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Gaspar Llamazares Trigo / Miguel Souto Bayarri
Gaspar Llamazares Trigo, promotor de Actúa, y Miguel Souto Bayarri, profesor de la Universidad de Santiago.
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Todos los indicadores alertan sobre el recorte de la inversión en investigación en España desde 2008. Esta reducción de presupuestos para la ciencia nos condena a un futuro de atraso, impropio de un país moderno (la UE de los 27 dedica en torno al 2% del PIB al I+D; Alemania se acerca al 3% y España dedica el 1,2%). Que los niveles de nuestro país son tercermundistas si los comparamos con EEUU, China, Japón o Singapur es una evidencia respaldada por los datos, que contrasta con nuestro tránsito firme hacia un modelo en el que priman las actividades turísticas. Baste señalar que España ocupa el puesto 20 de los 27 Estados miembros, detrás de Grecia, Portugal e Italia, y tan solo por delante de los siete países del Este. España también está por debajo de la media europea en el número de investigadores y empleados en actividades de I+D+i.

Lo que resulta igual de sorprendente de este descenso hacia los empleos precarios y de baja cualificación es que no parece preocupar a nuestras élites gobernantes. La fundación Alternativas, en su último análisis sobre la Ciencia y la Tecnología, indica que, como resultado de esta caída, se ha producido una reducción importante en la aparición de artículos científicos españoles en las revistas de mayor repercusion internacional. Tampoco se debe olvidar que en el ranking de competitividad, España apenas alcanza el puesto 42 del mundo, con el agravante de que el 50% de los fondos presupuestados los últimos años para la financiación de I+D+i con las empresas se ha dejado sin gastar. En el último presupuesto no se ha ejecutado ni siquiera un tercio.

Hubo un tiempo pasado que fue diferente. En los comienzos de la Transición, muchos proyectos de investigación de pequeños grupos que se formaron en los departamentos por toda la geografía universitaria española recibieron una financiación adecuada, lo que impulsó a la universidad española de una manera determinante. Esto plantea una pregunta: ¿a dónde nos han llevado los recortes en la inversión de los últimos años que han hundido el gasto en investigación? A que muchos laboratorios hayan tenido que cerrar y a que la financiación haya seguido un modelo de concentración en pocas manos, principalmente en los grandes grupos que se han ido formando en centros e institutos de investigación, muchas veces alejados de los departamentos universitarios.

Pero ese modelo emite señales de agotamiento: menos publicaciones y con menos citaciones (los artículos que no reciben citaciones sirven fundamentalmente para hacer ingeniería curricular en los formularios de evaluación y para la promoción personal en las cátedras), con menos patentes y con escasa capacidad de transferir la investigación para que la sociedad se beneficie de la misma, lo que se ha denominado “desvinculación creciente entre la investigación y la innovación”… Y, como consecuencia, una fuga muy importante de jóvenes investigadores al extranjero y un marcado envejecimiento de las plantillas.

Si lo que se busca es revitalizar la investigación, habría que volver a dotar a las universidades de un amplio tejido de grupos de investigación y financiarlos oportunamente mediante convocatorias especiales, cofinanciadas por las comunidades autónomas. Hoy es más necesario que nunca un incremento de los programas que permitan repatriar en cinco años al menos a tres mil investigadores y un plan de recuperación de la inversión presupuestaria en I+D en el marco de un pacto de Estado. En definitiva, hace falta un Pacto estatal por la Ciencia: más financiación, menos burocracia y una mayor regularidad de las convocatorias de proyectos y de contratos pre-doctorales, como ocurre con las convocatorias europeas. Un Pacto por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación tecnológica, con un presupuesto cuatrienal aplicable cualquiera que sea el color político del gobierno.

Es necesario un esfuerzo específico en este sentido por parte del Gobierno en este periodo final de la legislatura. Para este camino, y para que nuestro país no se quede definitivamente rezagado en la carrera tecnológica, al lado de dar prioridad al rejuvenecimiento de la plantilla docente e investigadora de las universidades, sería esencial conectar la universidad y la investigación con las prioridades sociales. Esto es, hacer que la I+D tenga un valor social. Si estamos en una verdadera guerra contra la pobreza, como se ha dicho tantas veces, si percibimos que hay una asociación negativa entre las tecnologías y las desigualdades, si en los próximos años va a haber un gran aumento de la población mayor y un porcentaje muy importante va a necesitar cuidados, el objetivo debería estar claro: conectar la investigación con esos problemas.

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