Reclaman al Gobierno español un compromiso firme frente a la deforestación importada

200 organizaciones, entre ellas Greenpeace, sostienen que, en el próximo Consejo de Medio Ambiente de la UE del 17 de marzo, España deberá desempeñar un papel fundamental en la mejora de la propuesta del reglamento para luchar contra la deforestación importada. Mientras las negociaciones del reglamento entran en una fase crítica en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, aumenta la presión de la industria

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La UE es el segundo mayor responsable mundial de la deforestación tropical debido a sus importaciones de productos agrícolas y ganaderos, como el aceite de palma y la soja. En el caso de España, “el compromiso del Gobierno en la lucha contra la deforestación importada aún no está suficientemente claro, pese a que España es el tercer país europeo con mayor responsabilidad en este grave problema”, han manifestado Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, Mighty Earth, SEO/BirdLife, WWF y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, las organizaciones que están coordinando el trabajo de la sociedad civil sobre esta normativa en España.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han recibido ya un documento que define el posicionamiento de la sociedad civil sobre la propuesta del reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada. La petición formulada al Gobierno español es que «se comprometa a solventar las carencias del reglamento en las negociaciones del Consejo de la UE». 

Según las organizaciones firmantes, el documento expresa «su valoración positiva de la propuesta de la Comisión Europea contra la deforestación importada. De tal forma, la califica como un avance fundamental en materia de gobernanza ambiental a nivel mundial y una gran oportunidad para poner fin a la huella negativa de la economía de la UE en las personas y en el planeta, así como para cumplir con sus compromisos relativos al clima, la biodiversidad y los derechos humanos».

Conocer el origen de las materias primas

La propuesta obliga a las empresas que vendan determinadas materias primas en el mercado de la UE a rastrear su origen y demostrar que estas no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques, ni a violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, «el borrador tiene relevantes deficiencias que debilitan sustancial e innecesariamente su impacto real», dicen. Dichas deficiencias se podrían resolver si el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE tuvieran «la voluntad necesaria para mejorarla, eliminando ciertas ambigüedades y reforzando determinados elementos esenciales de la propuesta».

Nuevos ecosistemas

La declaración entregada a Ribera y Planas propone que «la normativa incluya ecosistemas distintos de los bosques, como las sabanas y los humedales, que están siendo destruidos para abastecer a las industrias de la UE de materias primas y que son de gran importancia para la acción climática y la biodiversidad». 

Por otro lado, sugiere incluir en el texto legal una serie de productos y materias primas relacionados que también causan deforestación como, por ejemplo, el caucho, la viscosa, la caña de azúcar y el maíz. 

Asimismo, consideran que el reglamento debe obligar a las empresas que cumplan con todos los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y  los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, «que ahora sufren la violación de sus derechos por la industria que comercializa materias primas y productos en España». 

La banca española en el ranking de la deforestación

Por ello, interpelan al Gobierno para que aborde el impacto de las inversiones del sector financiero europeo en la deforestación y degradación de los ecosistemas, considerando que «la banca española se sitúa en cuarta posición de haber financiado actividades agroindustriales asociadas a la deforestación».

Como ejemplo, a lo largo de los últimos 10 años, el Banco Santander ha financiado proyectos de deforestación en Brasil por importe de 8.400 millones de euros.

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