Cuando los cinco miembros de La Manada queden en libertad tras depositar en el juzgado los 6.000 euros de fianza que les priva de la prisión provisional después de pasar casi dos años entre rejas, y cuando el abogado de cuatro de ellos, Agustín Martínez Becerra, se coloque bien ondulado el floreado pañuelo sevillano en su colorida americana antes de prodigarse por los platós de televisión, comenzará su verdadero calvario. A estas alturas, qué duda cabe que su verdadera prisión es ya su penitencia.
Los humildes barrios sevillanos de Parque Amate y Su Eminencia donde vivían con sus familias hasta que fueron detenidos en Pamplona se les quedarán pequeños a estos cinco abusadores sexuales de una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines de 2016. La presión social, mediática y judicial será constante para estos delincuentes a partir del mismo instante en que pongan el pie en la calle.
Su caso ha trascendido fronteras y ha cuestionado un sistema judicial, el español, que no ha sabido adaptar sus leyes a tiempo a lo indicado en 2011 en la Convención de Estambul, dependiente del Consejo de Europa, acuerdo rubricado por España en 2014. A día de hoy, este caso de La Manada vuelve a evidenciar que la justicia patriarcal sigue siendo una realidad lacerante en la sociedad española que debe echarse abajo con “reformas mentales”, como ha apuntado la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Pese a que la ley otorga la posibilidad de que estos individuos sigan en prisión provisional hasta cumplida la mitad de la condena, la misma Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a los jóvenes por abusos y no por agresión sexual ha decidido ponerlos inmediatamente en libertad provisional bajo el argumento de que la pérdida del anonimato hace “menos que impensable” que José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, de entre 26 y 29 años, vuelvan a abusar o agredir sexualmente a otra mujer.
El abogado de cuatro de los abusadores sexuales teme que no puedan hacer “vida normal y reintegrarse en sus trabajos”
Se da la circunstancia de que otro juzgado, esta vez en Pozoblanco (Córdoba), ha aceptado la práctica de nuevas diligencias en la investigación de otro caso de presuntos abusos cometidos sobre una joven de 21 años por cuatro de los cinco miembros de La Manada sólo dos meses antes de la presunta violación grupal cometida el día 7 de julio de 2016 en las fiestas pamplonesas.
Este caso de Pozoblanco fue descubierto por la Policía Foral de Navarra a raíz de la denuncia de la joven víctima de los abusos en los Sanfermines de hace dos años. Los jóvenes sevillanos aparecían en unas grabaciones en sus móviles abusando presuntamente de una joven inconsciente en el interior de un vehículo.
La Fundación Mujeres, presidida por Marisa Soleto, ha mostrado su “sorpresa y profunda decepción” por una decisión judicial que “nuevamente, parece desentenderse tanto de la protección con la víctima del delito, como del sentir, la preocupación y la indignación social que existe con decisiones como ésta”, que, según esta asociación, “sólo contribuyen a alimentar una apariencia de impunidad por parte de la Justicia para con los agresores sexuales”.
Sólo el voto particular del magistrado presidente de la Sala que ha juzgado a los cinco jóvenes, José Francisco Cobo, subraya la necesidad de prorrogar la prisión hasta el máximo tiempo posible que permite la ley, es decir, hasta enero del año 2021, una vez que los condenados superen la mitad de la condena en prisión preventiva. Cobo añade en su voto particular contra el auto de libertad provisional que “la propia entidad de la condena representa un dato que no se puede desdeñar” ya que “es indiscutible la gravedad del delito, expresada en el contenido de la pena impuesta, la afectación a bienes jurídicos especialmente relevante como lo es en este caso la libertad e indemnidad sexual”. Nada de esto se ha tenido en cuenta a la hora de la puesta en libertad de los cinco condenados.
Tanto el juez que emitió el voto particular a favor de la libre absolución en la sentencia condenatoria por abusos sexuales, Ricardo Javier González González, como su compañera de tribunal Raquel Fernandino han expresado su disposición favorable a la libertad condicional hasta que haya una sentencia firme para los cinco condenados por abusos sexuales a nueve años de prisión.
