Rapapolvo del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su comparecencia este lunes en el Congreso de los Diputados tras desgranar,   ante los diputados y senadores que conforman la Comisión,  los principales datos estadísticos y actuaciones de la Institución a lo largo de estos dos años. Entre otros asuntos, Marugán solicita  mejoras en las herramientas de detección del riesgo de las víctimas de violencia de género y la necesidad de establecer un sistema estatal integrado de rentas mínimas.

Según ha explicado, en 2018 se realizaron un total de 17.697 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra se incrementó un 16,5% en 2019, hasta alcanzar los 20.616 expedientes.

Por lo que respecta a las resoluciones dictadas por la Institución (recomendaciones, sugerencias y advertencias de deberes legales), se elevaron a 1.152 en 2018 y a 1.551 en 2019, lo que supone un incremento del 34,63%.

Violencia de género

Durante su intervención, Fernandez Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y ha condenado el último asesinato de una mujer y sus dos hijos en Úbeda (Jaén).

El Defensor ha asegurado que “las quejas recibidas siguen poniendo de manifiesto la escasez de recursos, la poca formación especializada y la falta de instrumentos de coordinación entre los distintos niveles territoriales de intervención integral”. En este sentido, ha apuntado que la Institución ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases de atención a la víctima: desde la emergencia inicial, hasta la integración social y ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos.

Fernández Marugán ha pedido que se mejoren las herramientas de detección del riesgo y la coordinación con los servicios sociales. También ha abogado por simplificar aún más los procedimientos y aumentar la coordinación con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo para mejorar el acceso a los recursos y el tratamiento integral.

 “Tenemos que trabajar todos mucho más para que las víctimas dejen de sentirse cuestionadas y perdidas en los procedimientos administrativos y judiciales”, ha concluido.

Rentas mínimas

Fernández Marugán ha defendido la necesidad de establecer un sistema estatal integrado de rentas mínimas, una posición que lleva tiempo defendiendo.

Esta postura fue ratificada en el informe Anual 2019, donde el Defensor del Pueblo aboga por  establecer y regular por ley dicho sistema en una prestación no contributiva en el Sistema de Seguridad Social.

Tal y como ha explicado a los diputados y senadores de la Comisión, en España la última red de garantía de ingresos está formada por prestaciones específicas a cargo de la Administración central, a la que se añaden otras más generales provenientes de las comunidades autónomas.

“LA CAÍDA DE LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS HA PROVOCADO CARENCIAS”

Estas últimas prestaciones son residuales e inferiores a las de otros países de nuestro entorno, están muy fragmentadas, tienen poca cobertura, son muy heterogéneas en función del territorio y su periodo de pago es breve lo que lleva a que su capacidad para reducir la pobreza sea “escasa”, especialmente en el caso de los menores de edad y los jóvenes.

Estas carencias han llevado a que sea “imprescindible definir una garantía de renta homogénea para el conjunto de la población que limite la actual fragmentación.

Además, ha apuntado que la conveniencia de esta iniciativa se ha visto acentuada con la emergencia sanitaria, “ya que lo previsible es que haya que llevar a cabo una ampliación de la protección social a personas en situación de pobreza”.

Sanidad

A lo largo de su intervención, Fernández Marugán ha llamado de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica.

Según ha explicado, “aunque el Gasto Sanitario Público en Sanidad se ha recuperado en los últimos ejercicios, el número de beneficiarios también se ha elevado mucho y muy rápidamente, mientras que los recursos han avanzado con bastante más lentitud”. En esta línea, ha asegurado que “España gasta un punto menos en sanidad que la media de la UE, alrededor de 12.000 millones de euros menos”.

La caída en los presupuestos sanitarios ha provocado carencias, en opinión del Defensor, que tienen su reflejo en “listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas”.  Asimismo, Fernández Marugán, ha afirmado que “España tiene escasez de médicos en atención primaria, en sanidad rural y en especialidades y también escaso número de profesionales de enfermería, con una tendencia a utilizar crecientemente los contratos temporales y a tiempo parcial, lo que da lugar a una gran rotación de personal”.

El Defensor cree que estas carencias exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos y ha pedido “un gran acuerdo político y social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.

Por otra parte, Fernández Marugán también ha urgido a introducir un supuesto de exención del copago de medicamentos para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta. Además, y aunque ha valorado positivamente la reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que amplió la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular, ha recordado que sigue siendo necesario ampliar la cobertura a algunos colectivos vulnerables que aún están excluidos de la normativa.

Vivienda

Las dificultades para acceder a una vivienda, sobre todo para los más jóvenes, han sido ampliamente analizadas por el Defensor del Pueblo, que publicó el año pasado el documento “La vivienda protegida y el alquiler social en España”.

Una de las conclusiones de dicho estudio es que las políticas públicas tienen que ir dirigidas a hacer más soportable el coste de acceso a la vivienda, avanzando en un proceso de reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, y pese a los problemas con que se encuentran muchos ciudadanos para poder disfrutar de una vivienda digna, la realidad es que la construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado hasta el punto de haberse situado en mínimos históricos. A juicio de Fernández Marugán, “si no se produce un cambio profundo de la orientación de las políticas públicas en esta materia, la política de vivienda pública puede llegar a desaparecer”.

Para el Defensor, es imprescindible “aumentar el parque de vivienda social en alquiler y priorizar en el acceso a la vivienda a colectivos en riesgo, como son familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes”.

Al Defensor le preocupa especialmente la situación de los jóvenes menores de 35 años para quienes “el acceso a una vivienda se ha vuelto imposible”. En su opinión, los jóvenes soportan fuertes dosis de desigualdad y las dificultades que padecen muchos de ellos no solo tienen su origen en los bajos salarios o en las restrictivas condiciones laborales que experimentan, sino que también radica en el precio que han de pagar por el alquiler de la vivienda en la que viven.

El problema es que “existe una fuerte demanda de alquiler y no hay oferta suficiente para satisfacerla”, ha asegurado el Defensor. Por ello, y para incrementar dicha oferta, el Defensor cree necesario que las administraciones apuesten decididamente por la vivienda pública de alquiler y que apliquen soluciones de carácter técnico, como rehabilitar viviendas ya construidas para transformarlas en viviendas de alquiler social; flexibilizar la estricta normativa urbanística para el uso de muchos inmuebles inutilizados; e impulsar colaboraciones público-privada para desarrollar suelos urbanos.

Educación

Fernández Marugán ha reiterado la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación para disponer de un sistema educativo de calidad y estable. En este sentido, ha recordado que esto “no surge de un día para otro, necesita tiempo para implementarse y perfeccionarse”.

El Defensor también ha pedido un acceso real en igualdad de condiciones a la educación para todos los ciudadanos ya que, en su opinión, “es una herramienta que brinda a los seres humanos la oportunidad de acceder a un futuro mejor para sí mismos y también para su entorno social”. Así, ha insistido en que “un acceso libre y gratuito a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural”.

Para Fernández Marugán hay dos características fundamentales que debe tener un buen sistema educativo: “estabilidad para evaluar los resultados, corregir las deficiencias y optimizar los recursos y flexibilidad para adaptarse a las necesidades presentes y prever las futuras, ofreciendo enseñanzas y aprendizajes que capaciten al alumnado para actuar en el cambiante mundo en el que vivimos”.

Por otra parte, para que un sistema educativo sea adecuado, ha recordado que es necesario contar con una financiación adecuada y suficiente; disponer de un buen sistema de selección y formación del profesorado; promover la inclusión social para evitar un elevado índice de fracaso escolar y abandono escolar; facilitar la igualdad en las condiciones de partida según la situación económica de los alumnos; permitir una mayor implicación de las familias y establecer un buen sistema de becas.

Si se cumplen estos requisitos, Fernández Marugán considera que “se ayudará en el ascensor social al mayor número de alumnos, contrarrestando las desigualdades de partida y propiciando un reparto más acorde con las necesidades sociales”. Para el Defensor, “esto es algo especialmente importante en un momento en el que la caída de ingresos por la crisis del coronavirus puede dificultar el acceso de muchos estudiantes a la educación no obligatoria”.

El Defensor ha asegurado que “una sociedad con acceso plural y equitativo a la educación es una sociedad mejor capacitada para darse a sí misma lo que necesita, para innovar y para participar en términos más igualitarios en el intercambio económico, político y cultural que el mundo globalizado exige”.

Personas mayores

Para el Defensor del Pueblo, la sociedad española está registrando “un claro proceso de envejecimiento del propio envejecimiento”. Así se desprende de los últimos datos estadísticos de INE, que muestran que en España hay 9.057.193 personas mayores de 65 años, un 19,3% sobre el total de la población. Asimismo, sigue aumentando la proporción de octogenarios, que ya suponen el 6,1% de toda la población, y de centenarios, que ascienden a 16.303. Además, las proyecciones indican que en 2068 podría haber en nuestro país más de 14 millones de personas mayores de 65 años, el 29,4% de la población.

En este contexto, Fernández Marugán ha destacado que “la estructura de edad de la población y su proyección futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención social”.

A lo largo de su comparecencia, el Defensor ha analizado la atención residencial en España y ha hecho hincapié en que “son necesarias reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo residencial” que garanticen a los mayores el ejercicio de sus derechos. “Tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros”, ha afirmado.

La Institución lleva examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos.

En 2018 y “ante las reiteradas quejas recibidas”, recabó información sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades autónomas. Tal y como ha explicado el Defensor, el objetivo era tener “una visión global de la atención que se presta en estos centros y las actuaciones que se realizan desde las administraciones públicas para garantizar la plena efectividad y respeto de los derechos de las personas mayores que en ellos viven”.

En 2019 la Institución continuó con su análisis y a finales de año ya había recibido la mitad de los nuevos informes solicitados a las comunidades autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Balears, La Rioja, Región de Murcia, Navarra, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa e IMSERSO, Ceuta y Melilla). En los meses de febrero, marzo y mayo se recibieron las contestaciones de Extremadura, Madrid, Valencia y Andalucía. Todavía no han contestado Cataluña, Galicia y Canarias.

Este seguimiento realizado por el Defensor del Pueblo en los últimos años se ha recogido en una separata que acompaña al Informe Anual 2019. De entre las reformas más urgentes, la Institución cree necesario revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos.

Para ello, a juicio del Defensor, el Consejo Territorial debe profundizar en el conocimiento de las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III, para así fijar unos requisitos y estándares adecuados en materia de recursos humanos que establezcan las ratios, tanto en cómputo global como específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías.

También es urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión. El Defensor también cree conveniente reforzar la atención médica y de enfermería en los centros residenciales. En esta línea, Fernández Marugán ha señalado que “la experiencia sufrida en las últimas semanas aconseja recomendar que las residencias cuenten con una estructura médica y de enfermería más amplia y extensa, para atender a unos residentes cada vez más dependientes”.

Otra de las conclusiones del Defensor del Pueblo es que las comunidades autónomas deben realicen un importante esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.

Por otra parte, la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas. El conjunto de problemas que plantean estas circunstancias hace necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas de edad avanzada pueden tener, excepcionalmente, que asumir limitaciones al ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.

Soledad no deseada

Fernández Marugán se ha referido también a una situación que le preocupa especialmente y sobre la que ha advertido en numerosas ocasiones: la soledad no deseada que sufren muchos de nuestros mayores.

El Defensor considera que es imprescindible abrir un debate político y social para encontrar vías efectivas que aborden este problema. En su opinión, es necesario que la sociedad “tome conciencia” y hacer cuanto antes un diagnóstico correcto del problema que permita impulsar políticas de prevención y combate de la soledad.

Personas migrantes

En materia de migraciones, el Defensor ha explicado que 2018 fue el año del gran aumento en llegadas de pateras y 2019 el año en el que se ha alcanzado una cifra histórica en el número de personas que han solicitado protección internacional. “Los titulares son distintos pero las conclusiones principales son las mismas”, ha destacado.

Para Fernández Marugán es necesario reforzar “sin más demora” la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia. Además, aboga por implementar “de manera urgente” una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad.

El Defensor ha recordado que “no podemos olvidar que somos Europa” y por ello, “tenemos que ser capaces de poner en marcha con urgencia medidas efectivas y flexibles que den respuesta a las llegadas de estas personas que nos piden a gritos acogida”. Así, ha asegurado que “no podemos ir por libre, hemos de actuar de manera coordinada con los otros países europeos”.

Durante su intervención, se ha centrado en cuatro grupos de personas migrantes: los que residen legalmente en España; los que acceden de forma irregular; los solicitantes de asilo y los menores extranjeros no acompañados.

Sobre los primeros ha afirmado que tienen un proyecto migratorio consolidado en nuestro país y que sus principales quejas tienen que ver con los problemas para acceder a la nacionalidad española y las trabas burocráticas que han de soportar en cada uno de los trámites relacionados con su condición de extranjero.

En relación a las personas que llegan de forma irregular por vía marítima, Fernández Marugán ha destacado que desde 2018 se han acometido importantes mejoras en los lugares de primera acogida. Sin embargo, en su opinión, hay que mejorar las infraestructuras existentes y los procedimientos de identificación de estas personas para detectar a aquellas que llegan con necesidades de protección internacional, son víctimas de trata o menores de edad.

2018 finalizó con 55.668 nuevas solicitudes de protección internacional, mientras que en 2019 se produjo un record histórico de 118.264 nuevas solicitudes. El Defensor ha reconocido el esfuerzo realizado por los distintos organismos con competencias en la materia pero, en su opinión, el sistema no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un periodo corto de tiempo.

En su comparecencia, el Defensor también ha querido reflexionar sobre los problemas que más afectan a los menores extranjeros no acompañados. Fernández Marugán ha pedido mejorar el registro de menores extranjeros no acompañados ya que “tenemos dificultades para conocer exactamente en cada momento cuantos han llegado y donde están”.

Por último, ha celebrado que ya en 2020, la Secretaría de Estado de Migraciones haya aceptado dos recomendaciones que “veníamos haciendo desde 2018: la necesidad de autorizar el trabajo de los mayores de 16 años y la modificación del reglamento de extranjería para impedir que cuando cumplan 18 años queden en situación irregular y sin poder trabajar”.

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