En 1981, Adolfo Suárez dimitió como presidente del Gobierno cuando, al margen de otras presiones, constató que intramuros del sistema se le estaba montando una conspiración golpista. Y su sucesor ocasional en La Moncloa, Leopoldo Calvo Sotelo, consciente de su escaso carisma político y nula capacidad de liderazgo, cedió motu proprio en las elecciones generales de 1982 el primer puesto de la lista por Madrid a Landelino Lavilla, con lo que renunciaba de forma tácita a cualquier aspiración continuista.
Con el transcurso del tiempo, y tras cuatro legislaturas seguidas al frente del Gobierno, las primeras exitosas, Felipe González también se retiró de la política activa al perder las elecciones generales de 1996, en las que obtuvo 141 escaños frente a los 156 de José María Aznar (con una diferencia en votos de sólo el 1,16%). Y el propio Aznar estimó conveniente seguir la misma senda de retiro político tras presidir una segunda legislatura (que fue de mayoría parlamentaria absoluta), aun teniendo cantada el PP en las encuestas electorales una tercera victoria en 2004, arruinada sólo por su mala gestión final de la crisis generada con los atentados del 11-M.
Después, y tras ganar las elecciones generales en 2004 y 2008, Rodríguez Zapatero también asumió la conveniencia de renunciar a ser el candidato presidencial del PSOE en 2011, tratando con poca fortuna que otro dirigente socialista (Alfredo Pérez Rubalcaba) frenara la caída electoral del partido…
Sin embargo, ninguno de estos precedentes, todos razonables, ha servido para que Rajoy dejara de imponerse como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del pasado 20-D, aun cuando las encuestas al uso anunciaban su fracaso electoral, contrastado además en los comicios previos (europeos, municipales y autonómicos). Es decir, convertido en un candidato ‘in articulo mortis’, arrastrando de esta forma a su partido al mismo pozo electoral en el que antes cayó el PSOE empujado por ZP.
Se dice que un tropiezo lo puede tener cualquiera (Rajoy ya perdió las elecciones frente a ZP en dos ocasiones), pero reiterarlo de forma insistente en la misma piedra que lo provoca, es algo verdaderamente lamentable. Sobre todo cuando semejante contumacia choca a más no poder con el rechazo del electorado al candidato en cuestión, que ha sido -y lo sigue siendo- el presidente peor valorado desde la Transición.
Como se esperaba, el 20-D Rajoy cosechó un fracaso electoral sin parangón al perder su mayoría absoluta de 186 en el Congreso y quedarse en una minoría de 123. Y pasando de un 44,63% de votos obtenidos en 2011 al 28,72% en 2015, abandonado por un tercio de los electores previos del PP.
Pero con ese récord de pérdida de 63 escaños, que debería haberle llevado a una dimisión inmediata y a ceder el intento de formar Gobierno a otro de los compañeros de partido menos conflictivo y rechazado que él -y no faltan candidatos adecuados-, Rajoy se ha enrocado en la bravata de exigir a otras fuerzas políticas su apoyo para acometer dicha tarea. Rara pretensión por cuanto éstas son las mismas a las que él había ninguneado desde el poder, por activa y por pasiva, gobernando con una prepotencia absolutista nunca vista en el nuevo régimen democrático.
Y con el agravante de querer retorcer el sistema parlamentario establecido, que remite la investidura presidencial al consenso parlamentario, haciendo valer para ello el 28,72% de los votos válidos obtenidos frente al restante 71,28% de los no obtenidos. O sacándose de la manga la teoría extra constitucional de que gobierne ‘el candidato más votado’, algo que, como otras reformas electorales mucho más convenientes y demandadas por la sociedad -por ejemplo el sistema francés de ballotage o de segunda vuelta electoral- fue incapaz de sustanciar con su mayoría parlamentaria absoluta.
Otro error de Mariano Rajoy es no comprender que él, personalmente, está incapacitado para tratar de solucionar el ‘problema catalán’ y, en general, para liderar cualquier intento de vertebración político-territorial del Estado; algo que, como reconoció en su momento Juan Carlos I, es esencial y una tarea todavía pendiente. Y no sólo porque Rajoy carezca de carisma político y sea incapaz de empatizar con sus interlocutores, sino también porque durante su mandato presidencial ha conseguido que en las autonomías con aspiraciones independentistas (Cataluña, País Vasco y Navarra) el PP haya ido situándose en la pura marginalidad, mostrando su falta de sensibilidad sobre el hecho nacionalista y su incomprensión del problema derivado.
Un hándicap que, sin llegar a profundizar en el balance socio-económico de su mandato de legislatura, a favor o en contra, ni tampoco en el programa de reformas institucionales que ha incumplido, se acompaña además de las insoslayables secuelas de la corrupción eclosionada en el PP justo durante su presidencia, quiera el propio Rajoy verlo o no verlo.
Ahora, tras una implacable sucesión de fracasos electorales, presentados a la opinión pública como victorias pírricas del partido más votado, Rajoy ha declinado de forma poco edificante el encargo del Jefe del Estado para formar Gobierno, porque “todavía, y de momento” no tiene los apoyos necesarios. Y sigue atascando el proceso sin garantías de poder llegar a tenerlos; entre otras cosas porque está a punto de expiración política, sin que el rey Felipe se haya atrevido a sustituirle en esa función por otro dirigente del PP que pudiera afrontarla con más visión de la realidad y no como un muerto viviente o un presidenciable ‘in articulo mortis’.
Eso es lo que hay. Aunque, claro está, no falten quienes piensan que los milagros existen y que Rajoy todavía puede convertirse en un nuevo Lázaro resurrecto, capaz de montar un cisma de traiciones en el PSOE, de enredar a Ciudadanos o de seguir toreando a los votantes con falsas promesas, a los que ya molesta profundamente incluso si son de su partido.
Hoy, Rajoy es parte del problema político de España y un lastre electoral para el PP. Debería ser más realista y hacerse a un lado con elegancia.
