Inmediatamente después de los arrestos en la escuela primaria Hobgood, el jefe de policía de Murfreesboro prometió una investigación interna. A finales de año, el departamento había terminado su informe.
El oficial que abandonó antes los arrestos recibió una suspensión de un día. También lo hizo el sargento a cargo de los oficiales de recursos escolares. Otros tres supervisores también fueron castigados: el sargento, el teniente y el mayor que no habían intervenido, incluso cuando el oficial Williams los llamó desde la oficina del subdirector, dando la alerta. Cada uno recibió una reprimenda.
En cuanto a Templeton, quien había iniciado los arrestos, el departamento hizo un hallazgo: su trabajo había sido “insatisfactorio”. Recibió una suspensión de tres días, su décima suspensión en 15 años, y luego siguió trabajando.
La policía de Nashville también participó en esta investigación, para producir un informe externo con recomendaciones. Juntos, los dos departamentos de policía ahondaron en uno de los mayores errores del caso: el uso de un delito que no existe.
El fiscal de distrito del condado de Rutherford confirmó a los investigadores de la policía que no existe un delito como la “responsabilidad penal”. “Nunca, nunca debería ver un cargo que diga que el acusado fulano de tal está acusado de responsabilidad penal por el acto de otro. Punto”, dijo en el juicio.
Los investigadores interrogaron a trece policías, cuatro funcionarios escolares, dos fiscales y un pastor. Dos personas se negaron a ser interrogadas: Amy Anderson y Sherry Hamlett, las dos comisionadas judiciales.
Uno de los modelos más acabados de terrorismo judicial-policial es el del Régimen USA