Radiografía de la epidemia en las Comunidades Autónomas: mucho experto, mucho protocolo y mucho comité pero nula eficacia

Destacados dirigentes regionales (sobre todo aquellos que gobiernan las comunidades del PP) han arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus errores en la gestión y control de la epidemia de coronavirus. Ahora bien, un somero análisis de cómo fue la actuación de los gobiernos autonómicos en los primeros días de la crisis viene a demostrar que la virulenta propagación de la pandemia en España no tiene un solo y único responsable. Pese a las complejas redes de alerta sanitaria, a los numerosos servicios y organismos periféricos competentes y a la gigantesca burocracia que compone la Administración autonómica, lo cierto es que nadie supo ver la magnitud del desastre.

Remontémonos al 28 de enero, cuando la epidemia no era más que una borrosa y lejana amenaza asiática y en España las competiciones deportivas se celebraban con total normalidad, los bares y los cines estaban llenos y el primer tema de conversación política en las radios y televisiones era la mesa de negociación para solucionar el conflicto catalán. Aún no habíamos llegado al viernes 31 de enero, cuando el Ministerio de Sanidad comunicó el primer caso positivo de covid-19 en nuestro país: un turista alemán que fue hospitalizado y aislado en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en la isla de La Gomera. ¿Qué hicieron y cómo se comportaron en esos primeros días las comunidades autónomas −competentes en Sanidad al tener transferidas las competencias− ante las noticias preocupantes que llegaban de Wuhan?

Si bien es cierto que algunos gobiernos regionales comenzaron a poner en marcha sus propios protocolos y comités técnicos, la actuación política se limitó a una cuestión de mero trámite burocrático sin adoptar medidas concretas de acopio de material y ampliación de plantillas e instalaciones hospitalarias. Por supuesto, hubo mucha declaración de políticos, mucha mesa de seguimiento y mucho comité y protocolos de actuación que sirvieron para más bien poco.

Así, en la Comunidad de Madrid, el 27 de febrero un joven de 24 años que había estado de viaje en el norte de Italia se convertía en el primer caso de coronavirus confirmado. La fecha del 8M y la famosa manifestación por el Día de la Mujer que la derecha siempre echa en cara al Gobierno como punto crítico en el estallido de la epidemia aún quedaba lejos. A finales de enero, Isabel Díaz Ayuso se puso al frente de un Comité formado por decenas de técnicos y responsables políticos que quedaron muy bien en la foto pero que no evitaron la tragedia. Y hoy ya sabemos lo que ha sido la gestión nefasta en las residencias de ancianos (más de 4.000 fallecidos, según las primeras estimaciones), así como el esperpéntico episodio de los aviones con material que estuvieron perdidos durante semanas. Sin embargo, Ayuso ha sido una de las más beligerantes con la gestión de Pedro Sánchez. “Esto se veía venir. Era de esperar que esto iba a llegar. La conexión de China es directa, no hay una sola goma del pelo que no sea made in China”, dijo tras el estallido de la crisis.

Otro de los que hoy dan lecciones a los epidemiólogos españoles es Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña. El 27 de enero la Agència de Salut Pública de Catalunya consensuó un protocolo de actuación ante “casos sospechosos del nuevo coronavirus”. En aquel momento la versión oficial era que “actualmente se considera que el impacto para la salud pública en caso de detectarse un caso importado es bajo para Cataluña y para el resto del Estado”. Como dato curioso los expertos de Torra aconsejaban que “si en los 14 días posteriores a la vuelta de un viaje a la ciudad de Wuhan se presentan síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, fiebre, sensación de falta de aire)” se comunicara a los servicios sanitarios “el antecedente de la estancia en esta ciudad o bien llamar al teléfono 061 Salut Respon, que ya incorpora un servicio de traducción a disposición de los profesionales de la salud que lo necesiten para comunicarse con la población de habla china”. Un comunicado demoledor que pone en evidencia la arrogancia de las autoridades y lo invulnerable que nos sentíamos ante un germen que parecía cosa de inmigrantes orientales.

En Andalucía, feudo del conocido como “trifachito” de las derechas, la Consejería de Salud y Familias constituyó el denominado Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus, “apenas una decena de profesionales y expertos de sociedades científicas de microbiología, medicina preventiva y salud pública, epidemiología y enfermedades infecciosas, además de un especialista europeo en salud animal”, según informó la revista ConSalud.es. El mensaje que se lanzó a la población fue “de calma”, ningún responsable político alertó ante lo que podía llegar. En concreto, el comunicado fue este: “Andalucía está preparada para hacer frente al coronavirus en el caso de que se presente un primer caso importado”.

Mientras tanto en Murcia, otra comunidad gobernada por las derechas que ahora arremete contra el Gobierno central, el protocolo de coronavirus no se puso en marcha hasta el 24 de febrero ante dos sospechas de posibles casos en personas que habían viajado al norte de Italia y que finalmente resultaron negativos. Durante algunos días los murcianos vivieron la ficción de que el covid-19 no encontraba su hábitat en aquellas cálidas tierras mediterráneas, ya que no aparecían casos confirmados, de modo que cabía la remota esperanza de que el microbio letal pasara de largo finalmente. Sin embargo, el agente patógeno acabó entrando con la misma agresividad que en el resto del país.

En Euskadi, la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco tuvo conocimiento “de un caso sospechoso de neumonía asociada al coronavirus de origen chino”. Se trataba de una mujer que había viajado a la provincia de Wuhan y que presentaba “sintomatología ligada a esta enfermedad”. El 24 de enero fue activado el protocolo, que no llevó aparajeda ninguna medida importante de compra de equipamiento, mayor inversión o refuerzo de la logística sanitaria.

En la Comunidad Valenciana, el 22 de enero la Generalitat del socialista Ximo Puig informaba de que el Ministerio de Sanidad estaba elaborando un “protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV), que tiene su origen en un mercado de carne de la ciudad de Wuhan (China) y que ha infectado de momento a 270 personas y ha producido seis fallecidos”. Una vez más, la patata caliente se trasladaba al Gobierno central y el Estado autonómico, al menos en lo sanitario, se lavaba las manos.

En Castilla y León, fuentes del Gobierno regional reconocían que el “riesgo cero no existe” y fue creado un Comité Técnico sobre el coronavirus, otro complejo organismo que pretendía analizar las capacidades de los hospitales ante una posible pandemia y que hoy sabemos que tampoco vio venir el apocalipsis. Más allá de publicar en la web oficial un resumen sobre lo que se conocía del covid-19 hasta ese momento (con enlaces a organismos oficiales) y sobre las medidas preventivas a adoptar, entre ellas el protocolo del Ministerio de Sanidad, poco más se hizo al respecto.

Similar fue la actuación de La Rioja. La Consejería de Salud activó los protocolos preventivos ante los casos de “neumonía por el coronavirus”. Las áreas de Salud Pública y Asistenciales de la Consejería informaron de que trabajaban de forma coordinada para “poder identificar con la mayor rapidez posible cualquier caso que pudiese darse en los centros riojanos”. Días más tarde, localidades como Haro se convertían en ciudades fantasma por el confinamiento y la región se convertía en un nuevo foco de contagios. Tuvo que ser el Gobierno central el que acudiera a sofocar el incendio.

En Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad puso en marcha una “mesa de seguimiento” del coronavirus presidida por el consejero del departamento que tenía por objetivo la “evaluación de la situación actual”. También se acordó la formación de un Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes, que celebró su reunión el 29 de enero. Más aparato, más burocracia mientras el virus se acercaba.

En Galicia la Dirección de Salud Pública de la Xunta informó de la puesta en marcha de un protocolo de actuación que fue “trasladado a las gerencias y en el que se incluyen aspectos como la definición de casos sospechosos y criterios de actuación”. Mientras tanto, en Cantabria el Servicio de Salud trataba de tranquilizar a la población en una rueda de prensa en la que los responsables se limitaron a recalcar que se habían revisado y actualizado los anteriores protocolos puestos en marcha ante alarmas sanitarias.

Aragón también informó de que el personal sanitario de los hospitales y centros de salud había sido instruido sobre cómo se debía actuar ante un posible caso de coronavirus. Sin embargo, al igual que ocurrió con el resto de comunidades autónomas, nadie difundió un simple manual para el caso de que se produjera una avalancha de enfermos que podía colapsar las UCIS y Urgencias.

A su vez, en Extremadura los efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) anunciaron que contaban ya con un protocolo de actuación ante la posibilidad de que fuese detectado en la región un posible caso de covid-19. Ayer mismo la Administración regional informaba de otros 119 infectados, lo que eleva a 2.881 el total de casos positivos.

En Asturias la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud del Principado distribuyeron el 11 de febrero, y en todas sus áreas sanitarias, “el protocolo de actuación ante posibles casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2” mientras que en Canarias se pusieron en juego documentos similares. El 15 de marzo, Navarra actualizó su protocolo para “agilizar la declaración de posibles casos mediante el criterio clínico y sin necesidad de una prueba de laboratorio en la mayoría de los casos”, al tiempo que se reforzó el aislamiento en domicilios “como medida preventiva”. En Ceuta y Melilla se constituyeron diferentes grupos de trabajo que tampoco lograron evitar la llegada de la enfermedad.

Queda acreditado que a finales de enero los responsables de la mayoría de las comunidades autónomas ya sabían que una extraña pandemia se acercaba. Ni uno solo de los cientos de cargos y funcionarios autonómicos que cobran elevados sueldos mensuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado olieron el rastro del fuego que se aproximaba. Ahora es fácil echarle la culpa al Gobierno central y de acusarle de imprevisión. ¿Pero dónde estaban ellos que tenían atribuidas las competencias? ¿Qué pasa con la responsabilidad de todos esos supuestos expertos autonómicos? ¿Para qué queremos tanto aparato burocrático, tanto comité y tanto protocolo de actuación que en el momento de la verdad no han servido para nada? También de eso tendremos que tomar buena nota cuando todo pase.