A veces las grandes luchas entre emporios empresariales y holdings competidores terminan salpicando a los políticos. Es lo que parece haberle ocurrido a Ximo Puig, que hace solo unas semanas se las prometía muy felices tras cerrar el acuerdo del Botànic II con Compromís y Podemos, renovando así en su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. La tranquilidad parecía llegar de nuevo al Consell, pero hace apenas unas horas la prensa regional valenciana se hacía eco de un asunto que afecta directamente al líder del PSPV y que ya es portada en los diarios nacionales de todo el país. El affaire tiene que ver con la polémica decisión del Gobierno valenciano de “sanear” con dinero público a un medio de comunicación −el diario castellonense Mediterráneo−, del que precisamente es accionista el presidente autonómico. Así, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un banco de carácter público, condonó el 70% de los 1,9 millones de euros al Grupo Zeta, que hasta hace unos días controlaba el 84% de las acciones de Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), la editora del rotativo castellonense.
El punto poco estético llega al saberse que Puig ha logrado unos beneficios de hasta 11.000 euros con sus acciones en un periódico que ha sido regado con hasta 600.000 euros en publicidad −547.000 inyectados directamente desde el departamento de Presidencia desde el año 2015−, según publicaba en su edición del pasado día 11 el digital El Confidencial. Durante años, Zeta fue adquiriendo acciones hasta hacerse con la mayoría del capital de Mediterráneo, hasta que hace algunas semanas el diario ha pasado a manos de Editorial Prensa Ibérica (EPI), el grupo de Javier Moll, que entre otros periódicos controla Levante-EMV, una cabecera que siempre se ha considerado amiga del PSOE valenciano.
Puig siempre ha alegado motivos sentimentales y románticos para no deshacerse de sus participaciones en Mediterráneo (fue periodista antes de dar el salto a la política con Joan Lerma) y nunca ha ocultado su relación con el medio castellonense. Pero la pregunta resulta inevitable: ¿es ético que el presidente de una comunidad autónoma posea acciones (hasta 200, según El Confidencial) en un diario regional? De momento, Puig solo ha contestado a los periodistas en Montanejos y en Bruselas, cuando lo lógico sería que compareciera en el Parlamento valenciano para que explicara el asunto de sus acciones y de paso los entresijos de la reciente operación de venta de Mediterráneo a EPI, el holding de diarios regionales de Javier Moll al que pertenecen, además de Levante-EMV, otros muchos periódicos locales como el asturiano La Nueva España o el murciano La Opinión. Y debe explicarse porque, por lo visto, a la compra del rotativo de Castellón no solo optaba el Grupo Moll, sino también Jaume Roures, el poderoso gerente de Mediapro. En efecto, a finales del pasado año la prensa catalana se hacía eco de un terremoto en el mundillo de los medios de comunicación: Roures lanzaba una contraoferta para evitar que Mediterráneo cayera en manos de EPI. De esa manera, el empresario catalán interfería en los planes de Moll, que tenía prácticamente cerrada la operación. Roures, a quien sus enemigos sitúan en las filas proindependentistas (él lo niega), se metió en la puja intempestivamente, alentando los rumores de guerra política por el control de los medios. La batalla entre esos dos gigantes de la comunicación –Roures por el bando indepe y Moll por el unionista– había comenzado. Finalmente, y tras un intercambio de ofertas y contraofertas al Grupo Zeta, Moll ganaba la puja y se hacía con el holding, por tanto también con Mediterráneo, el querido periódico de Puig. Hay quien quiere ver en esa operación una maniobra política para tratar de evitar que Roures gane espacio en el sector de la prensa valenciana, una comunidad donde, por proximidad geográfica, el conflicto del ‘procés’ catalán es cada vez mayor.
Sea como fuere, resulta evidente que además de las cuestiones particulares de Puig, además de sus intereses económicos con las acciones de Mediterráneo, hay un trasfondo político en toda esta historia que debe ser aclarado. De momento, su vicepresidenta y socia de coalición, Mónica Oltra, ya ha respaldado la versión del president sobre sus 210 acciones del diario castellonense valoradas en 178.000 euros y sobre la quita del Institut Valencià de Finances (IVF) que benefició al diario de Castellón. Por cierto, la primera consecuencia de la compra de Mediterráneo por el Grupo Moll ha sido el cierre fulminante de Levante de Castelló, la histórica delegación de Levante-EMV con más de 28 años de historia que ha investigado a fondo asuntos tan importantes como el caso Fabra. Algunos periodistas que trabajaban allí han sido absorbidos y reubicados en la plantilla de Mediterráneo. Otros han pagado el pato del negocio de Moll con el despido. Son los daños colaterales de ese juego de tronos por el control mediático que Ximo Puig debería aclarar compareciendo en la Cámara autonómica para dar las explicaciones oportunas.
