La Mesa del Congreso acaba de rechazar la investigación parlamentaria al Rey Juan Carlos. El PSOE se ha unido al PP y VOX para impedir esta investigación en el Congreso por las supuestas ”mordidas” del Rey Emérito por las obras del Ave a la Meca en Arabia Saudita.
Se lo han puesto fácil los letrados del Congreso a los socialistas, ya que ayer los abogados del parlamento argumentaron que no sería adecuada esta investigación al ser contraria a su inviolabilidad cuando era jefe del Estado.
La solicitud de una comisión de investigación por parte de todos los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez ha tenido lugar después de que la Fiscalía del Supremo iniciara una investigación sobre sí Juan Carlos I cometió blanqueo y delito fiscal por los comisiones del AVE a la Meca.
Los letrados se lo ponen fácil
La investigación trata de conocer la relevancia penal de los hechos que ocurrieron con posterioridad a que el Rey Emérito abdicase en junio de 2014.
Sin embargo, los letrados del Congreso consideran inviolable a Juan Carlos I antes y después de abdicar.
Los letrados del Congreso obvian el criterio de Fiscalía y rechazan investigar al emérito por su inviolabilidad «absoluta», contra la propuesta avalada por Unidas Podemos y otros grupos.
– Constitución 1978. Título II. De la corona Artículo 56.3
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
– Artículo 64
1.- Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2.- De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
– Si «al emérito» la Constitución le avala, se deduce o da a entender que, el latrocinio y las comisiones cobradas han sido refrendadas por los distintos Gobiernos.
Entonces la Fiscalía y los Letrados del Congreso deben pedir cuentas a los responsables de esos delitos, sean antiguos Presidentes o Ministros en esa época.