El documento programático con las 370 medidas que Pedro Sánchez ha remitido a Pablo Iglesias para tratar de convencerlo de que le dé la investidura como presidente del Gobierno recoge numerosas propuestas en políticas de empleo que ya estaban en el programa electoral de la formación morada. Aun así, y pese a que el texto socialista está fabricado con ideas de Unidas Podemos, fuentes parlamentarias muestran su pesimismo sobre la posibilidad de un acuerdo y a esta hora no parece que Iglesias esté dispuesto a aceptarlo. Y es que el líder de Podemos sigue insistiendo en que su partido debe formar parte del Consejo de Ministros en un Gobierno de coalición.

Sin embargo, tras una simple lectura somera del texto se aprecian importantes guiños a los postulados podemitas. Así, en el capítulo de empleo y política social que los socialistas ofrecen a sus hipotéticos socios de gabinete, se aprecian importantes coincidencias que llevan a pensar que ambos partidos no deberían estar tan lejos de entenderse, ya que sus posiciones están alineadas en lo que podría llamarse un programa íntegramente de izquierdas.

“Iniciaremos el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable”, propone el documento. Además, el programa recoge la intención de reforzar el principio de causalidad en la contratación, de tal forma que los contratos indefinidos sean el modelo habitual y ordinario de acceso al empleo para los trabajadores. “Profundizaremos el cambio de modelo laboral y salarial basado en una política de rentas progresista, el desarrollo de sectores industriales y de servicios, y mejorando la efectividad de las políticas activas de empleo”. Una de las medidas estrella es “seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de esta Legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea”.

La propuesta incluye la revisión de la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y garantizar efectivamente los derechos de las personas que trabajen bajo ese régimen, mayoritariamente las mujeres.

En cuanto a la finalización de los contratos, se tratará de reformar la regulación para revisar las causas del despido objetivo, aunque no se entra en especificar más claramente en qué consistirá esa nueva regulación. “Reformaremos la legislación sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, y para asegurar los derechos de los trabajadores”. Precisamente la subcontratación es uno de los grandes cánceres del mercado laboral español.

Sin duda, uno de los principales escollos para el acuerdo se sitúa en la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. “Recuperaremos los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando su regulación para favorecer soluciones negociadas con equilibro entre las partes. En el marco del diálogo con los agentes sociales analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya los siguientes aspectos…”. En ese punto el documento hace una descripción algo más detallada de los artículos de la ley Rajoy que serán abolidos, como ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo más allá de las previsiones contenidas en el mismo tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo; revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo; reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral; y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Además, el PSOE propone reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y tiempo parcial y combatir la economía sumergida. En cuanto a los falsos autónomos, el texto asegura que “implementaremos medidas para combatir los supuestos de contratación de personas que son falsas autónomas. Mejoraremos las subvenciones al emprendimiento y orientaremos la política de empleo hacia trabajos dignos, de calidad y estables”.

Además, se incluirán dentro de la formación profesional oficios tradicionales de alta cualificación y adaptados a los nuevos retos tecnológicos y de la economía digital. La intención es ratificar la Carta Social Europea revisada y su Protocolo adicional. Así como reforzar el ya existente Plan de Choque por el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos para su fomento. Medidas todas ellas de calado progresista y que deberían servir para acercar posiciones entre PSOE y Podemos. Otras cosa es que las desavenencias personales e incompatibilidad de caracteres de ambos líderes políticos se impongan, una vez más, a los intereses generales del país.

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