Los países evolucionan con el paso de los tiempos y sus leyes deben adecuarse a los nuevos tiempos porque esos cambios afectan directamente a la vida de los ciudadanos que se rigen por aquéllas en cualquier Estado de Derecho. España no es una excepción a este hecho y ha cambiado mucho desde los años de la Transición. Las necesidades de los españoles eran otras y las leyes eran otras. Sin embargo, en España cuesta mucho hacer cambios legislativos de calado y, cuando se hacen, suele ser porque vienen impuestos por instituciones externas.
Fue en el año 1978 cuando la Constitución Española fue aprobada, tras las duras negociaciones de aquellos que recibieron la tarea de su redacción, los que hoy llamamos «Padres de la Constitución», y, como todo lo que se aprobó en aquella época el trabajo se quedó a mitad del camino. La amenaza de los cuarteles si el proceso de descentralización del Estado se cerraba en un modelo federalista hizo que no se fuera más allá de las Comunidades Autónomas. Las presiones de la Iglesia Católica, que en aquellos años tenía mucho poder, hicieron que no se avanzara hacia la laicidad y nos quedamos en la figura de la aconfesionalidad. En artículos anteriores ya hablamos del sistema electoral y de los motivos por los que no se fue más allá. Lo mismo en lo referido a la Jefatura del Estado. España ya es un país donde la democracia ha madurado, donde no hay amenazas desde los cuarteles, donde la Iglesia apenas tiene peso y donde no hay aparatos pro-fascistas con poder. Es el momento de que se inicie un proceso constituyente para reformar nuestra Carta Magna y adecuarla a los tiempos que corren, porque, y esto es importante, dejar sin renovar la Constitución provoca que muchos ciudadanos tengan la sensación de que nuestra democracia está incompleta, que no es una democracia real.
dejar sin renovar la Constitución provoca que muchos ciudadanos tengan la sensación de que nuestra democracia no es una democracia real
En los últimos años hemos visto cómo la sociedad cambia casi minuto a minuto, avanza a una velocidad de crucero. Todo va muy deprisa y en multitud de ocasiones comprobamos como la política se queda atrás, cómo no sigue el ritmo de los cambios que se producen. A la democracia le ocurre lo mismo. Si esto se produce en pocos años, imaginemos lo que ha cambiado nuestro mundo desde el año 1978.
En aquellos años en los que los españoles aún nos estábamos despertando del mal sueño de la dictadura franquista, sólo existía un tipo de familia, la que se conformaba a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, mujer que apenas se había incorporado al mercado laboral, ya que sólo un 27,5% trabajaba, una cifra muy baja si la comparamos con el más de 60% que actualmente lo hace fuera del hogar. La mujer tenía el trabajo en su casa, lo que se denominaba «sus labores», y el cuidado de los hijos. En este aspecto cada mujer tenía una media de tres hijos, mientras que en la actualidad apenas supera el hijo único. No se tenían reconocidos los derechos al aborto o no estaba aprobado el divorcio. Por supuesto, ni se planteaban las familias monoparentales o cónyuges del mismo sexo. En aquellos años las mujeres que tenían hijos sin estar casadas estaban estigmatizadas hasta tal punto que les robaban a sus bebés en los hospitales para venderlos a familias acomodadas que no tenían la posibilidad de tener descendencia.
Las relaciones laborales eran muy diferentes a las actuales. Se acababan de firmar los Pactos de la Moncloa y el mundo del trabajo estaba cambiando. En los primeros años de la Transición se podía comprobar que el nivel de incremento salarial estaba por encima del 15%, incluso en tiempos en los que la crisis del 73 aún tenía efectos sobre España, dado que, mientras que el resto de países occidentales habían rebajado el volumen de consumo de energía, la España tardofranquista aumentaba dicho consumo utilizando las reservas de oro del Banco de España para que los precios de los carburantes en la calle no reflejaran el precio real de los hidrocarburos. En 1978 el Salario Mínimo subió un 7,7%, lo que supuso una gran polémica. Los trabajadores recurrían a la huelga para lograr sus derechos laborales, para que sus salarios fueran dignos, para frenar a una clase empresarial que aún seguía manteniendo los modos autoritarios propios del siglo XIX y que el franquismo les blindó con la estructura del Sindicato Vertical. Los sindicatos tenían mucha fuerza, a pesar de que la afiliación sindical era pequeña, y movilizaban a la clase trabajadora. La tasa de desempleo era del 7,6%, lo que se veía como una catástrofe.
Los trabajadores recurrían a la huelga para lograr sus derechos laborales
En 1978 aún existían bolsas de analfabetismo, con una tasa del 17% de la población que no sabían ni leer ni escribir. La educación pública no estaba reconocida como un derecho y la estructura educativa no llegaba a toda la población, sobre todo en el mundo rural. Por otro lado, la educación superior y universitaria suponía a las familias un desembolso que en muchos casos no se podía asumir. Este dato lo vemos en dos factores. El primero, en el orgullo familiar que suponía que alguno de sus hijos lograra el título de Bachiller. El segundo, en la tasa de universitarios. En la España de 1978 sólo medio millón de jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años cursaban estudios universitarios, un 10,6% del total. Sólo estudiaban en la universidad aquellos que se lo podían permitir, ya que no había apenas ayudas o becas estudiantiles. Si un joven español quería cursar estudios universitarios y no residía en la localidad donde se encontraba su facultad tenía un gasto enorme puesto que debía pagarse alojamiento o transporte privado, dado que aún no existían las redes de transporte público que existen actualmente. Este hecho alejaba a los hijos de las clases trabajadoras de fuera de las zonas urbanas de la educación universitaria.
En la España de 1978 se estaba sufriendo una actividad terrorista muy elevada. Existían varios grupos que asesinaban basándose en supuestas reivindicaciones políticas. La más activa era ETA. Sin embargo, había otras como GRAPO y FRAP que también asesinaban y secuestraban. Por otro lado, existían otras organizaciones que defendían la lucha armada pero que apenas tenían actividad. Estas organizaciones terroristas nacieron durante el franquismo como respuesta a la represión de la dictadura. Sin embargo, una vez lograda la implantación del sistema democrático continuaron con sus asesinatos, sus secuestros, su extorsión. ETA actuó hasta el año 2.011 con un rastro de muerte que podemos ver en el siguiente cuadro:
Esta actividad terrorista condicionaba también a la actividad política de aquellos años. En principio los principales objetivos de estas bandas se hallaban en los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, en cualquiera de sus escalas, aunque la gran mayoría de las víctimas pertenecían a las estructuras más bajas, aunque también fueron asesinados oficiales tanto del Ejército como de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En estos años los políticos no eran un objetivo principal, aunque también fueron víctimas de la actividad terrorista, lo mismo que los miembros del Poder Judicial. A medida que avanzaba la democracia se hacía más evidente que estas organizaciones terroristas no tenían cabida dentro de la sociedad española. Otras fuerzas en Europa con mayor actividad que las españolas fueron entregando las armas para trasladar su lucha y sus reivindicaciones al plano democrático. El caso más significativo lo tenemos en Irlanda del Norte, con la disolución del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y su entrada en el arco político por medio del partido de Gerry Adams, el Sinn Féin. En España el proceso de desarme está tardando más de lo deseado. En el caso de ETA, la izquierda abertzale entró en política a través de formaciones como Herri Batasuna. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Irlanda del Norte, la formación independentista seguía apoyada por la actividad armada, lo que llevó a continuas ilegalizaciones que venían acompañadas de refundaciones.
A medida que avanzaba la democracia se hacía más evidente que estas organizaciones terroristas no tenían cabida dentro de la sociedad española
A nivel político, en la España de 1978 aún existía un consenso entre las fuerzas políticas, un consenso propiciado por la voluntad de establecer de manera definitiva el sistema democrático que los españoles quisieron adoptar tras el referéndum de diciembre de 1976. Había un gobierno de centro-derecha que, a pesar de estar formado por hombres que provenían de Régimen franquista, tenía un espíritu negociador con el resto de fuerzas de la oposición con el fin de finalizar con la función que el propio Jefe del Estado les asignó: la creación y asentamiento del sistema democrático en España. La clase política tenía una alta valoración entre la ciudadanía porque las cabezas visibles se veían como los paladines que iban a luchar por las verdaderas necesidades del pueblo. Por otro lado se encontraban los nostálgicos del franquismo.
La clase política tenía una alta valoración entre la ciudadanía
A pesar de que habían perdido toda la representación en las Cortes, ya que en las Elecciones Generales de junio de 1977 los españoles decidieron que los partidos que se integraban en el Movimiento Nacional ya no fueran sus representantes. Sólo quedaba el residuo de la Alianza Popular de Manuel Fraga, donde se integraban antiguos ministros de Franco e, incluso, ex Presidentes de Gobierno. A estos partidos y a estos líderes se les había encomendado una misión: apuntalar el sistema democrático en la Constitución, una Carta Magna que fuera aprobada gracias al consenso y el acuerdo de todos y no por la imposición de quien ostentara el Gobierno como había ocurrido en pasados episodios de la Historia de España. Y así lo hicieron, redactando un texto constitucional inocuo, dejando muchos aspectos fundamentales a medio aplicar por la situación sociopolítica de la época.
La sociedad ha cambiado. Los españoles tienen otras necesidades muy diferentes de las que tenían en el año 1978. Han pasado más de 35 años y los ciudadanos precisan de una reforma en firme de la Constitución, ya que la no modificación de la misma lleva a un estancamiento o a una regresión del propio sistema democrático. Lo que aprobó en 1978 se ha quedado obsoleto y esa obsolescencia provoca que sean muchos los ciudadanos que se sienten desamparados por su propia Constitución. La falta de modificaciones o de reformas profundas durante estos 35 años ha inducido al propio sistema a un agotamiento total del mismo. La democracia española se alcanzó a través de un sistema modélico, pacífico y que ha sido ponderado por muchos otros países que han precisado de una transición desde un régimen totalitario. Sin embargo, no se ha reformado con el paso de los años.
