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¿Quién va a querer vivir en los pueblos si no se puede abrir la ventana ni el grifo?

Inma Ranera
Inma Ranera
Especialista en la industria turística, en la que desarrollo mi actividad profesional, soy "friki" de la política y la gobernanza. Formo parte del Equipo directivo de +Demo (mas_demo.org) como responsable de Transición Ecológica y Ética Política. Republicana desde que tengo uso de razón.
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análisis

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La frase que da título a este artículo es una reproducción literal de las palabras de Inmaculada Lorenzo, agricultora y portavoz de la Coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, en el transcurso de la rueda de Prensa que hoy ha organizado Greenpeace en el marco de su campaña NI Mu, en la que se ha presentado un informe pionero titulado “Macrogranjas, veneno para la España rural. Efectos ambientales de la ganadería industrial”, cuyo comunicado en este enlace. Dicho informe desvela como la ganadería industrial se está expandiendo de forma descontrolada, a la vez que pone de manifiesto su enorme impacto medioambiental.

En la rueda de prensa, además de Eva Saldaña, Directora Ejecutiva de Greenpeace y de Luís Ferreirim, Responsable de Agricultura de la organización, han participado también la ya mencionada Inmaculada Lozano y Marisol Gómez, vecina del municipio de Carbajales en Zamora y presidenta de la Plataforma Tierra del Alba, organización que ha interpuesto numerosos recursos contra la instalación de nuevas macrogranjas en la provincia, por los perniciosos efectos tanto a nivel medioambiental como a nivel de salud de dichas instalaciones.

Los principales resultados del informe pueden consultarse en el comunicado cuyo enlace he incluido en el primer párrafo, pero voy a destacar sólo algunos:

  • España es el país de la Unión Europea dónde más carne se consume (en 2020 se sacrificaron en nuestro país más de 910 millones de animales para consumo humano), con 507.020 explotaciones ganaderas activas (enero 2021).
  • Según la Comisión Europea, España tiene “un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”, , tal y como se indica en el reciente informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 91/676 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por “nitratos” utilizados en la agricultura (2016-2019).
  • La contaminación del agua por nitratos ha aumentado más del 50% en sólo cuatro años en España (2016-2019).
  • Por lo que respecta a la calidad del agua: el 30% de las estaciones de control de las aguas subterráneas y el 50% de las superficiales indican una mala calidad debido a la contaminación por nitratos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El agua deja de ser potable a partir de una concentración de 50mg/L de nitratos, que puede generar problemas de salud.

Las macrogranjas están desplazando a la ganadería extensiva, que es sustituida por espacios de producción intensivos que “cuentan con presencia de gran cantidad de animales en un área demasiado pequeña y, en la cual, además, no se puede producir su propio alimento ni gestionar de manera segura los excrementos que producen”, según define Greenpeace en su informe. En ellas se busca la máxima producción de carne, leche y huevos al más bajo coste y en el menor tiempo posible. Los animales en su mayor parte tienen una corta vida y los consumimos sin que hayan visto la luz del sol o hayan pisado la tierra.

Parece obvio que estamos ante un sector olvidado tanto lo que se refiere a políticas climáticas como en lo referido a la política de recuperación económica y que, en cambio, genera  graves problema desde distintos ángulos: el excesivo consumo de carne (del que la OMS viene alertando en los últimos años), la instalación de macroganjas en zonas menos pobladas y, por tanto,  con menor riesgo de oposición ciudadana, la contaminación de los acuíferos y de las aguas superficiales debido a los nitratos emitidos por la industria de la ganadería intensiva (con los consiguientes problemas para el medio ambiente y la salud humana), la aparente falta de medios humanos de las administraciones autonómicas para el control de que dichas instalaciones cumplan la normativa vigente y, por descontado, el trato al que se ven sometidos los animales que habitan dichas macrogranjas, por citar los más obvios aunque no los únicos.

Todo este está sucediendo en lo que parece ser una burbuja a punto de estallar, como indicaba Marisol Gómez durante la rueda de prensa: los precios de compra de la carne están bajando mientras suben los precios del transporte a la par que sube el precio del gas o del petróleo. En países como Alemania, el gobierno, ante los previsibles problemas que la situación puede crear, está ya considerando subvencionar a la industria porcina, que vende a pérdidas, pasando a considerarla una industria básica para el abastecimiento nacional. Pero en zonas como Castilla y León, las industrias que todavía están pendientes de que se les conceda la licencia de explotación de nuevas instalaciones intensivas están ya solicitando las futuras ampliaciones. Tres son los futuros proyectos que más preocupan Luís Ferreirim:

  • El proyecto para doblar la producción de su granja de cerdos en Castillejar, en donde El Pozo ya produce 650.000 animales, y que desde Greenpeace consideran ya la más contaminante.
  • El Proyecto en Castilla La Mancha, entre Cuenca y Albacete, en dónde Rujamar (que ya tiene la granja más contaminante de amoníaco) prevé la instalación de una granja criadero de 1 millón y medio de gallinas ponedoras
  • El proyecto de explotación de vacas lecheras en Noviercas (Soria), municipio que no llega a los 200 habitantes, en el que la empresa Valle de Odieta pretende implantar una explotación con 23,520 vacas, la mayor explotación de vacuno de leche de Europa, que superaría en más de 20 veces lo que el futuro Real Decreto prevé en cuanto al número máximo de reses, que se estima se cifre en 800 animales por explotación.

Pero el resultado puede llegar a ser desastroso porque tenemos, por un lado, a un sector que se enfrenta ahora a la venta con pérdidas que ese nuevo modelo de ganadería intensiva está experimentando y, por otro, ciudadanos que se enfrentan a aguas contaminados por nitratos, a la elevada generación de CO2, a los efectos del amoníaco en la salud, esto es, a los graves efectos que las macrogranjas generan en la biodiversidad y en la salud humana, además de la remisión de la ganadería extensiva (como la ovina), mucho más ligada al territorio y al respecto al medio ambiente.

Estamos asistiendo sin darnos cuenta a la degeneración de la vida rural de muchos ciudadanos. Y es que, como decía Inmaculada Lozano, por mucho que el gobierno pretenda que el teletrabajo pueda llenar en parte una España vaciada, instalando o mejorando las conexiones digitales, quién va a querer venir a vivir al campo si no puede abrir ni la ventana (por lo olores que genera la actividad en las explotaciones ganaderas intensivas) ni el grifo (con las aguas contaminadas de nitratos).

La protección del medio ambiente y de nuestra salud se encuentra recogida en numerosos Acuerdos y Tratados internacionales de los que España forma parte, desde la Declaración de Rio de 1992, que indica en su 8º principio que “para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deben reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuya política medioambiental se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y el del conocido “quien contamina, paga”. Y esa protección queda también recogida en el artículo 45 de la Constitución española, cuando indica que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, que indica también la “solidaridad colectiva” en la que deben apoyarse los poderes públicos en su labor de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales.

El medio ambiente nos afecta a todos y entre todos debemos cuidarlo y ser exigentes con nuestros gobernantes para que ejerzan su responsabilidad con mucha más diligencia en todos los niveles administrativos que les competen. Su irresponsabilidad nos afecta a todos no sólo en el presente sino en el futuro de las nuevas generaciones, a las que no podemos dejar un planeta devastado. Debemos ser capaces de cambiar el actual sistema de crecimiento infinito que se apoya en un consumo excesivo de recursos que son finitos, por un sistema basado en el decrecimiento sostenible. Se nos acaba el tiempo y se agotan las oportunidades de un futuro sostenible.

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1 COMENTARIO

  1. Todo lo que tenga que ver con la dicha hiperexplotación es un marrón. Macrogranjas: la solución que dejaba Bruselas para los antiguos ganaderos, si para la asistencia veterinaria, para la eficiencia energética, para el control de la calidad,… Para todo fue necesario agrupar e industrializar; federarse, asociarse o tal vez cooperativizarse para poder hacer frente a todas las exigencias. Pero sabéis qué…? Que todo está peor. Entonces? Entonces qué? Hai que voltar ó de antes? No hay Cristo que entienda a la gente que opina sin saber lo que es mejor para todos y para siempre.
    Pero eso sí; que os jodan. A partir de hoy a todos y para siempre.
    Desde que gobiernan los inútiles…

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