A medida que la pandemia de COVID-19 continúa, el gasto de dinero público de muchos países en pruebas del virus continuó aumentando en 2022 y, sorprendentemente, está superando incluso a los momentos más duros de la pandemia.
Hasta el 31 de octubre del pasado año, en Estados Unidos, Medicare ya había gastado 2.000 millones de dólares en pruebas de COVID-19 en 2022, una cantidad que superará el total del año pasado a medida que se presenten reclamos. Así lo indican los datos hechos públicos por CareSet, una organización de investigación que trabaja para hacer que el sistema de salud norteamericano sea más transparente.
La cantidad gastada hasta octubre de 2022 se compara con los 2.000 millones de todo 2021 y los 1.500 millones en 2020, según datos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El fraude y el gasto excesivo están contribuyendo este incremento del gasto porque el dinero público para las pruebas de COVID-19 no está sujeto a algunas de las mismas restricciones financieras y reglamentarias que otras pruebas cubiertas por Medicare, el programa de seguro del gobierno para personas con discapacidad y para los mayores de 65 años.
Los costes crecientes preocupan porque la necesidad de incentivos financieros para expandir la disponibilidad de las pruebas ha pasado.
Al principio de la pandemia, las pruebas eran críticas para frenar la propagación del virus y escaseaban. Entonces, el gobierno de Estados Unidos promulgó medidas para que fuera más rentable ingresar al negocio de las pruebas de COVID-19.
Estas medidas incluyeron una generosa tasa de reembolso de Medicare, requisitos para que el seguro privado cubra las pruebas, incluso obligar a los planes de seguro a pagar cualquier precio en efectivo que exigieran los proveedores fuera de la red, laboratorios, y un fondo considerable para evaluar a aquellas personas que no tenían seguro.
Esas medidas lograron atraer laboratorios nuevos y existentes al negocio de COVID-19 y ayudaron a garantizar que la mayoría de las personas tuvieran acceso a las pruebas, incluso si algunas enfrentaban esperas excesivas para obtener sus resultados.
Pero los incentivos también atrajeron a especuladores de precios, estafadores y personas sin experiencia en el negocio de los laboratorios. El resultado fue un enfoque caótico que iba desde programas de prueba fallidos y confusión sobre los nuevos requisitos hasta un fraude total.
Un laboratorio con sede en Chicago, Northshore Clinical, usó conexiones políticas en Nevada para acelerar la concesión de licencias y generó un gran volumen de facturación a través de acuerdos con distritos escolares, universidades y gobiernos locales. También se produjeron prácticas de facturación cuestionables que peritos en seguros describieron como fraudulentas. Un estudio de las pruebas de Northshore en el campus de la Universidad de Nevada en Reno encontró que la compañía pasó por alto el 96% de los casos de COVID-19 durante diciembre de 2021.
La compañía presentó 600 páginas de documentación a los reguladores estatales para respaldar su afirmación de que arregló las deficiencias detectadas por los inspectores, pero finalmente le pidió al estado que cancelara su licencia y se retiró de Nevada antes de que terminara la investigación.
El 20 abril de 2022, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra personas en ocho estados que supuestamente enviaron más de 149 millones de dólares en facturas falsas de COVID-19 a programas federales. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud también realizó análisis de los datos de Medicare, incluso para un informe publicado recientemente, al que Diario16 ha tenido acceso, que encontró que 378 laboratorios habían facturado a Medicare por costosas pruebas complementarias en «niveles cuestionablemente altos» después de evaluar a las personas para detectar COVID-19.
Los fiscales generales en un puñado de estados han tomado medidas contra los laboratorios por falsificar resultados, cobrar tarifas por «resultados acelerados» que llegaron días después y prácticas de marketing engañosas.
Los programas para pagar las pruebas de COVID-19 no son los únicos fondos de asistencia para la pandemia que han atraído a personas que buscan obtener ganancias rápidas. Los préstamos del Programa de Protección de nóminas se destinaron a negocios falsos o se gastaron en artículos de lujo en lugar de mantener a las personas empleadas. Los programas estatales ampliados de desempleo también vieron un fraude sin precedentes que una contabilidad parcial del gobierno estadounidense estima en 57.300 millones de dólares.
Según los datos de CareSet, más de 2.300 nuevos laboratorios se han inscrito como proveedores de Medicare desde que comenzó la pandemia y han estado facturando por las pruebas de COVID-19, prueba de la mayor capacidad generada por las medidas federales.
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