Unidos Podemos ha registrado junto al PSOE, una Proposición de Ley para la derogación del voto rogado, que se tramitará por la vía de urgencia con el objetivo de que los españoles residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades y con garantías en las convocatorias electorales del próximo mes de mayo.

Más de 2.400.000 de españoles/as residen en el extranjero, en cambio, tan solo un 7,6% pudieron ejercer su derecho al voto. ¿El motivo? En 2011 el partido popular se inventó el voto rogado, un trámite burocrático para que aquellas personas que habían sido expulsadas de su país por los recortes y la precariedad tuvieran casi imposible ejercer su derecho constitucional y que restringe el voto de los españoles que residen en el extranjero. Este sistema es una clara dificultad en el ejercicio un derecho fundamental.

Irene Montero, portavoz del Grupo Parlamentario morado, ha recordado que esta es “una cuestión fundamental por la que hemos peleado desde que nacimos”. Asimismo, la portavoz ha manifestado la esperanza de que Ciudadanos “mantenga su compromiso de eliminar el voto rogado y llegar a las próximas elecciones de mayo con el voto rogado suprimido y la posibilidad de que los españoles en el extranjero puedan participar de reforma efectiva en esas elecciones”.

Más de 2.400.000 de españoles/as residen en el extranjero, en cambio, tan solo un 7,6% pudieron ejercer su derecho al voto

El portavoz socialista de Constitucional, Gregorio Cámara ha explicado que “el objetivo es mejorar y establecer un procedimiento adecuado para el ejercicio del derecho al voto de todos los españoles residentes en el exterior, en condiciones de igualdad y de manera justa”. Los socialistas confían en que sea posible que entre en vigor antes de las próximas elecciones del 26 de mayo, para lo cual solicitan su trámite por procedimiento de urgencia y en lectura única.

Para Podemos la derogación de aquella medida ha sido siempre una prioridad, máxime cuando nuestro país ha sufrido un verdadero éxodo juvenil, y cuando el resultado de las urnas puede determinar sus posibilidades de retorno.

Con la reforma de 2011, que estableció el voto rogado, “el voto exterior se ha  visto considerablemente mermado”, ha denunciado Cámara, de manera que en las elecciones generales la participación de los españoles residentes en el exterior se contabilizada entre el 4 y el 6%. Por ello, “era urgente una solución para un colectivo más de 2 millones de personas que por problemas de organización y de procedimiento no pueden ejercer el derecho fundamental a participar en los procesos electorales”.

La iniciativa –ha señalado el portavoz socialista- “asume en sus elementos esenciales la propuesta que ha venido elaborando el grupo de trabajo formado por representantes de los ministerios de Exteriores e Interior y por los miembros de la oficina del censo electoral, técnicos y expertos que conocen bien cuáles son los temas a abordar y cómo hacerlo, lo que garantiza que se trata de propuesta técnica y políticamente de calidad”.

En 2011 el PP se inventó el voto rogado, un trámite para que aquellas personas que habían sido expulsadas de su país por los recortes tuvieran casi imposible ejercer el derecho al voto

“Hemos procurado conseguir el mayor consenso posible”, ha asegurado Cámara, quien ha lamentado que “el Partido Popular se ha opuesto in extremis y ha presentado su propia propuesta, que tiene muchos defectos y es inviable, según el grupo de expertos” y confía en que el resto de los grupos parlamentarios “se sumen durante la tramitación” a la iniciativa.

Para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior, la Proposición de Ley contempla, entre otras medidas, la eliminación el ruego del voto, la utilización de una papeleta en blanco que será rellenada por el elector manifestando su voto, la ampliación de los plazos de emisión y envío del  voto por correo y del voto en urna, y la agilización en el procedimiento y el envío de la documentación por parte de la oficina del censo electoral. Todo ello, “manteniendo y reforzando las garantías existentes en la legislación electoral”.

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