A estas alturas, todo el mundo sabe lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Un incendio, ocasionado en domingo, prendía en el edificio llevándose por delante cuatro juzgados y sembrado el caos en el resto. Vacaciones forzosas de ocho días laborables –con unas horas de reanudación interrumpida- para los menos afectados, y bastantante más para los que fueron en mayor grado. Y, por suerte, solo daños materiales.

Al margen de las posibles responsabilidades de quien corresponda –si las hay-, y de determinar con precisión las causas del incendio, todavía queda mucho para ponderar sus consecuencias, y las consecuencias de las consecuencias, que no es moco de pavo.

Pero lo que no se puede es lanzar rumores al viento, sin más fuente ni contraste que la imaginación de cada cual. Y eso, que puede ser de dudosa responsabilidad en un particular, es imperdonable cuando de un medio de comunicación se trata.

    ¿Que a que me estoy refiriendo? Pues a toda serie de elucubraciones leídas y escuchadas estos días y que a una la dejan de pasta de boniato. Cosas como que el incendio se ha llevado por delante documentos importantísimos de la Gurtel, de casos de corrupción como Taula, y hasta referentes al sumario de las Niñas de Alcácer. Y quien lo dice, se queda tan fresco. De ahí a todo tipo de teorías conspiranoicas hay un paso. Y ya tenemos bastante con lo que tenemos para echar más leña al fuego. Nunca mejor dicho.

Así que convendría aclarar un par de cosas. En primer lugar, que los Juzgados donde se originó el incendio son de Primera Instancia. Y esto significa que despachan asuntos de naturaleza civil. Nada de delitos de corrupción ni de ningún otro tipo. Para quien no esté familiarizado con el Derecho y los Tribunales, los Juzgados se dividen en Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Juzgados de los Mercantil, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de Violencia Sobre la Mujer. A estos hay que añadir los Juzgados de lo Penal y las Salas de la Audiencia Provincial –obvio el Tribunal Superior de Justicia, por encontrarse en otro edificio lejano-. A diferencia de lo que ocurre en partidos judiciales más pequeños, en una ciudad como Valencia los Juzgados de Primera Instancia están separados de los de Instrucción, tanto física como jurisdiccionalmente por disposición de la ley, y solo los de Instrucción, como su propio nombre indica, instruyen delitos. Los Juzgados de Primera Instancia se dedican a asuntos de naturaleza fundamentalmente económica, como las famosas preferentes, desahucios, incumplimientos de contratos, responsabilidad que dé lugar a indemnizaciones de daños y perjuicios y mil cosas más. Manejan pleitos de gran complejidad jurídica y en ocasiones, se ventilan ante ellos importantísimas sumas de dinero, y tienen una carga de trabajo enorme. Pero no llevan asuntos de corrupción de ningún partido ni ningún otro delito. Y, por los susceptibles, hay que añadir que en la distribución del espacio en Valencia, por colores, su zona –azul- es la más alejada de la zona penal –roja-. Así que simplemente con estos breves apuntes, las teorías conspiranoicas debieran desmontarse.

Es comprensible que, dado que por desgracia la vida judicial de Valencia está marcada por los supuestos de corrupción que ha conocido y está conociendo, se prenda la mecha de la sospecha de que algo tendrá que ver. Es humano, sin duda. Pero antes de lanzar al viento cosas de ese tipo, convendría informarse bien. Y no cometer la irresponsabilidad de extender bulos.

Con lo dicho, no se trata de restar importancia al hecho. Al contrario, se trata de que se dé al hecho la trascendencia que posee, y que no quede como un episodio más en la triste historia de la corrupción. Nada que ver.

   El perjuicio para profesionales y ciudadanía es gravísimo. Esto es lo que hay que destacar. Un montón de juicios –un medio hacía un cálculo aproximado de 1000, bastante acertado, en una semana- suspendidos y a la espera de nuevo señalamiento que, tal como están de apretadas las agendas, habrá que ver cuándo tienen lugar. Por ello en lo que hay que insistir es en la situación precaria de la justicia, con una carga de trabajo que supera el doble de la que debería tener, y sin que se haya creado un solo juzgado en más de cuatro años. Si apenas se sostenía si no era a base de voluntarismo y horas –uno de los Juzgados más afectados obtuvo el premio del más eficiente de España-, en cuanto llega un imponderable, como es el caso, la situación roza la catástrofe, si no entra de lleno en ella.

Ese es el verdadero problema. La falta de medios, la precariedad de la Justicia y la cicatería a la hora de invertir en ella, tanto en lo que atañe a medios personales como a instalaciones. Y el resultado es mucho más que la incomodidad de profesionales o usuarios. Se trata, ni más ni menos, que de una gran cantidad de personas que no podrán ejercitar sus acciones o ver realizados sus derechos. No solo en los casos de los juicios que ya se han suspendido, sino en los que todavía quedan. Y lo que quedará, porque no hay que perder de vista que mientras se reconstruyen expedientes y se recupera el tiempo perdido, los asuntos seguirán entrando al mismo ritmo que lo hacían.

Ahí es donde está lo grave del asunto. Y ahí es donde deberían centrarse las críticas en lugar de propagar bulos y de sembrar sospechas. Así que a ver si lo sucedido sirve para tomar nota de cara al futuro. La Justicia está hoy un poco más quemada que ayer.

 

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