La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha propuesto expulsar de la Real Orden de San Hermenegildo ‒máxima distinción castrense‒ a los militares retirados que “ensalcen o apoyen la dictadura o al dictador”, según han informado fuentes de esta organización a través de redes sociales.
En un comunicado la asociación ha propuesto al Ministerio de Defensa que aproveche que el reglamento de la Orden está en tramitación para incluir la propuesta.
En el texto del nuevo reglamento se pretende regular ‒con carácter extraordinario‒ la baja del personal retirado que “hubiera protagonizado actos o conductas que supongan un descrédito para él mismo y para la Orden, por socavar y poner en entredicho los valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma”.
De esta manera se amplían los supuestos de baja para quienes sean autores, protagonicen hechos o realicen manifestaciones que contravengan la Ley de Memoria Histórica. El haber sido condenado por sentencia firme por hechos “susceptibles de ser considerados gravemente atentatorios a los valores de conducta ejemplar y prestigio personal que propugna la Orden”, supondrá la expulsión de la misma.
La propuesta de la AUME amplía los supuestos de baja para quienes “sean autores, protagonicen hechos o realicen manifestaciones o declaraciones que contravengan las previsiones de la Ley de Memoria Histórica”.
En su comunicado, la Asociación Foro Milicia y Democracia (FMD), “en cumplimiento de sus fines, no debe sino salir al paso de la afrenta a nuestra democracia que supone la publicación, en la revista de la Asociación de Militares Españoles, AME (subvencionada por el Ministerio de Defensa), de una declaración, a modo de manifiesto, en la que altos mandos (centenares, según algunos medios) alaban la figura del general Franco y critican la decisión del gobierno actual de exhumar sus restos del mausoleo del Valle de los Caídos”. El comunicado señala que la retirada de los restos del dictador “es una decisión legal y legítima tomada por un Gobierno legítimo salido del Parlamento”.
El texto defiende que “un ciudadano exprese su opinión libremente”, pero rechaza que lo hagan “los oficiales de alto rango y generales”, calificándolo de “preocupante”, por mucho que “estén ya en situación de retiro y no estén sujetos, consecuentemente, al régimen de derechos y deberes de los militares en activo”, afirman en el comunicado colgado por la AUME en las redes sociales.
“Algo ha fallado en los centros de enseñanza de las Fuerzas Armadas (FAS), cuando pasados más de 40 años de la muerte del dictador, muchos de aquellos jóvenes militares, recién graduados o aún cadetes, siguen hoy alineándose con doctrinas e ideologías que defienden un régimen dictatorial y antidemocrático surgido de la comisión de un delito de rebelión”, señala el texto. Además, muestran su preocupación por el hecho de que, aún después de cuarenta años de la muerte del dictador, “siguen tratando de héroe a Franco y banalizan las graves secuelas de muerte y represión que siguieron a la guerra civil provocada por el golpe de Estado que él encabezó en 1936”.
En el texto del nuevo reglamento, que es el que se tramita por el Ministerio de Defensa y que ha de ser objeto de informe por parte del Consejo de personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), se pretende regular la baja del personal retirado. Esta baja, que sería de carácter extraordinario, se circunscribe en la propuesta ministerial a situaciones en las que el militar retirado «hubiera protagonizado actos o conductas que supongan un descrédito para él mismo y para la orden por socavar y poner en entredicho los valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma«, lo que se concreta en «haber sido condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme y que fueran susceptibles de ser considerados gravemente atentatorios a los valores de conducta ejemplar y prestigio personal que propugna la Orden«.
Se trata, para la AUME, de que los simpatizantes del régimen no permanezcan en la Orden, es decir los militares retirados que no aceptan los principios y valores de la democracia, a los que se les deberá retirar las prerrogativas inherentes a la pertenencia a dicha Orden.
El manifiesto de apoyo al dictador se hizo público a principios del mes de agosto y fue firmado por 29 generales, un almirante, 105 coroneles, 15 tenientes coroneles, 12 comandantes, 2 capitanes, 11 capitanes de navío, un capitán de fragata y un sargento primero.
El grupo comienza justificando su declaración en base al “respeto y desagravio” para posteriormente valorar la situación actual: critican los “permanentes ataques a la persona del general Franco” por parte de la “izquierda política y todos sus medios afines“. Y señalan que “han desatado una campaña sin medida y difícilmente comprensible, salvo por su empeño visceral de revancha para borrar medio siglo de historia”.
Los militares que secundan públicamente estas palabras de apoyo al general Franco no se encuentran en activo, ya que la ley no permite realizar ningún manifiesto político y público en el ejercicio de sus funciones.
