¿Puede España estar orgullosa de su justicia?

Cada día me escandalizo más, al enterarme de cómo funciona la justicia en España. No sé en qué parámetros se rige para considerar cuando unos delitos han prescrito y cuando no. Antes de la famosa transición del 78 (modélica según dijeron y presumieron), se promulgó una ley de amnistía para salvarles el culo de toda responsabilidad, a todos los que, de una forma u otra, perpetraron, silenciaron o ignoraron los crímenes del franquismo

Esta ley no fue reconocida a escala internacional y rechazada por la organización de las Naciones Unidas. La misma ONU y Amnistía Internacional riñeron el gobierno por la ley ilegal y la carencia de investigación de los miles de cadáveres, todavía a las cunetas de toda la península. También criticó a España por no permitir investigar y juzgar los culpables de crímenes del franquismo.

Después de los hechos execrables acaecidos en Córdoba y Badajoz, iniciada ya la guerra civil, la represión continuó contra los vencidos ya terminada la contienda. A modo de ejemplo, solo en Cataluña hubo 81.000 personas procesadas, 78.000 imputadas en consejos de guerra, 3358 fueron fusiladas y 648 murieron en prisión. Además se tendría que tener en cuenta las depuraciones, los exilios, los campos de concentración y los desaparecidos.

El principio de justicia universal, al que recorrió Garzón para abrir causas contra los militares argentinos que no podían ser juzgados en su país, no es válido con el franquismo. Así lo cree el Gobierno del estado, que apela a otro principio jurídico internacional, el de subsidiariedad, para defender su potestad en esta materia después de las querellas presentadas a los juzgados argentinos por familiares de víctimas españolas. Este principio sostiene que un asunto se tiene que resolver por la autoridad próxima al objeto del problema, exceptuando cuando el país no pueda garantizar los mínimos requisitos exigibles.

El gobierno asegura que España cuenta con un “sólido Estado de Derecho, donde funciona la ley, la justicia es independiente y está reconocida en todo el mundo”. Pero fuentes gubernamentales desvincularon las leyes de obediencia debida y punto final que regían en el país sudamericano hasta que fueron anuladas en 2006. La ley española data de 1977.

La Fiscalía General del Estado ha prohibido, mediante orden de obligado cumplimiento, a todos los jueces y fiscales españoles, de atender familiares de las víctimas para dar testigo de los hechos, ya sea por torturas y desaparecidos durante la guerra civil o durante la dictadura. El objetivo es que estos testigos no vayan a parar al sumario de la juez de Buenos Aires María Romilda Servini.

La ley de amnistía española no es de «punto final» y se exigió que se añadiera un artículo donde se reconociera el derecho a juzgar la dictadura por casos de genocidio o de lesa humanidad. La ley sigue vigente y ningún ejecutivo, hasta ahora, ha tenido intención alguna de modificarla.

¿En que se basó la señora Madrigal declarando que los crímenes del franquismo habían prescrito? La legalidad de esta afirmación está en entredicho. ¿Solución? Obstruir la justicia impidiendo que jueces y fiscales atiendan a los familiares de las víctimas. Bueno será recordar que Fernández Díaz presumía que la fiscalía «afinaba las cosas» y que el PP, nunca ha querido condenar el franquismo y sus crímenes. O sea: «Justicia a la Española».

¿Qué piensan ustedes, mis queridos lectores? ¿A esto llaman justicia independiente, estado de derecho y reconocimiento internacional? ¿Cuantas sentencias han sido anuladas o modificadas por los tribunales de justicia europeos? ¿Por qué en términos judiciales se nos compara con Turquía o Bulgaria? Creo que el problema viene de lejos porque en España, en muchos aspectos, la justicia entre los más importantes, está bastante estancada entre finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Podemos en verdad sentirnos orgullosos de ella?