Con tantas improvisaciones de Pedro Sánchez y su gobierno, se lo han puesto fácil al prior del Valle de los Caídos que con reminiscencias falangistas, se ha dedicado a poner obstáculos en la exhumación del dictador y asesino Franco, dando la impresión de ser él quien tiene dentro de la iglesia la única o última palabra y no hay ninguna estructura eclesial o nadie para desautorizarle y si llegara el caso destituirle de ese puesto. Por supuesto que si lo habrá, pero lo más probable aunque no de forma muy abierta, pero soterradamente estará siendo apoyado por sus superiores.
Incomprensible, que los diversos gobiernos socialistas hasta ahora incluido el actual, hayan seguido manteniéndole el privilegio a esta retrograda y reaccionaria Iglesia Católica. De tener voluntad política Pedro Sánchez y su gobierno, podrían utilizar todas las herramientas que tienen en sus manos para cortarle tanto poder económico en gran medida hecho de forma cuando menos irregular o con la declaración anualmente de la renta, no pago del IBI de sus propiedades, ni devolución de las propiedades inmatriculadas de las que se apropiaron ilegalmente, debiendo estas serles expropiadas y pasen a pertenecer al Patrimonio del Estado, juntas con las que pasaron a ser de su pertenencia sin apenas coste como el caso de la Mezquita de Córdoba y otras 29 catedrales y templos, acogiéndose a la ley expresamente aprobada por el gobierno de Aznar en 1998, con la connivencia y complicidad de éste.. Desde entonces y hasta 2015, la Iglesia española inmatriculó unas 4.500 propiedades,
La Iglesia admite poseer 24.000 parroquias y monasterios, a lo que habría que sumar pisos, garajes, cementerios, colegios o casas del cura en pueblos, pero no hay registros públicos. Lo que sí ofrece la Conferencia Episcopal en su Memoria de Actividades son datos de algunos de los inmuebles que «aportan un beneficio a la sociedad”. Desde las 22.999 parroquias o 827 monasterios, a los 3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes a la Iglesia en España, los 616 santuarios o los 22 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad (la mitad de los existentes en nuestro país).
Se suman los 2.593 colegios católicos, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas o 71 institutos superiores, todos con sus sedes. O en el ámbito socio-sanitario, la propiedad de 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados. En el estrictamente social manteniéndoles servicios de éste tipo en diferentes «obras de acogidas”, siendo la más significativa Caritas.
Lo mismo ocurre con el mantenimiento de los curas castrenses y los militares legionarios que inexplicablemente no han sido disueltos por los gobiernos socialistas y siguen en sus actividades compartidas con miembros destacados del Partido Popular entre otras, cantar fervientemente el reaccionario himno de la legión. El legado y la filosofía de su creador el fascista general Millan Astray está aun presente. Suelen cubrir estos militares servicios en las procesiones muchas de ellas presididas por cargos públicos “socialistas”, que se prestan a apoyar y participar en este tipo de manifestaciones, sin tener en consideración que al ser actos religiosos y de fe, en un estado aconfesional como el español su practica debería limitarse al seno familiar y en los respectivos templos pero no en espacios públicos.
Aparte de su propia emisora 13TV pagada con nuestros impuestos, la incomprensible utilización de la RTVE publica para retransmitir sus oficios y actos religiosos, con ideario manifiestamente de carácter ultraconservador y mensajes homofobos incluidos. La Iglesia invierte un 33% ( 9 millones de euros) más en su emisora que en Cáritas (6 millones), que se dedica a luchar contra la pobreza y la exclusión social
No se concibe la prestación de servicios religiosos en hospitales públicos y el pago por el Estado de los profesores que en los colegios públicos y concertados imparten la asignatura de religión, siendo libremente contratados a través de los respectivos obispados y en muchas ocasiones por éstos, arbitraria e injustamente cesados en sus funciones o despedidos.
Y el educativo beneficiándose desde la época franquista mediante la enseñanza concertada, arbitraria, injusta, discriminatoria y con ideario religioso incluido. En definitiva, se trataría de denunciar y derogar el concordado entre el Estado Español y el Vaticano.
Pero previamente los dos estados mediante la no improvisación y exigencia del español para que no se quede en evidencia, deben ponerse de acuerdo en la destitución del prior del Valle de Los Caídos, por los tantos obstáculos que está poniendo en la exhumación del dictador y asesino Franco.
