde de Toledo, el economista y empresario Juan Ignacio De Mesa, dueño de la conocida “Repostería Santo Tomé”.

Se da la circunstancia de que De Mesa formaba parte, junto con el también empresario fundador de la conocida marca “Joma”, Fructuoso López Gómez, de los Consejos Territoriales constituidos por Liberbank en Castilla-La Mancha, entidad que mantuvo contratos de «asesoramiento verbal» con el marido de Cospedal que fueron investigados por la Audiencia Nacional.

En este punto, según la denuncia de Presencia, es donde entra en escena el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que figuraba como deudor del concurso de uno de sus proveedores. Se trataba de “ELECTRICIDAD GODOY S.A.”, que fue declarada en Concurso de Acreedores Publicado en el «BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2013, por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo.

Es sabido que el fiscal Ángel Demetrio y su mujer, María García García, construyeron su chalet ilegal gracias a los sobornos, ofrecidos o exigidos. La lista del activo pendiente de cobro de ese concurso era la prueba definitiva de esos impagos. En ella figuraba el “importe no abonado” (facturas por cobrar por cuantía superior a los 100.000 €) de los trabajos de electricidad y fontanería que se llevaron a cabo por la concursada, que representaban 1/6 de lo que costó construir el chalet (se calcula que unos 600.000 € incluyendo la parcela) que nunca se pagaron. Sorprendentemente, esa deuda a favor del concurso fue condonada por Brigidano. ¿La razón? Ángel Demetrio era conocedor de los manejos del presidente de la Audiencia y el juez de lo Mercantil, y les chantajeó.

El fiscal supo que los nombramientos a favor del despacho en el que trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro obedecían a un soborno. Brigidano pretendía desde hacía tiempo la presidencia de la Audiencia Provincial, y el entonces presidente le prometió no presentarse a la reelección si aquél accedía a los nombramientos que se sabía que eran ilegales a favor de un hombre de paja llamado Luis Gómez De las Heras Martín-Maestro, el dueño del despacho donde trabajaba su hijo.

Para que “el pago” del amaño no se notara demasiado se presentaron los dos magistrados a la elección con la intención de que Gutiérrez renunciara una vez en marcha el proceso, dejando solo al juez de lo Mercantil que de este modo se convertiría en el nuevo presidente. Sin embargo algo falló, Sanchez-Caro sintió miedo y no renunció, resultando reelegido. Por eso Brigidano tuvo que esperar varios años aguardando a que el ingrato se jubilara.

El mismo día en que el flamante nuevo presidente ocupaba su sillón en la Audiencia Provincial de Toledo, un mes después de la entrevista de “La Cerca”, él y Rouco decidieron echar la culpa de absolutamente todo al anterior presidente. Acusaron al ya jubilado Gutiérrez Sánchez-Caro de estar diametralmente separado de «la transparencia y la modernidad de la Justicia», de una Justicia «más amable, más cercana y accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación».

“No creo que haga falta añadir nada más, ¿no creen?”, espetó Rouco ante los medios de comunicación para disfrutar ensañándose con el jubilado. Como podrá entenderse, la opinión del ahora denunciado cayó como un mazazo sobre la cabeza del recién retirado, que dejaba ya de participar en la organización criminal.

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