Los líderes independentistas pretendían crear una “república digital”, pero se quedaron en el intento. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil relativos a la Operación Vóljov, que indaga en la estructura de financiación del “procés” soberanista. El objetivo era crear un modelo económico al margen de la regulación actual y alrededor de la criptomoneda. Por un lado, tras los acontecimientos acaecidos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 una de las alternativas que se planteaba en la estrategia independentista ante la posibilidad de que se suspendiese la autonomía y se inhabilitase a los miembros del Govern era, precisamente, activar la Asamblea de Cargos Electos y el Consell per la República, algo así como un Parlament y un Govern paralelos que permitirían seguir dirigiendo el devenir político y administrativo de los ciudadanos catalanes.
Por otro lado, los dirigentes soberanistas consideraron que una vía de escape al control del Estado era la digitalización, hasta el punto de acuñar el término de “república digital”. Tanto es así que en la confección del Govern de Quim Torra se nombró a Jordi Puigneró como consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas. Esa “república digital” giraba en torno al objetivo de crear una administración virtual en la que sus ciudadanos pudieran votar y realizar trámites en una Cataluña independiente, hasta el punto de expedir documentos de identidad. “Se inspira en el modelo de Estonia, donde la mayoría de los ciudadanos tienen una identidad digital y en este sentido es importante recordar que Jaume Cabaní [uno de los investigados] ha constituido una sociedad en aquel país, recientemente”, aseguran los informes de la Guardia Civil. Según ha publicado El Confidencial, Jaume Cabaní es un ingeniero industrial que se trasladó a Bélgica y que se ha registrado profesionalmente como informático en el edificio de Waterloo en el que se ha instalado Puigdemont tras fugarse de la Justicia española.
“Respecto a lo anterior y a raíz de la publicación del Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, se pretende actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma, entre ellas, la conocida como ldenticat, el proyecto de identidad digital soberana que puso en marcha la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes”, añade el sumario.
Además, la propia Generalitat estaría albergando información en servidores situados en los conocidos “paraísos digitales”. Con el Real Decreto se pretendía, entre otras cosas, obligar a todas las administraciones a contratar sus servidores dentro de la UE para que se pudiera tener un control de la información digital, garantizando medidas de seguridad en materia de identificación a través del DNI y de la identificación electrónica entre las administraciones públicas, así como la seguridad en la ubicación de las bases de datos y de los datos que ceden otras administraciones regulando, además, medidas en materia de contratación pública, todo ello para reforzar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
“Nuevamente conviene traer a colación que durante el referéndum y ante la imposibilidad de repartir tarjetas censales, la Generalitat habilitó una web en la que introduciendo ciertos datos personales era posible conocer el colegio electoral en el que ejercer el voto. Sin duda, ese hecho pudo haber supuesto una vulneración en la protección de los datos de los ciudadanos, pues se desconocen los servidores en los que los mismos estaban alojados, así como el tratamiento del que fueron objeto”, concluye el informe de la Benemérita.
“No obstante, y en lo que a esta investigación interesa, la república digital estaría siendo impulsada por el Consell de la República liderado por Carles Puigdemont, y en su implementación surgiría de nuevo la figura de Jaume Cabaní, pues sería él la persona responsable de coordinar desde Waterloo los trabajos de implementación de semejante proyecto en conexión directa con el Departamento de Políticas Digitales, pues ambos son dirigidos por la formación de Junts per Catalunya”, añaden los investigadores.
“Todo ello por su estrecha relación y situación estratégica en la esfera de poder del expresidente Carles Puigdemont”. Si este hecho se confirma, indudablemente ratificaría el desvío de fondos públicos para fines ajenos a los que deben destinarse, “siendo Jaume Cabaní directamente responsable del mal uso de los mismos”, pues estaría financiando sus proyectos, ordenados por el Consell de la República, con dinero público.
Por todo ello, la posibilidad de utilizar el bitcoin (moneda digitial) y aprobar una legislación que lo regulase no eran materias ajenas a Víctor Terradellas y Jaume Cabaní sería el “principal responsable en materia tecnológica para su implementación desde Waterloo”. Además, no hay que olvidar que los líderes soberanistas vienen fomentando las relaciones diplomáticas de Cataluña para obtener reconocimiento internacional, y con ese objetivo se había creado el Departamento de Asuntos Exteriores dirigido por Raül Romeva, que hubo de cambiar el nombre a Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia.
En materia de relaciones internacionales el propio Terradellas habría mantenido contactos con personas vinculadas a Rusia. Pero es que además parece evidenciarse la necesidad de entablar “contactos con entidades del sistema financiero”, considerando que esto no es más que el fruto de la presión y control que la propia normativa ejerce sobre la proliferación del blanqueo de capitales, “puesto que sin el beneplácito de una entidad financiera difícilmente podrían escapar al control de las autoridades en temas tan delicados como los movimientos sospechosos de capital”.
En este sentido, altos cargos del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, “como Josep Lluís Salvadó y el actual vicepresidente Pere Aragonés”, realizaron viajes por Europa para reunirse con representantes de entidades de calificación de deuda y entidades financieras, pues uno de sus objetivos era poder financiarse en los mercados internacionales en caso de declarar la independencia. Hechos que se contrastaron en las investigaciones del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.
