En la mañana de ayer, miércoles, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios en los que se encuentran cumpliendo condena los presos políticos, establecieron la clasificación en segundo grado para ellos. La decisión no se tomó por unanimidad, puesto que se presentan dudas entre la aplicación del segundo o tercer grado, diferencia que abordamos también en este diario.

Las reacciones por parte de los abogados defensores no se hicieron esperar, y no van todas en la misma línea.

Van den Eynde: «recurrir el segundo grado sin la certeza de ganar el recurso, es un suicidio»

Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva considera que el segundo grado establecido era previsible, y que no se había planteado una alternativa a esta situación. Hace referencia a la condena de 13 y 12 años de prisión que se ha impuesto a sus defendidos, y señala que nunca antes se había planteado un régimen de semilibertad para presos con condenas de este tipo. El letrado no se encarga de llevar a cabo los posibles recursos en materia penitenciaria, puesto que él es quien trabaja el recurso a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que se presentará en instancias internacionales. Precisamente es la abogada Marisa Díaz quien lleva a cabo todo lo relativo a la situación penitenciaria. Al respecto de poder recurrir la decisión del segundo grado, esta cuestión le plantea dudas, según informa El Nacional, puesto que presentar un recurso sin tener la certeza de que se va a ganar no tendría mucho sentido. Señalan que presentarlo podría suponer, de no ganarlo, que se cierre la puerta para los próximos 3 años.

Consideran que presentar el recurso sin la certeza de ganarlo «sería un suicidio». Precisamente si recurrieran y el juez de vigilancia penitenciaria no estuviera de acuerdo con reconocer su reclamación fallando positivamente, la siguiente instancia para resolver sobre el tema sería el Tribunal Supremo, y es fácil adivinar lo que estimarían allí a tenor de la sentencia dictada.

Considera Van den Eynde que el segundo grado ha sido una victoria frente a la Fiscalía, concretamente al fiscal Zaragoza, puesto que éste probablemente estaría esperando que se aplicase un tercer grado para así poder cargar contra la competencia en materia penitenciaria que tiene atribuida la Generalitat de Cataluña, y se abriría una nueva batalla ante las acusaciones, casi seguras, de prevaricación por parte de la administración catalana. Y eso es algo, que según Van den Eynde, se ha evitado con este segundo grado.

Jordi Pina: «Estamos ante un tercer grado de manual»

El abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull ha valorado la decisión de las Juntas de Tratamiento. «Como abogado de Turull, Rull y Sánchez, vemos las cosas de otra manera (refiriéndose al punto de vista anteriormente expuesto), nos reiteramos en el comunicado de ayer con el convencimiento de que el grado penitenciario que correspondería para todos los presos políticos tiene que ser la calificación en tercer grado». Considera el abogado que este caso es «de manual» porque «el pronóstico de reinserción personal y laboral es indiscutible» y espera que el Departamento de Justicia (que está en manos de ERC, con la Consellera Esther Capella al frente), acabe dictando un tercer grado, implicando un régimen abierto durante el día y tener que pernoctar en el centro penitenciario, contando con más permisos de salida que en el segundo grado.

Precisamente Pina considera que la evidencia de que es un tema, al menos discutible, se encuentra en la falta de unanimidad de las Juntas de Tratamiento. Entiende que se da una circunstancia para el tercer grado «de manual», porque «no han sido condenados por ningún delito violento, no hay responsabilidades civiles para sufragar nada, y no hay posibilidad de reiteración delictiva (porque están inhabilitados)». Además, ha puesto de manifiesto lo que dice la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando se refiere a la no aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, impidiendo que tengan beneficios penitenciarios.

También considera Pina que hay que tener en cuenta los dictámenes emitidos por distintos organismos internacionales a la hora de considerar la aplicación del tercer grado.

Ha hecho hincapié el letrado en el hecho de que no se está pidiendo que no cumplan la condena, sino que hay que contextualizar la situación: sobre todo el hecho de que ya llevan dos años en prisión preventiva, «lo que agrava todavía más la situación».

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