La Fiscalía de Madrid ha considerado que los dos últimos Comisarios de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo podrían haber cometido un delito de “prevaricación urbanística omisiva” por no haber cumplido la orden de demolición del chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andradeconstruyó ilegalmente en la población de Pepino, localidad situada a 8 kilómetros al norte de esa Talavera de la Reina.

La orden de demolición se dictó en forma de resolución el 6 de marzo de 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) la confirmó plenamente el 30 de abril de 2019 mediante sentencia.

El chalet fue construido en parte en zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín –cinco metros por cada lado del cauce– donde está terminantemente prohibido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en parte en la llamada zona de policía, que son 100 metros y comprende también los cinco metros citados.

Cualquier construcción de ese tipo que se halle en la zona de servidumbre debe ser demolida por ilegal. Sin embargo la CHT, a pesar de su decisión, no obligó a que se materializara. Pudiera inferirse que no lo hizo por causa del cargo ocupado por su

propietario. Esto supondría un supuesto trato de favor que entrañaría consecuentemente un delito de tráfico de influencias, al que se añadiría el delito de prevaricación.

De acuerdo con ACODAP, es esta nueva postura que por fin mantiene ahora la Fiscalía la que con toda seguridad va a acelerar la demolición del “chalet del pelotazo” del fiscal decano de Talavera de la Reina.

La asociación denunciante pone su atención en el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver ahora el recurso interpuesto por el Ministerio Público. Si finalmente le da la razón a la Fiscalía, los dos comisarios de aguas que han sido denunciados se verían sometidos a una investigación por los delitos de prevaricación por omisión y tráfico de influencias, que llevan aparejadas cada uno de ellos penas de prisión.

Todo ello salvo que la ministra del ramo decida in extremis reconocer que el Ministerio Fiscal tiene razón en sus planteamientos, y ordene a la CHT la demolición del chalet del fiscal decano de Talavera, lo que podría convencer a la Audiencia Provincial de que no ha existido ningún trato de favor, y de que al final todo ha sido un problema de interpretación de la norma.

Por eso, la pelota está ahora en el tejado de Teresa Ribera, la actual ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, de quien depende en última instancia la responsabilidad de los Organismos de cuenca.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre