Ayer tenía lugar la vista ante el Tribunal de Cuentas donde se ventilaban las cantidades de las que debería responder cada una de las personas investigadas en un procedimiento que tiene más sombras que luces.
Las prisas con las que ha actuado el Tribunal de Cuentas bien podrían deberse a que el mandato de sus cargos expira precisamente esta semana, algo sobre lo que el Partido Popular ya ha anunciado que no facilitará su renovación, al igual que está sucediendo con los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Después de conocerse las cantidades que se exigen a los casi cuarenta altos cargos de la Generalitat, que han venido desempeñando sus funciones desde el año 2011 a 2017, las reacciones han sido diversas. Entre ellas, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, anunció que se presentaría la correspondiente acción judicial ante la justicia belga, país donde reside el President en el exilio.
«Haremos uso de todos los mecanismos para exigir responsabilidades por este acto. Querella o demanda. No escatimaremos esfuerzos porque es claramente un atropello» indicó el letrado para El Nacional.
Concretamente se exige a Carles Puigdemont el pago de casi dos millones de euros, de los que deberá responder con su propio patrimonio de manera inmediata, antes de que se determine si realmente le corresponde pagar esta cantidad. El Tribunal de Cuentas funciona de este modo: primero requisa y después, en caso de no resultar condenatorio, devuelve. Pero mientras tanto, priva de sus bienes a las personas investigadas.
El Tribunal de Cuentas no ha solicitado procedimiento suplicatorio ante el aforamiento del eurodiputado
Una de las claves para la presentación de la acción judicial por parte de la defensa de Puigdemont es, precisamente, que en estos momentos, el president en el exilio se encuentra aforado al ser parlamentario europeo y al haberse admitido las medidas cautelares solicitadas ante el Tribunal General de la Unión Europea, que está conociendo del recurso presentado por Puigdemont, Comín y Ponsatí ante la retirada de su inmunidad en el Parlamento Europeo.
Por primera vez en la historia de la institución europea el Tribunal General ha paralizado su decisión y ha devuelto la inmunidad a los independentistas catalanes, garantizando así su protección ante los ataques posibles que reciban en este tiempo hasta la llegada de la resolución. Y por este motivo, para poder juzgarles se debe pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo, cosa que el Tribunal de Cuentas no ha hecho.
La encargada de la instrucción del caso, María Esperanza García Moreno, ha señalado que no era necesario solicitar este paso, algo que no comparte el abogado Gonzalo Boye.
Vulneración de derechos de los investigados
Señalan las defensas de los investigados que en este procedimiento están siendo vulnerados distintos derechos fundamentales: derecho a una defensa efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva, a la imparcialidad de un juez determinado por la ley, al derecho a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica y la vulneración de la buena fe procesal.
A la espera de las acciones que se lleven a cabo para iniciar la vía judicial
Gonzalo Boye explicó ayer que están a expensas de conocer cuáles serán los pasos que dé a partir de ahora el Tribunal de Cuentas, que por el momento «solamente ha hecho papeles». Esto significa que, en caso de actuar y disponer de alguno de los bienes del señor Puigdemont, se interpondrá la pertinente demanda o querella.
