El día que se constituyó el Gobierno de coalición, tras arduas y tortuosas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, nadie era capaz de imaginar que ese Consejo de Ministros tendría que hacer frente a una pandemia de proporciones colosales con decenas de miles de muertos, a la peor crisis económica desde la Guerra Civil (con un hundimiento total del turismo y un desplome general de la producción industrial) y al exilio de Juan Carlos I, tal como ha ocurrido con tantos borbones en negras y convulsas épocas pasadas de nuestra historia. Si Pedro Sánchez hubiese tenido en sus manos la mágica bola de cristal para ver anticipadamente los males y retos a los que tenía que enfrentarse, probablemente habría salido corriendo. Ningún político, por muy optimista que sea y por mucho que haya escrito un manual de autoayuda y triunfo personal, está preparado contra este Armagedón. Para sacar de la ruina a la España de 2020 hay que ser poco menos que Superman. Sánchez posee el mentón de superhéroe, pero de momento, que se sepa, solo puede volar en un Falcon.

El problema del independentismo, que hace solo un año parecía el principio del fin de la nación española, es poco menos que una fuerte brisa del pasado. Hoy Sánchez tiene que afrontar un ciclón histórico, más las nueve plagas bíblicas y el Apocalipsis, pero es lo que le ha deparado el destino y con esas pruebas, a la manera de Hércules, tiene que lidiar. En los últimos días el coronavirus y la crisis han pasado a un segundo plano y el mayor foco de tensión se ha situado en la decisión del rey emérito de abandonar el país. Este hecho, que parece sacado de la España de los pronunciamientos y revoluciones del siglo XIX, está provocando fuertes tensiones en el seno del Gobierno de coalición. Sánchez, quien sin duda debe pensar que la nación ya tiene suficientes problemas como para abrir el peligroso melón de un referéndum monarquía/república, ha decidido dar todo su apoyo a Felipe VI como garantía de estabilidad en un momento especialmente delicado para el país. Por contra, el vicepresidente Pablo Iglesias se resiste a renunciar a su republicanismo. La doble alma, el doctor Jekyll y el señor Hyde del Ejecutivo de coalición, se agitan con más fuerza que nunca, ya que no hay otro asunto que genere más fricción entre socialistas y morados que el endémico e irresoluble problema de la forma de Estado que debe regir en el país.

Sánchez ha apostado sin ambages por la continuidad, por el conservadurismo que supone seguir manteniendo la monarquía parlamentaria. Según el líder socialista, la Constitución “no se puede trocear y seleccionar a capricho” y ha pedido a sus militantes de base lealtad a la Carta Magna. “A toda, de principio a fin, y la defenderemos a las duras y a las maduras”, ha afirmado con vehemencia. Eso sí, deja el caso del emérito en manos de la Justicia, puesto que “todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones”. Así, dando una de cal y otra de arena, cree salir airoso de la encrucijada.

Sin duda, el sermón constitucionalista de Sánchez ha escocido en el socio de Gobierno más izquierdoso y revolucionario. A Iglesias y sus ministros les debe resultar un tanto esquizofrénico formar parte de un gabinete que apoya abiertamente a la dinastía borbónica. Tiene que ser desquiciante llevar una bandera tricolor pegada en el maletín o en la mascarilla antivirus y sentarse en el despacho oficial de Moncloa para cerrar un documento de apoyo a Felipe VI. Unidas Podemos considera que la esencia de la Constitución está en la soberanía popular, de manera que corresponde al pueblo español elegir qué modelo de Estado quiere darse. El problema es que ese referéndum se antoja todavía distante, ya que no existe un consenso mayoritario como en el 78 y la suma de votos en el Parlamento queda muy lejos de jugar a favor de aquellos que pretenden abrir un proceso constituyente.

De modo que a Unidas Podemos solo le queda el recurso siempre amargo del pragmatismo y si quiere seguir gobernando tendrá que tragarse el sapo del rey. Romper con el PSOE por razones ideológicas supondría abocar al país a unas nuevas elecciones, con el consiguiente riesgo de ascenso de la extrema derecha. Pablo Iglesias es consciente de que su sueño de ver una España republicana es todavía inalcanzable, sobre todo porque las matemáticas no dan. “No soy ingenuo, pero tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España”, se ha limitado a reconocer no sin cierto laconismo y en tono derrotista. El trastorno de personalidad en la formación morada empieza a ser grave, ya que mientras un sector de la militancia morada exige un referéndum ya, sin más dilación ni condiciones, Iglesias se ve obligado a guardar la tricolor en el baúl, una vez más, por responsabilidad de Gobierno. La tensión es máxima, el riesgo de escisión para la formación morada es cada vez mayor y todo apunta a una nueva Asamblea de Vistalegre que resuelva el crucigrama.

Mientras tanto, el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, pide la comparecencia de Felipe VI y de la vicepresidenta Carmen Calvo para explicar la “huida” del emérito. Un brindis al sol, un postureo republicano, ya que acto seguido Asens entiende que hacen falta “instituciones robustas” y eso “pasa porque ninguna institución esté por encima de la ley”, entre ellas la Casa Real. Al considerar que es preciso romper con el “círculo de opacidad” que ha envuelto a la Jefatura del Estado y acabar con el “clima de impunidad” y con el delito de calumnias a la Corona, el portavoz morado está reconociendo, implícitamente, el statu quo monárquico. Admite que existen discrepancias entre los socios de Gobierno sobre el modelo de Estado, pero augura que ambas partes (socialistas y podemitas) se pondrán de acuerdo finalmente. De alguna forma, se tata de un reconocimiento implícito de que un referéndum, a fecha de hoy, es prácticamente imposible. Lo que supone aplazar el debate sine die. O lo que es lo mismo: aceptar una nueva derrota de la causa republicana.

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