El “caso Monasterio” va camino de convertirse en un auténtico terremoto interno para el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En las últimas horas, la organización colegial ha emitido un comunicado en el que anuncia que procede a renovar su Junta de Gobierno tras la “dimisión de la secretaria y de dos vocales en la mañana del viernes, 27 de febrero, de conformidad con los estatutos”. Según la institución colegial, “la Junta de Gobierno quiere expresar públicamente el agradecimiento por el trabajo realizado a los miembros salientes, a la vez que envía un mensaje de tranquilidad a los colegiados y trabajadores del COAM, manifestando el compromiso con la institución y la intención de seguir cumpliendo con el mandato que les dieron los colegiados en las elecciones de mayo de 2019, aplicando el programa electoral con el que se presentaron y cuyo objetivo es el de modernizar el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para llevar a la institución y a la profesión al siglo XXI”.

Se trata de una nota formal y en tono institucional que no puede ocultar el auténtico motivo de la crisis: la nefasta gestión que la organización ha hecho en los últimos días del “caso Monasterio” a raíz de las informaciones publicadas por el diario El País que apuntan a que, entre los años 2002 y 2009, la líder de Vox en la comunidad madrileña certificó proyectos de obra sin tener la titulación de arquitecta. Según estas noticias, Rocío Monasterio “firmó planos y se presentó como arquitecta ante clientes y en artículos de prensa. En realidad no completó la carrera hasta octubre de 2009. Se colegió el 21 de diciembre de ese año”.

Las dimisiones no se han hecho esperar. Mientras el COAM reconoce tres deserciones, El País asegura que al menos siete de los 14 miembros de la Junta de Gobierno han cesado este mismo viernes. Además, según el rotativo madrileño, los arquitectos de los grupos de oposición están promoviendo una moción de censura contra la decana, Belén Hermida, “indignados por polémicas decisiones de ordenación interna, despidos y su respuesta lenta y débil al caso Monasterio”.

Las dimisiones en bloque se producen apenas 24 horas después de que el COAM decidiera archivar la denuncia por “intrusismo profesional” contra Rocío Monasterio, alegando que la líder de Vox no puede ser investigada porque cuando cometió las presuntas infracciones a los estatutos no figuraba como colegiada. La versión oficial de la Comisión de Deontología es que Monasterio realizó “actos ejecutados precisamente por quien no ostentaba la condición de arquitecto colegiado en el momento de su comisión, por lo que la competencia para su conocimiento queda extramuros de las competencias de esta comisión”. Y se apoya en dos artículos de la ley de colegios profesionales de 1974 y del real decreto de 2002 que supuestamente prohíben las sanciones a personas no colegiadas y limitan la responsabilidad a “acciones y omisiones de los arquitectos”. Además, el COAM alega que la denuncia contra Rocío Monasterio tampoco tiene recorrido, ya que los hechos ocurrieron hace más de una década y habrían prescrito, tanto en la vía disciplinaria como en la penal.

En cualquier caso, el argumento jurídico dado por el equipo directivo ha generado estupor y sorpresa entre los profesionales de la arquitectura de Madrid. En líneas generales, la decisión no ha gustado a un amplio sector de los asociados, ya que supone dar vía libre a quienes ejercen la profesión sin título. Sin duda, las actividades de Monasterio han abierto una profunda brecha en una organización, el Colegio de Arquitectos, que siempre se había caracterizado por la discreción y el trabajo al margen de los focos mediáticos.

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