El actual presidente del Gobierno llegó a la Moncloa con la promesa de revertir los ataques del neoliberalismo y de implementar un sistema de gobierno basado en el progresismo y en la justicia social colectiva. Casi tres años y medio después de ganar la moción de censura que le llevó a la Presidencia, no hay hechos que soporten el cumplimiento de esas promesas. Más bien al contrario, porque las promesas incumplidas ya se suman por decenas y aún quedan, en teoría, dos años de legislatura para que ese número se incremente.
El presidente del Gobierno prometió el 4 de noviembre de 2019, durante un debate electoral que iba a reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales y evitar que se volviera a producir otro referéndum como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello estaría enmarcado en una serie de medidas que, según prometió, irían encaminadas a resolver la crisis de convivencia en Cataluña.
Esta promesa no fue reflejada en el programa electoral del PSOE, donde se limitaba a advertir que en el modelo de Estado no tenía «cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad».
Sin embargo, esta promesa quedó en el debe nada más tomar posesión de su cargo el 20 de enero de 2020 cuando Pedro Sánchez manifestó en una entrevista en TVE su intención de reformar el delito sedición, por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’. En concreto, Sánchez aseguró que «esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a otros países europeos».
A pesar de ello, fue el propio Sánchez quien congeló la posibilidad de reformar el delito de sedición en junio de 2021. En concreto, en una respuesta a la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, el presidente aseguró que, aunque la voluntad del Gobierno era hacerlo, no contaba por el momento con los apoyos necesarios en el Parlamento para llevarlo a cabo.
Sánchez siempre encuentra argumentos para justificar sus incumplimientos. En este caso afirmó que España había aprendido una lección con el delito de sedición en 2017, cuando el expresidente Carles Puigdemont se fugó a Bélgica junto con varios consejeros del entonces gobierno catalán. Este delito no fue reconocido por la justicia alemana, donde fue detenido en un viaje, quien no autorizó la entrega a España del fugado.
«Prometer hasta meter…»
Hay un dicho popular que afirma «Prometer hasta meter y una vez metido, nada de lo prometido». Esto es muy aplicable a las promesas de Pedro Sánchez. Durante aquel debate de noviembre de 2019, el presidente del Gobierno prometió también «construir concordia desde la educación» aprobando una asignatura para todo el territorio español en valores civiles, constitucionales y éticos, algo que incluía la reforma educativa.
Además, otra promesa de aquel debate, la de modificar la Ley Audiovisual para que los consejos de administración de los entes públicos de medios de comunicación fueran aprobados por dos terceras partes de los parlamentos autonómicos no se ha hecho aún efectiva. Ni siquiera está contemplada en el proyecto de reforma de la Ley Audiovisual que intenta adaptar la legislación española a la normativa europea, pero el Gobierno también ha aprovechado para incluir otras cuestiones relativas a RTVE. No obstante, aún está pendiente de tramitación en el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones.
La Corona no se toca
El 10 de julio de 2020, Pedro Sánchez se manifestó claramente partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el rey emérito Juan Carlos l.
En diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que Felipe VI quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que el Jefe del Estado estaba trabajando en asuntos como «rendición de cuentas» y «renovación». «Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad», afirmó Sánchez en aquel momento.
No obstante, el 7 de diciembre de 2021, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, enfrió estos planes al señalar que no se había producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad. Además, dejó claro que no era la prioridad, sino que la hoja de ruta del Gobierno estaba centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.
Reformas exigidas por Europa, también congeladas
Una de las medidas estrella del Ministerio de Justicia que sigue en la nevera y sin visos de prosperar es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que el peso de la instrucción la lleven los fiscales, lo cual es una exigencia de la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría tener como consecuencia la intervención por parte de la Fiscalía Europea del sistema judicial español, tal y como adelantamos hace un año en Diario16.
Tras ser impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, con Pilar Llop se paralizó después de que se conociera un informe negativo de la Fiscalía. En octubre, el Ejecutivo anunció que creaba un Grupo de Trabajo lnterinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.
El Ministerio de Justicia tampoco ha llegado a tiempo este mes de diciembre para trasponer la directiva europea de protección al denunciante de corrupción aunque anuncian que «solo quedan por cerrar algunos flecos pendientes» y que está previsto que en enero el Ministerio de Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros.
Precisamente, el refuerzo de la protección del denunciante fue una de las promesas de Pedro Sánchez en el debate de investidura, en el que también anunció la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con nuevas figuras penales.
