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Rato, de nuevo al banquillo

Abierto juicio oral contra el ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y otras doce personas por delito de corrupción por Bankia

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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El ex presidente del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, volverá al banquillo desde prisión. Comienza así la primera

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha abierto juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otras doce personas por presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de las empresas Publicis y Zenith con Bankia, en la que será la primera pieza del conocido como caso Rato que será enjuiciada.

Además, se requiere a los 13 procesados para que cada uno preste fianza de responsabilidad civil por importe de 4.522.154 euros (58,7 millones en total). En caso de que no se abonara, el Juzgado les advierte de que procederá al embargo de sus bienes hasta completar la cantidad reclamada.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para el ex director gerente del FMI y multa de 2,5 millones de euros por haber decidido «sacar provecho económico» para favorecer a Zenith y Publicis a cambio de comisiones por importe de dos millones de euros.

De esta cantidad, según la Fiscalía, Rato había percibido 835.024 euros a través de Kradonara 2001, considerada epicentro de su entramado societario, «con desprecio al principio de lealtad al que le obligaba su cargo».

Para ello, continúa el escrito de acusación, se sirvió de «tres personas con quienes mantenía desde hacía años vínculos personales y profesionales»: su secretaria personal, María Teresa Arellano Carpintero; uno de sus presuntos testaferros, Miguel Ángel Montero Quevedo; y el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, para los que el Ministerio Público pide tres años de prisión.

Alberto Portuondo

Éstos, junto a otro de los supuestos hombres del exministro, Alberto Portuondo Coll, permitieron construir un auténtico «grupo de presión» dentro del departamento encargado de la contratación de las campañas.

Anticorrupción otorga un papel primordial en los hechos a Portuondo, para el que reclama idéntica condena que a Rato por contactar «a mediados de 2010» con los representantes de Zenith y Publicis para que ambas empresas «accedieran en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad de que iban a orquestar».

Fue de este modo como conoció a Francisco Xabier Olazabal Puig, Miguel Ángel Furones Fere, Sagrario Bua Rojas y Fabrizio Bini, directivos de Publicis en aquellas fechas, así como a Sergio Lorca Fernández, Fernando Rodríguez Varona y María Cándida Rodríguez, que también se sentarán en el banquillo y que se enfrentan a tres años de cárcel.

Cantidades «injustificadas»

Todos ellos, «sabedores de las ‘ventajas’ que el pago de comisiones iba a generar para su empresa», aceptaron la propuesta de Portuondo, al que pagaron «cantidades completamente injustificadas y que respondían en realidad a un ‘peaje'».

El 1 de febrero de 2011, Publicis firmó el contrato de publicidad con Bankia, en tanto que justo un mes más tarde Zenith hizo lo propio con la matriz, BFA, a pesar de que había «opciones más favorables económicamente», y «de espaldas» al Consejo de Administración.

Importante también, concluye la Fiscalía, fue la labor del abogado Domingo Plazas Ruiz, para el que solicita tres años de cárcel por tratar de dar «apariencia de legalidad a los pagos de las comisiones».

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