El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un veredicto que, bajo un aparente aval a las tesis del juez Pablo Llarena, esconde una bomba de relojería para el sistema judicial español. En efecto, el TJUE afirma que Bélgica no puede negar una extradición, así como así, puesto que de entrada en la UE tiene que regir el principio de confianza entre países miembros, pero introduce una serie de excepciones que ofrecen una vía de defensa en los exiliados. Según la justicia europea, Bélgica puede negarse a ejecutar una orden si acredita de forma “precisa” que hay riesgo de vulneración de derechos fundamentales por una deficiencia “generalizada” del sistema judicial o bien si se demuestra que la persona que se reclama pertenece a “un grupo objetivamente identificable” sin garantía de tutela judicial efectiva en España.
Este es el nuevo terreno de batalla judicial en que se situará el pulso entre España y Bélgica por la extradición del expresidente Carles Puigdemont y el resto de exiliados que son en territorio belga, porque, a pesar de que la decisión se refiere al caso concreto del ex consejero Lluís Puig, se trata de una doctrina general. El objetivo del equipo legal que encabeza Gonzalo Boye es demostrar que en el caso de los independentistas catalanes (un “grupo objetivamente identificable”), la justicia española ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho al juez predeterminado por ley. Recordamos que en el caso de Puig la euroorden se denegó, porque los jueces belgas consideraron que el órgano competente para pedirla no era el Tribunal Supremo sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Después de la sentencia del TJUE, Puigdemont, Comín, Ponsatí y Puig se sienten mucho más seguros que no serán extraditados en España por más euroórdenes que curse el juez Llarena, y la razón principal (no la única, pero principal) es esta expresión que a partir de hoy resonará especialmente entre las paredes del Tribunal Supremo a Madrid: “Grupo objetivamente identificable”.
Fue con este hashtag que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas se refirió a la posición de los políticos independentistas catalanes encausados en España, es decir, como un grupo que es perseguido por razón de su ideología independentista. Con esta afirmación en la mano, Bélgica tiene bastante de recordar que la existencia de un grupo que no tiene respetado el principio de un juicio justo por razón de su ideología es, en ella misma, una deficiencia sistémica del sistema judicial español.
Es importante insistir en este punto: el dictamen que en su día elaboró el grupo de trabajo de la ONU no solo es un supuesto teórico donde los defensores de los exiliados pueden cogerse, sino que ya sirve para acreditar la existencia en España de un grupo objetivamente identificable. Naturalmente, estamos hablando de derecho, que es una materia sumamente interpretable, y estamos hablando de la gran batalla judicial internacional que el estado español está librando al coro de la UE con todas las armas.
Por eso, el final de esta batalla no está escrito. Por ejemplo, una cosa es que Llarena no consiga extraditar los exiliados y otra que estos puedan volver a Cataluña sin riesgo de ser molestados. Pero los abogados de los exiliados en Bruselas afirman que los tribunales belgas se sentirán reivindicados en las posiciones que han estado manteniendo hasta ahora si viene otra euroorden.
Vean las declaraciones hechas por Carles Puigdemont, con el resto de implicados y lo aboga Gonzalo Boye, en la salida de la Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Luxemburgo.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, y el independentismo en general valoraron positivamente ayer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Puigdemont consideró que “deja las extradiciones en vía muerta” y “pone unas condiciones a las nuevas euroórdenes que, en la práctica, las hace inviables”.
Aun así, la Moncloa tiene una opinión totalmente opuesta. La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, consideró que la decisión del TJUE “facilitará” la extradición de Puigdemont para que “pueda rendir cuentas” ante la justicia española. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Rodríguez también recordó que el gobierno español siempre ha defendido que el expresidente de la Generalitat vuelva y comparezca ante la justicia española. Fuentes del ejecutivo, además, cargaron contra la posición de la defensa de los eurodiputados de Juntos: encuentran “ridículo” que valoren la sentencia como una victoria.
Otros abogados de los exiliados creen que la sentencia es un filón clave para defenderse. De hecho, es uno de los argumentos que habían alegado los abogados Benet Salellas i Andreu Van den Eynde -también personados en la causa- ante Luxemburgo en la hora de justificar que hay un riesgo de vulneración de derechos en el caso del procesamiento de los independentistas en España. Y desde el bufete de Gonzalo Boye ya apuntan que se cogerán a esta vía.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Es normal que las dos partes en litigio estén satisfechas, ante la sentencia? El TJUE dice que se tienen que aceptar las euroórdenes entre los países de la UE, pero sí de entrada incluye una serie de condiciones será por alguna razón de peso. ¿No lo creen ustedes así?
