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Prisión provisional para el exdirector de la petrolera Mexicana Pemex Emilio Lozoya

Las autoridades mexicanas, le imputan varios delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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Según un auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Diario16.com, el juez Ismael Moreno, ha dictado prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de PEMEX, Emilio Ricardo, Lozoya en virtud de la extradición solicitada por las autoridades judiciales mexicanas, que argumentan delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales.

En su escrito el magistrado explica que, en este caso, el delito por el que le reclama la justicia mexicana tiene una pena máxima prevista de 15 años en base a los siguientes hechos:

Emilio Ricardo Lozoya Austin, adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio con los imputados (…) crearon un elaborado esquema destinado a operar recursos de procedencia ilícita dentro del Sistema Financiero Nacional con la finalidad de ocultar e origen destino y beneficiario final de los mismos, lo anterior en virtud del posible desarrollo de actos de corrupción vinculados con el ofrecimiento de contratos ilícitos a su favor por parte de petróleos Mexicanos a cambio de la entrega de un bien inmueble. Lo anterior causando grave perjuicio a Estado mexicano”.

El Magistrado considera que existe un riesgo fundado de fuga en caso de que el reclamado sea puesto en libertad y para ello destaca que “el reclamado en el momento de su detención iba dentro de un vehículo taxi de una empresa privada y provisto como medio de identificación de una licencia de conducir mejicana, con su fotografía, pero a nombre de otra persona, (…), de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”.

El juez ha tenido en cuenta también que “en caso de ser puesto en libertad, no constándole arraigo laboral y de domicilio en España, donde llegó hace solo dos días, según ha manifestado él mismo, procede, como medida necesaria para asegurar el cumplimiento de ejecución de la Orden Internacional de Detención”.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

El que fuera director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante el mandato del presidente de Enrique Peña Nieto y uno de los principales investigados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue detenido a primera hora de la mañana del miércoles en Málaga.

Se encontraba fugado de México desde que en mayo de 2019 su nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de la petrolera mexicana PEMEX. Según la Fiscalía Mexicana se estiman en 280 millones de dólares el total de dinero defraudado.

Acusaciones de corrupción

Su nombre ha sido relacionado en escándalos de corrupción en México con las compañías Odebrecht y OHL.​ En declaraciones juramentadas, tres ejecutivos de Odebrecht aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 recibió 10 millones de dólares para asignarle contratos a esa firma. Hasta julio de 2018 no había sido presentada ante las autoridades correspondientes ninguna prueba documental que lo relacione a las declaraciones publicadas por algunos medios. Se ha critica la apatía y falta de disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública para investigar los hechos denunciados, sustentados en declaraciones juradas ante el Poder Judicial del Brasil.

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