Que los liberales no creen en el Estado de bienestar no es ningún secreto a estas alturas de la vida. Y en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso ya se están percibiendo los primeros síntomas y consecuencias de la aplicación del modelo ultraliberalizador, como es el abandono de un pilar esencial de la sociedad: la educación pública. FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Educación que aumente de forma urgente el número de puestos de profesionales en los centros educativos del municipio de Leganés. Una vez más, los pueblos del extrarradio son los primeros que sufren el deterioro de los servicios públicos.
La asociación ha tenido conocimiento de que una de las escuelas de infantil municipal enclavada en el barrio de La Fortuna cuenta únicamente con una profesora con contrato fijo para la educación y el cuidado de los menores adscritos. Por ello, la asociación ha reclamado tanto a la Concejalía de Leganés como al Gobierno regional que contrate personal docente de manera estructural, y no temporal o en prácticas, para evitar el deterioro en la atención de los menores, más aún teniendo en cuenta que los contratos del personal no fijo finalizan el próximo 29 de octubre.
Además, desde diferentes colectivos sociales han puesto de manifiesto a FACUA Madrid que la Escuela Conservatorio de Leganés, centro que imparte enseñanzas musicales desde la edad de tres hasta los dieciocho años, lleva años degradándose. Dichos colectivos denuncian que el centro musical sufre constantemente la falta de profesores, además de no contar con un equipo directivo desde finales de 2019 y eliminar especialidades como la de canto por no disponer de profesionales de ese área, al igual que sucede con los afinadores de piano o con el servicio de transporte, totalmente inexistentes.
En este sentido, la asociación se suma a las reivindicaciones de padres y asociaciones de vecinos y ha solicitado a ambas administraciones que trabajen de manera urgente en la mejora de todos los centros educativos en la ciudad de Leganés.
El diario Público denunció el pasado mes de marzo que la Comunidad de Madrid fue la primera en recortar en escuela estatal durante pandemia. «Subida de la ratio de alumnos por clase y supresión de aulas. Ese es el plan que tiene la Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar. Una medida que no ha sido comunicada oficialmente, pero que ya ha aparecido publicada en los medios de comunicación después de que los directores de institutos detectaran en Raíces, el sistema informático de gestión que utiliza la Consejería de Educación madrileña, que había bajado el número de aulas previstas para el próximo curso y también el número de plazas escolares por cada aula».
Público añade: «La decisión del Ejecutivo madrileño supone volver a las ratios ordinarias marcadas por ley: los centros de Primaria volverán a contar con 25 alumnos por clase (en lugar de 20 actuales), los de Secundaria 30 (en lugar de 23) y los de Bachillerato 35 (en lugar de 23). Pero tiene otra derivada: menor contratación de profesores. Y todo ello pese a que el pasado mes de octubre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso expresó su intención de que la bajada de las ratios por aula fuera permanente». En conclusión, en el Madrid de Ayuso, además de la falta de seguridad suficiente, se sigue apostando por «un modelo educativo de baja calidad, de inversión insuficiente, muy segregador y autoritario. El resultado es la mediocridad educativa en la comunidad autónoma más rica de España, tal como reflejan los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias».
Ayuso y el Estado de bienestar
A su vez, FACUA Madrid ha solicitado al Gobierno regional la necesidad de trabajar coordinadamente con el Consistorio local para la retirada inmediata del amianto existente en los centros educativos del municipio de Leganés.
La asociación ha entendido necesario dirigirse a la Consejería de Educación, ya que considera escandaloso y preocupante que el Ayuntamiento aún no haya comenzado a realizar los trabajos, más aun teniendo en cuenta la exposición de los menores a este peligroso material y las consecuencias que pueden derivar en su salud.
Asimismo, FACUA ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que la Concejalía de Leganés ha dejado de percibir una subvención pública de más 300.000 euros para el área educativa por no presentar la documentación requerida en el plazo correspondiente. En ese sentido, ha pedido al Gobierno municipal que revise sus protocolos de actuación y trabajo para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
esta gentuza facista o fraquista no quiere que los hijos de los obreros tengan estudios porque asi son mano de obra semiesclava pero lo triste es que eso barrios humilde votaron a esta perra en leganes por ejemplo el pp saco 35.79% que en el 2019 el pp saco 7.62% que quiero decir con esto que la gente es imbecil por votar en contra de sus interese pero claro pablo iglesia segun estos obreros era muy radical panda de gilipollas