En el texto “El ‘nuevo’ Rey de la lana” puse de relieve la intemporalidad y la actualidad de ese gran pensador oscense de finales del siglo XIX y principios del XX, el regeneracionista Joaquín Costa. Ahora, más de un siglo después de su muerte, lo traigo de nuevo a colación ya que, en uno de sus escritos, podemos encontrar la respuesta a la pregunta que encabeza esta reflexión y que formulé al final de un artículo reciente sobre la nefasta casta política española.
A finales del XIX, España estaba inmersa en gravísimos problemas y J. Costa se preguntó: “¿Quién debe gobernar después de la catástrofe?”*, pregunta a la que respondió en una conferencia que impartió en Madrid, en 1900. El paralelismo entre la situación actual y la de finales del siglo XIX es evidente. Por eso, podemos y debemos preguntarnos también, como J. Costa: ¿Quién debe pilotar la gestión de la salida de la crisis sistémica en la España actual? La respuesta nos la da este insigne pensador aragonés.
Según J. Costa (cf. conferencia precitada), en la historia de España del siglo XIX, hubo dos fechas emblemáticas. Por un lado, 1812-1814: guerra de la Independencia contra el invasor francés. Y por el otro, 1898: pérdida de las últimas colonias ultramarinas del Imperio Español, donde no se ponía el sol. Esto último está en el origen, junto con otras causas, de la llamada Generación del 98, que reflexionó sobre la decadencia moral, política, social, económica, etc. de España.
En ambos casos, según J. Costa, se suele pensar que todas las clases sociales tomaron parte en los dos hechos históricos y arrimaron el hombro, pero no fue así. En efecto, sólo el pueblo hizo frente a las tropas napoleónicas y liberó el país, ya que las clases dirigentes y pudientes emigraron al extranjero (Francia, Gibraltar, Islas Baleares y norte de África), donde “permanecieron tranquilamente, a cubierto de la guerra y de sus estragos” (p. 222-223), mientras duró la contienda. Por otro lado, la decadencia y el descalabro de España en 1898 fueron propiciados por las clases directoras, “sin que en ello alcance la menor culpa al pueblo, el cual ha cumplido hasta con exceso sus deberes cívicos y sociales, dando dócilmente toda la sangre y todo el oro que aquellas han querido pedirle” (p. 225).
Y esto no fue todo. Además, para más inri, al finalizar la Guerra de la Independencia, se “encarceló o asesinó a los que habían sido sus salvadores, mientras se ponía el cetro en manos de los infames que la habían hecho traición, entregando sus ciudades y fortalezas al enemigo” (p. 226). Y después de la catástrofe de 1898, sucedió lo mismo: se “castiga con nuevos tributos al pueblo que lo ha dado todo para salvar el nombre y la existencia de la Nación, […] mientras se confía la administración de sus ruinas a los mismos que las han causado y […] que, con su máxima ‘gobernar es gozar’ […], han entregado a los yankees sus archipiélagos y sus islas, a los tiburones su juventud y a los judíos los últimos restos de su fortuna” (p. 226).
Como en 1812 y en 1898, desde el 2007 España está también inmersa en una profunda y gravísima crisis, que algunos califican de sistémica, ya que concierne el mundo de la economía, de la política, de la cultura, de la educación, de la familia, de los valores, etc. Según los analistas, la crisis económica, que es de la que más se habla, todavía no ha tocado fondo. Y ya se habla de una nueva crisis que muestra sus fauces amenazadoras. Y la salida de ellas se hará, como siempre, con dolores de parto, con llanto y rechinar de dientes de los ciudadanos de a pie.
Sin ánimo de ser exhaustivo, el paro, el déficit, la deuda pública y la privada no paran de aumentar; el crecimiento económico es paupérrimo para crear empleo; el modelo productivo, caracterizado por el monocultivo del sector servicios (turismo) y por el poco valor añadido, es obsoleto; los recortes salariales y la congelación de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios fragilizan el consumo; los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales están destruyendo los pilares del Estado del Bienestar; las subidas de impuestos, del IVA y de todo tipo de tasas y gravámenes están jibarizando peligrosamente el poder adquisitivo de los sufridos ciudadanos; etc.
Ante estos hechos, todo parece indicar que, para salir del agujero en el que se encuentra la economía española actual, se han aplicado y se van a seguir aplicando las recetas de 1812 y 1898. En efecto, en un discurso parlamentario (12 de mayo de 2010), anunciando el segundo paquete de medidas contra la crisis, ZP ya lo dejó claro: “los menos favorecidos son los que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis”. Y sus palabras fueron seguidas de hechos, que las corroboraron. Y sus sucesores (Rajoy y Sánchez) han seguido y seguirán la misma senda.
Ante la actitud de la casta política, tanto nacional como de las autonomías —tanto monta, monta tanto— para salir de la crisis, no podemos olvidar la historia: lo que sucedió en 1812 y en 1898. Si no tenemos memoria histórica, corremos el peligro de repetir la historia y los ciudadanos de a pie ser nuevamente los paganos de algo de lo que no son responsables. Por eso, creo que es pertinente que nos preguntemos si podemos seguir depositando nuestra confianza y nuestro futuro en la casta política profesional y en todos aquellos (poder financiero y grandes empresas) que son los principales responsables del desaguisado que estamos sufriendo.
Como primera providencia, no estaría mal que, el 10N, diéramos la espalda a la casta política gobernante y/o aspirante a gobernar que, como ha escrito certeramente Pilar Rahola, “ha salido del ‘todo a cien’ de los partidos”. ¿Cómo? Haciendo que ganen las elecciones el partido de los abstencionistas, el de los votos en blanco o nulos, el de las candidaturas marginales y/o testimoniales y, sobre todo, las nuevas formas de hacer política. En relación con esto último, quiero citar el caso del pueblo de Torrelodones, gobernado, desde hace dos legislaturas, por una plataforma de vecinos (Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, formado por profesionales de distintos sectores que no viven ni quieren vivir de la política). Esta plataforma desplazó a los de la casta política y, con su gestión, da mejores servicios, y con menos impuestos, a los ciudadanos. Por otro lado, se debe citar también el caso del movimiento ciudadano “Teruel Existe”, que acaba de dar un paso al frente para el próximo 10N. Ante las promesas incumplidas y los engaños sistemáticos de la casta política, los ciudadanos turolenses han perdido la paciencia y han decidido ocuparse por sí mismos de gestionar su presente sin contar con esos charlatanes de mercadillo de la casta política al uso. Creo que la casta política española necesita este revulsivo para que la verdadera democracia y la división de poderes se instauren en el sistema político español.
Y como segunda providencia y aconseja J. Costa, los ciudadanos “tenemos que plantarnos, diciendo ‘hasta aquí hemos llegado’, y aplicarnos […] a pedir cuentas a los que todavía se las deben a la Nación, y que el que la ha hecho que la pague” (p. 222). Esto no es una utopía; se practica hoy en otras latitudes (por ejemplo, Islandia). La calle y las plazas son de los ciudadanos. Y las redes sociales son sus armas, aunque la casta política trata de controlarlas y las usa también profusamente.
(*) Joaquín Costa (1973), “¿Quién debe gobernar después de la catástrofe?”, in Oligarquía, caciquismo y otros escritos, Alianza Editorial, Madrid, 218-233.
