Pamplona la manada violacion a una chica de 18 anos

Los cinco magistrados de la sección penal número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido reabrir la investigación contra las dos detectives contratadas por uno de los cinco violadores de La Manada para espiar la vida privada de su víctima poco después de la agresión sexual en grupo cometida en los Sanfermines de 2016 contra la joven que entonces tenía 18 años de edad.

El movimiento feminista en general rechazó de forma clamorosa en las redes sociales el reciente archivo judicial de la denuncia interpuesta por la víctima de la violación por no apreciar delito. La defensa de la denunciante anunció que recurriría la decisión judicial del titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, Enrique de la Hoz, de archivar la causa. Ahora es la Audiencia Provincial la que aprecia un posible delito, según ha adelantado El Periódico de Catalunya.

La decisión de volver a investigar a las dos detectives de la empresa sevillana Cassol, contratadas por Alfonso Cabezuelo, el ex militar condenado por el Tribunal Supremo por agresión sexual múltiple a 15 años de prisión junto a sus cuatro amigos, se debe, según el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, a que las dos investigadoras privadas “no solo accedieron a la identidad y domicilio de la víctima, que debía de estar protegido por el secreto sumarial, sino que en el curso de la investigación accedieron a chats privados de esta, y en la piscina de su domicilio, sin el consentimiento debido, tomaron instantáneas de la misma”.

La Fiscalía, a favor del sobreseimiento

Hace sólo unas semanas, el Juzgado de Instrucción 40 de Madrid decretó el sobreseimiento provisional de la causa tras el informe presentado previamente por la Fiscalía de Madrid. El informe que elaboraron las detectives fue incorporado a la causa por uno de los abogados de La Manada aunque finalmente fue excluida del procedimiento. La Audiencia Provincia de Madrid cree ahora que, para ese momento, la víctima había sufrido ya una “victimización secundaria o reiterada, según consta en el auto de la Audiencia de Madrid, que estima que “la víctima debería de haber estado protegida en su intimidad y dignidad, durante la sustentación del proceso, y por quienes tienen la obligación legal de garantizar esa protección. Esa responsabilidad puede alcanzar también a quien teniendo conocimiento de las informaciones existentes en el expediente procesal, hacen un uso ilegítimo de las mismas, para atentar contra los bienes personalísimos de esta”.

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