La política energética debe cumplir el triple objetivo del “trilema energético”: garantizar la seguridad y calidad de suministro, lograr los objetivos de descarbonización y precios competitivos.
Debido a la actual coyuntura, es imperativo que quien persigue el bien común, y en concreto los poderes públicos, se centren en el tercer aspecto del trilema mencionado.
El incremento exponencial del precio de la electricidad y del gas es un fenómeno global, pero con implicaciones adicionales en el caso español, pues este fenómeno se agrava por la falta de competencia en el sector energético.
Monopolios
En el estado español existen monopolios territoriales de facto, con compañías dominantes en los segmentos de generación, distribución y comercialización repartidas por zonas, lo que permite, entre otras cosas, hacer un uso de la energía hidráulica cautivo que no contribuye a controlar el precio de la energía en momentos excepcionales, como el actual.
Por eso, además y complementariamente al debate sobre la creación de una empresa pública, es preciso incrementar de forma clara la competencia en todos los segmentos y añadiendo nuevos actores al sistema en la línea de lo establecido en la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad.
El coste final de electricidad no es solo lo que indica la factura. Los consumidores deben poder participar en aportar servicios al sistema eléctrico con sus recursos distribuidos de manera individual o agregada. Así lo establece la Directiva de Mercado Interno de la Comisión y así lo debe trasponer el Estado español como fecha límite el próximo 31 de diciembre de 2021.
Por tanto, es imperativo aprovechar esta oportunidad para acometer las modificaciones necesarias que pasan, indudablemente, por aumentar la competencia del mercado eléctrico y facilitar las condiciones de acceso al autoconsumo.
La transición energética sólo puede avanzar si transformamos un modelo energético centralizado y vertical en un modelo descentralizado y distribuido, que priorice la generación de Km0 y facilite al consumidor ejercer sus derechos.
Es fundamental para incrementar los agentes que compiten en el mercado, capturar las eficiencias de la innovación y de la digitalización y trasladar estas eficiencias al consumidor. De esta manera, el «coste energético» será la diferencia entre lo que se paga y lo que se ingresa y esto revertirá, inevitablemente, en una mayor competitividad de la industria al bajar sus costes y una mayor renta disponible para los hogares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presentará mañana para su debate y votación en el seno de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley instando al Gobierno a:
- Impulsar las acciones necesarias para garantizar la desinversión en la cadena de valor por parte de los grupos integrados para incrementar la simetría en el mercado y reducir barreras de acceso.
- Modificar el artículo 5.3 del Real Decreto 216/2014 para limitar el ámbito subjetivo de aplicación del PVPC a las microempresas y los clientes domésticos (idealmente, en su primera residencia únicamente). Asimismo, dicha transición debería hacerse garantizando que las eléctricas incumbentes no puedan aprovechar su posición para pasar esos clientes de la comercializadora regulada a la libre de forma automática.
- Establecer un proceso de subasta para los clientes de comercializadoras que pierdan su licencia por pérdida de capacidad económica y mandatar a la CNMC para que sea ésta la que determine, mediante proceso competitivo, a qué comercializadora pasan esos clientes, analizando las ofertas presentadas por todas aquellas empresas interesadas en asumir esos clientes en unas determinadas condiciones
- Aprovechar la trasposición de la Directiva de Mercado Interno para abrir todos los mercados de energía, como el de regulación primaria o FCR, a la participación de la demanda y almacenamiento, con especial atención a la figura del agregador independiente y a las comunidades locales de energía.
- Adaptar el autoconsumo compartido a una potencia de 5MW y una distancia de 5 km, definiendo unos peajes de acceso proporcionales al uso que se induce a la red.
- Modificar la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal para facilitar la implantación del autoconsumo, simplificando los requisitos de aprobación previos para su instalación.
- Modificar el artículo 20.Uno de la Ley del IVA para añadir la retribución de la energía excedentaria del autoconsumo hasta 15 kW como actividad exenta de IVA y así facilitar el máximo dimensionamiento de las instalaciones de autoconsumo
- Eliminar el requisito del poder notarial para instalaciones de menos de 100 kW que deseen cambiar de representante, siendo suficiente una declaración responsable firmada por el productor.
- Crear una plataforma de datos de recursos distribuidos, con el objeto de garantizar una información simétrica a todos los agentes. Esta información ha de ser operada por parte de un agente neutro, fácilmente accesible y habilitar la cesión a terceras partes que el consumidor decida y de su consentimiento expreso.
Medidas todas ellas de rápida aplicación, si no inmediata, sin apenas coste para el erario público, y con carácter más etiológico que sintomático: más dirigidas a la causa de la fiebre que a la fiebre en sí; que no sólo ayuden a aplacar el síntoma (facturas desorbitadas en precio) sino que contribuyan a constituir un sistema más robusto, democratizado y sostenible, que evite que se repitan las lamentables actuales circunstancias.
