EL Gobierno ha anunciado su intención de impugnar varias de las resoluciones aprobadas el jueves en el Parlament de Cataluña una vez que se publiquen oficialmente, por entender que «son una clara extralimitación» de la cámara legislativa autonómica y «un ataque a la convivencia entre los catalanes», pero ha descartado recurrir a una nueva aplicación al artículo 155 de la Constitución para atajar la situación, porque cree que «no se dan» las circunstancias para ello.
En no aplicar el 155 es algo en lo que coinciden el PSOE y el PP, frente a la propuesta de Ciudadanos.
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo actuará con «serenidad y firmeza ante los acontecimientos vividos en Cataluña”, ha asegurado que «no consentirá ningún ataque» al Estatuto de Autonomía y a la Constitución y ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, que «deje claro su respeto a las leyes de la democracia y los principios del Estado de Derecho, uno de cuyos elementos básicos es la separación de poderes».
En nombre del Gobierno, Celáa ha insistido en afear la actitud del presidente de la Generalitat tras la detención de siete activistas pertenecientes a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados por la Fiscalía de preparar acciones terroristas con explosivos, y ha exigido a Torra «una actitud muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia».
