La situación de la Sanidad Pública en España empeora por momentos. No hay ningún territorio que pueda presumir de tener garantizado un servicio donde los trabajadores tengan sueldos acorde con sus jornadas y responsabilidad. Como tampoco puede ningún gestor de lo público felicitarse por la distribución de nuestros impuestos en cuanto a Sanidad se refiere.
Abordar la situación de la Sanidad Pública requiere analizar la manera en que se destinan los fondos públicos, especialmente durante esta pandemia: haber inyectado miles de millones que han ido a parar a los bolsillos de las farmacéuticas privadas para unos productos que han demostrado no ser eficaces ni seguros (al menos, no como nos prometieron), debería ser motivo de análisis. Pero el silencio se impone.
Una Sanidad pública plagada de médicos que compatibilizan su servicio con las consultas privadas, que se terminan beneficiando del colapso de la pública. Unos médicos que, según la información de las propias farmacéuticas, reciben en España 90 millones de euros al año de las propias firmas privadas, dejando la sospecha sobre los conflictos de intereses del sector de los que tampoco se habla.
Un personal sanitario que también necesita hacer autocrítica, puesto que bajo la premisa de «cumplir órdenes», ha aplicado protocolos que han demostrado ser perjudiciales en muchos casos para la salud de los pacientes durante esta pandemia.
En definitiva: la defensa de lo público requiere analizar todas las responsabilidades existentes. Desde la gestión política, pasando por la responsabilidad de los propios profesionales, que en no pocos casos, lejos de movilizarse para defender sus propios derechos y los de sus pacientes, dejan caer sobre los últimos las consecuencias de una cascada de despropósitos.
Una Sanidad, la de todos, que necesita repensarse para enfocarse hacia el cuidado de la salud, sobre todo de las personas sanas, con el fin de evitar llegar a la sobremedicación de la población. Una reflexión necesaria de hacia dónde se está dirigiendo un sistema que colapsa para beneficio de lo privado.
El maltrato a los trabajadores de la pública de manera sistemática, que termina suponiendo también la desatención de los pacientes por falta de recursos.
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