Las leyes, en un gobierno justo, son para proteger la libertad de los ciudadanos y no para atacar sus derechos. La sentencia del Tribunal Europeo respecto a Junqueras (y, en el fondo, Puigdemont o cualquier otro cargo electo) nos deja una cosa muy clara: la voluntad de los ciudadanos ejercida mediante el voto, una vez han votado y elegido un candidato, está, a priori, por encima de las consideraciones de los jueces. Incluso, formalidades como jurar la Constitución, deja claro que son adornos innecesarios externos a ese derecho: Puigdemont y Comín son eurodiputados sin jurarla, algo que los políticos capitalinos consideraban ineludible y que muchos juristas ya advirtieron que no podía ser una condición. La lección dada por Europa (y la rápida reacción de Sassoli abriendo el parlamento a Puigdemont) es de un profundo calado. Me gustaría que la comparasen con dos acontecimientos que mezclan el poder judicial, la política y la reivindicación catalana.
1) Si bien no es la única causa, es aceptado que el recorte del Estatut catalán fue el detonante del crecimiento del independentismo. Ese Estatut fue aprobado por la población catalana en un referéndum, por el parlamento catalán y por el congreso español. A instancias de un partido político contrario (el PP) fue llevado al Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines a este partido debido al sistema de elección del poder judicial. El Tribunal Constitucional se “cepilló” el Estatut ante la indiferencia de la población española y el aplauso de sus medios. Cabe decir que solemos contentarnos con decir “cepilló”, desvirtuando la gravedad de lo sucedido: los catalanes actualmente se rigen por un Estatut que “no es el que ellos han votado”, sino el que han decidido unos jueces. El poder judicial, pues, pasó por encima del designio democrático del pueblo catalán, y por encima del Parlament y del Congreso que, como representantes del pueblo catalán y del español, lo aprobaron. Opino lo siguiente: lo que se tenía que hacer, para salvaguardar la democracia y los derechos fundamentales del pueblo, era adaptar la Constitución para encajar una decisión plenamente democrática. Imaginen, por un momento, que Podemos gana las elecciones por mayoría con la abolición de la monarquía como punto principal de su programa. Imaginen, ya de paso, que el PSOE se apunta. Imaginen que, por amplísima mayoría en el Congreso, declaran su abolición y la declaración de una república. Evidentemente, el Tribunal Constitucional diría que es anticonstitucional. ¿Se debería quedar aquí la cosa? ¿Mandarían los jueces por encima del designio de la mayoría de la población ante una decisión conforme a los Derechos Humanos? Si opinan que lo correcto, democráticamente hablando, sería modificar la Constitución para establecer esa república mayoritaria, ¿por qué callan todos cuando lo que se pisa son los derechos democráticos de los catalanes? ¿Porque consideran que no son los suyos? ¿Son ciudadanos de segunda? Esto es lo que les dijo España a los catalanes: que sus derechos fundamentales no están protegidos por la ley.
2) El segundo acontecimiento que mezcla política y poder judicial, es la reciente sentencia que inhabilita al Presidente de Cataluña, a la sazón el señor Torra. Valga de antemano que tendrán que hacer el esfuerzo de apartar su antipatía por la persona que ostenta el cargo, antipatía presumible dado que la falta de respeto, insultos y desprecio por este señor se ha convertido en un deporte gratuito, fácil y sin coste alguno, para la mayoría de medios (que consideren que se lo merezca o no, es irrelevante para la existencia de esa antipatía). Si consiguen verlo como simplemente el Presidente de Cataluña, elegido democráticamente por los diputados del Parlament como representantes del pueblo, fíjense: unos jueces deciden inhabilitarlo por desobedecer, durante unas horas, la indicación directa de descolgar una pancarta del balcón del gobierno durante la campaña electoral. No una pancarta que ataque los Derechos Humanos, sino que pedía la libertad de unos presos. Que esos presos ustedes los consideren presos políticos o políticos presos, es irrelevante: algunos de ellos después fueron elegidos diputados o senadores antes de ser sentenciados y, tal como dicta la sentencia del Tribunal Europeo, sus derechos (y de sus votantes) fueron vulnerados siguiendo la doctrina Junqueras (el TS debería haberlos dejado en libertad y pedir el suplicatorio correspondiente al Congreso y al Senado). Pero, vayamos más allá: ¿qué impedirá, en el futuro, inhabilitar un presidente que cuelgue una pancarta con un lazo lila y una bandera arcoíris? ¿Qué esto no sería una opinión política tendenciosa? ¿Y si Vox considera que sí, que aboga por un voto contrario a ellos y lo denuncia como una campaña institucional partidista? ¿Estarán ustedes de acuerdo si los jueces inhabilitan el presidente de, por ejemplo, Andalucía o la Comunidad de Madrid, porque durante unas horas ha desobedecido manteniendo la pancarta? ¿O clamarán que se le ponga una multa simbólica pero que no pueden inhabilitar un presidente elegido por el pueblo? Si opinan así, si opinan que los jueces estarían haciendo un uso forzado de la ley con intenciones políticas, ¿por qué callan ahora? ¿Porque Torra les cae mal? ¿Porque es el Presidente de Cataluña y no son sus derechos los afectados?
Muchísimos catalanes (y no todos independentistas) ven apesadumbrados como la sociedad española acepta que se vulneren derechos fundamentales por una sola razón: porque esos derechos consideran que solamente pertenecen a los catalanes, y creen que no les afectan. Y la verdadera brecha entre Cataluña y España es esta. No la existente entre los intereses políticos del PSOE y del PP frente a los de ERC y JxCat, sino que, mayoritariamente, la sociedad española acepta y consiente que los catalanes sean ciudadanos de segunda. Y es en esa connivencia y silencio profundamente antidemocrático donde se apoyan los partidos capitalinos, el rey y unos jueces que deciden el devenir político de los ciudadanos. Las consecuencias del recorte del Estatut, tardaron unos pocos años en vislumbrarse; las consecuencias de tratar a los catalanes como ciudadanos de segunda, también llegarán. Así pues, ante el rey (al que nadie vota), abajo el rey y hagamos la República. Ante los jueces- políticos (a los que nadie los vota), desobediencia para desnudarlos ante Europa. Y ante los partidos capitalinos (mayoritariamente votados por los españoles), independencia.
Coincido completamente con este lucido análisis, gracias.