Las personas están preocupadas. Tienen razones. Siguen incrementándose los asuntos pendientes que los perjudican. Las soluciones a los problemas reales de los más vulnerables se postergan, siempre bajo la forma de pretextos increíbles. Como tal vez corregir el injusto reparto de la carga fiscal en España. Aquí históricamente pagan más los que menos tienen.
Nadie en el gobierno, ni en una parte significativa de la oposición, parecen darse cuenta de que su credibilidad está bajo mínimos. Las gentes perciben que están inmersos en las próximas matemáticas electorales. Pactos mediante. Pura propaganda. Hay que regresar a los asuntos en los que participó, según la justicia, el comisario Villarejo. Habría que consultar los asuntos y los clientes corporativos para los que trabajó.
En 2012, el entonces presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri aseguró que, la entidad por la que se metería en prisión a Rodrigo Rato, no requeriría más dinero público del solicitado para su rescate. Según ello, declaró que el coste para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia sería de 23.465 millones de euros. Además, como el dinero público era para la capitalización, “aquí no hay que devolver nada, lo que hay que hacer es crear valor de esos 19.000 millones«. España es una tierra llena de oportunidades. El ejemplo es el propio Goirigolzarri, flamante presidente del nuevo banco Caixabank. Liberales los llaman. Aunque se hayan hecho con el que pudo haber sido el banco público de referencia frente al cartel financiero que se ha diseñado para oficializar la imperfección del sistema.
La realidad también la encontramos cuando recordamos lo que decía Ignacio Sánchez Galán en 2014. El presidente de Iberdrola fue entonces muy claro: “…a pesar de que las relaciones con el Gobierno en España «son cordiales«, “la empresa se siente más británica, mexicana o estadounidense”, porque tiene más relación con los otros países donde la compañía está presente”. Puro fervor hispano. Por cierto, el padre de Iván Espinosa de los Monteros, patriota donde los haya, lideró el ente “Marca España” luego de dirigir Mercedes Benz España, entre otras. Grandes tiempos de los patriotas panameños y suizos. Incluido el gran comisionista, hoy requerido por la justicia británica. Todo se repite en su alternancia.
Los informes sobre qué empresas de la Marca España tienen sedes offshore resultarían ilustrativos. Nos desafían a evaluar el equilibrio entre la legalidad y la ética. Las sociedades offshore son aquellas que tienen su sede en el extranjero. Para calificar como offshore, la entidad debe estar ubicada en cualquier país que no sea el país de origen del cliente o del inversor. Muchos países, territorios y jurisdicciones tienen centros financieros offshore, cuya sigla es OFC. Estos incluyen centros conocidos como Suiza, Bermudas o las Islas Caimán, y centros menos conocidos como Mauricio, Dublín y Belice. El nivel de estándares regulatorios y transparencia difiere ampliamente entre los OFC. Los partidarios de las sociedades offshore argumentan que mejoran el flujo de capital y facilitan las transacciones comerciales internacionales. Los críticos argumentan que la deslocalización es una forma de ocultar las obligaciones tributarias o las ganancias obtenidas ilegalmente de las autoridades.
Al parecer, la marca España, tuvo y tiene como objetivo transmitir a la sociedad española las buenas prácticas de las empresas españolas, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales. Para ello, según sus objetivos fundacionales, sintetizan los valores de la empresa española. Para ello, reivindica el valor social de las empresas y los empresarios, y su papel en la generación de empleo, bienestar y riqueza en la sociedad. En demostración de ello, la CEOE no está de acuerdo en incrementar el Ingreso Mínimo Vital en unos pocos euros. Tampoco en ajustar la reforma laboral que M. Rajoy aplicó para devaluar los salarios en favor de la rentabilidad empresaria. ¿Está claro?
Pese a los avatares de esa casta, es de considerar que estemos en presencia de los indicios ciertos del fin de una época, comenzada en los años 40 y diseñada en los 70 por los gobiernos que pariría la Transición. Una época que nos ha traído hasta dónde estamos. La cuestión es si, en este futuro lleno de incertidumbres, estamos dispuestos como ciudadanos a persistir en ese modelo o, por el contrario, tendremos el valor y el espíritu de sacrificio suficiente para modificar el curso de la historia, resistirnos y llevarnos a una sociedad más justa, que sea equitativa y comprometida con las personas. Ello se dirime en el Parlamento cuando se legisla de manera adecuada para evitar los abusos del statu quo. Para lo cual el voto masivo es el camino y la exigencia del cumplimiento del contrato social, entre ciudadanos y sus representantes la condición.
Si persistimos en habitar en el sofá frente a la televisión que influencia la formación de las conductas apropiadas para el statu quo, entonces esa transformación que se intuye posible fracasará.
La respuesta es tuya, no de ellos. Movilízate. No te dejes engañar otra vez.
Genial descripción del método. Gracias, y además me faltaba uno de esos datos como el mismo aire. Es raro que no tenga nada que añadir, pero cuando ésto ocurre sé agradecer.
De nuevo gracias.