El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha anunciado que el Grupo Socialista va a solicitar la interpelación en el próximo pleno del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para pedir su reprobación con la consecuente moción. El PSOE registró una PNL (Proposición no de Ley) con el objetivo de reprobar a Montoro, al conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró la inconstitucionalidad de la Amnistía Fiscal del Gobierno de Rajoy.

En esta interpelación socialista se recuerda la amnistía fiscal diseñada y aplicada por el Ministro de Hacienda, aprobada en 2012 durante la anterior legislatura, -por el Gobierno presidido por Rajoy-, que el PSOE califica de “injusta e inmoral”, creada esta amnistía para “perdonar el pago de sus obligaciones tributarias a los grandes defraudadores”.

Los socialistas sostienen que “mientras el Gobierno de Rajoy subía los impuestos a los trabajadores, con subidas extraordinarias del IRPF y el IVA”, esta amnistía “otorgaba un tratamiento fiscal mucho más favorable para quién había incumplido sus obligaciones tributarias”.

El Grupo Socialista denuncia en el Congreso que “esta amnistía fiscal garantizaba la impunidad a delincuentes y defraudadores fiscales, permitiéndoles blanquear dinero negro”, porque según afirman desde el PSOE “se podían acoger a ella sin tener que justificar el orígen del patrimonio aflorado”. También han subrayado que “al favorecer este blanqueo de capitales, esta amnistía fiscal no solo dificultaba la lucha contra el fraude, sino que obstaculizaba la lucha contra la corrupción”. Finalmente, desde la portavocía de Ábalos se pone en evidencia que a esta amnistía fiscal se han acogido Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, incluyendo a familiares de Pujol.

“El Tribunal Constitucional, cinco años después, ha dado la razón al PSOE”, se subraya en la interpelación, que recuerda que fue el Grupo Socialista quien pidió al TC el 25 de junio de 2012, que declarara la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de Montoro.

El PSOE ha advertido que “si la sentencia no va a tener consecuencias económicas en los defraudadores –por aplicación del principio de seguridad jurídica-, al menos es imprescindible que tenga consecuencias políticas en el Ministro de Hacienda que, saltándose principios fundamentales de nuestra Constitución, les facilitó la impunidad”, apuntando a los presuntos defraudadores, y a la responsabilidad política del Partido Popular.

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