Los proxenetas y tratantes de mujeres, en muchos casos de menores, denunciados por la periodista mexicana Lydia Cacho en su libro Esclavas del poder van cayendo poco a poco. A causa de este libro, y otros, fue secuestrada y torturada porque denunció una red organizada de pornografía y pedofilia infantil. Entre los principales responsables de estos delitos estaban el ex gobernador del estado central de Puebla Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif Borge y Juan Nakad Sánchez, así como el ex jefe de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán, maltratadores y torturadores que son perseguidos por Interpol.
Otro de los proxenetas denunciado por Lydia Cacho fue Raúl Martins, un ex espía argentino que regenta una red de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún, lugar donde reside en la actualidad. Según fuentes consultadas por Diario16, Martins podría mantener, además, relaciones de amistad con importantes empresarios españoles que tienen fijada su residencia en Cancún.
La Fundación Alameda denunció a Martins ante la Justicia argentina y el pasado día 13 de mayo emitió un comunicado en el que confirmaba la detención de aquél por proxenetismo y trata.
Por otro lado, según informa el diario Clarín, un juez federal argentino ha abierto causa oral contra Mariano Julio Augusto Martíns, hijo de Raúl, bajo la acusación de blanquear dinero de la prostitución y la trata, es decir, que estaba actuando de testaferro de su padre, quien, a través de una declaración por videoconferencia —dado que actualmente reside en España— afirmó que era inocente y que no participó en ningún momento en los manejos de su padre una vez que conoció a qué se dedicaba realmente.
Lo que realmente demuestra la caída de Raúl Martins es la rigurosidad de las investigaciones de una gran periodista como Lydia Cacho quien, por destapar estas redes de proxenetismo y trata de mujeres, tuvo que sufrir el secuestro, la violencia y la tortura, hecho por el que tuvo que intervenir hasta la ONU para que se le restituyera su honor y el gobierno mexicano tuviera que pedir una disculpa oficial. La Justicia sólo se puede ejercitar cuando hay interés real en impartirla.
