Si algo nos caracteriza en la Castilla profunda es que solamente saltamos cuando las circunstancias objetivas son insoportables. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con las protestas del barrio de Gamonal en Burgos, en 2014. Esta vez, es también   Burgos quien se a convertido en un referente en la lucha por los derechos laborales. Por fin, después de años de abusos, trabajadores y trabajadoras con discapacidad del Centro Especial de Empleo CISA y la Fundación ASPANIAS se revelan y hacen los días 16, 17, 23, 24 y 30 de Septiembre, una huelga de la mano de UGT y USO.

Según la agrupación de familias “ASPANIAS Cambia”, el Centro Especial de Empleo de la Fundación CISA, está perdiendo clientes a chorros y tiene un déficit de 7 millones, de 3,5 millones de euros, según los representantes de la empresa.

Según denunciaron en varias notas de prensa el Comité de Empresa de CISA (ASPANIAS), esto se debe a la pésima gestión de la Dirección de ASPANIAS que ha sucedido al anterior Gerente José María Ibañez. Según estas notas, la ejecutiva de esta organización ha despilfarrado recursos en, entre otras cosas, el fichaje de  asesorías externas de abogados y economistas.

Mientras tanto, la plantilla del Centro Especial de Empleo de la Fundación CISA paga las consecuencias. Así ha visto cómo se le ha negado la paga extraordinaria de junio y aún no saben cuando se les pagará y esa incertidumbre se repite mes a mes. De este modo la empresa: “ha incumplido las propuestas de acuerdo en el pago de nóminas que les ofrecieron desde los comités de empresa”.

Este Comité de Empresa han pedido la vuelta de los trabajadores y las trabajadoras que aún están en situación de ERTE para mejorar la presentación de servicios de limpieza, jardinería y productos manofacturados que presta la empresa, mediante enclaves laborales. Lejos de hacer esto, CISA ha realizado una “sangría de despidos” de profesionales. Despidos realizados a través de burofaxes anónimos, sin firmar , con ausencia de todo tipo de diálogo social. Ante estos despidos, la dirección de ASPANIAS guarda silencio y deja hacer a las asesorías externas anteriormente dichas, en despachos profesionales en Madrid.

Esto influye en los servicios de limpieza que se prestando, no pudiendo hacer frente a los trabajos comprometidos con los clientes. También, afecta al servicio que se da a las personas con discapacidad usuarias de ASPANIAS, de ese modo, por ejemplo, se están  vendiendo 17 de las 18 viviendas que la asociación tenía en propiedad. Por eso también se han unido a esta huelga los trabajadores y trabajadoras de la Fundación ASPANIAS. De este modo, las luchas y los intereses sociales y laborales se entrelazan.

A todo esto se le suma que la Inspección de Trabajo ha dejado claro a la empresa que debe proporcionar al Comité de Empresa todos los datos económicos que sean necesarios. Aún siguen esperando que la Dirección de cumplimiento a esa petición. Por eso, ni yo, ni el Comité de Empresa os podemos dar más detalles del destrozo económico producido, al margen de la deuda millonaria anteriormente dicha. Esto me hace pensar que el estropicio sea mucho mayor.

Ante todo esto, el Comité de Empresa pide la intervención del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España a través del Protectorado Único de Fundaciones, este último debería ponerse al mando de esta Fundación.

Para poner la guinda a la situación, la Dirección se niega a que se haga una auditoría de gestión, externa e independiente.

De todo esto saco varias conclusiones.

La primera es que, como llevo diciendo casi 25 años, el modelo asociativo asistencial lleva a una privatización encubierta. Dando origen a una categoría empresarial, repito, empresarial, subvencionada y protegida que se ha dado en llamar Tercer Sector. Estas entidades acaban teniendo como objetivo principal su propia existencia y no los servicios sociales que se prestan. Tanto es así,  que muchas veces estas entidades tienen que ser intervenidas, rescatadas por las administraciones públicas. ¿Qué tal si intentamos apostar por el modelo de los Países Bajos y dejamos que la administración pública de el servicio directamente? Evidentemente, esto requeriría un Gobierno fuerte de izquierdas, que apueste por los Servicios Sociales Públicos y haga frente a un monstruo de administración paralela que ellos mismos han creado durante décadas. Pero…¿Quién le pone el cascabel a este gato? ¿Quién desmantelará ese monstruo? La solución puede estar en aprovechar el Estado de las Autonomías y hacerlo en 17 veces, se me ocurre.

La segunda conclusión que saco es que definitivamente se ha cambiado el sentido de los Centros Especiales de Empleo, de ser una etapa transitoria al empleo normalizado, ha pasado a ser empresas especializadas en explotar personas con discapacidad, teniendo además, una imagen social inmejorable, algo que otras empresas intentan tener mediante programas de responsabilidad social y caros anuncios publicitarios sobre fondo verde. Además, estas empresas son subvencionadas y  priorizadas por la administración pública a la hora de optar a una concesión, por ejemplo.

La tercera conclusión es que, aunque la solución definitiva sería cambiar el modelo, como he dicho anteriormente, urge tomar las siguientes medidas:

  • Regular el RD 2273/1985 y el RD 364/2005.
  • Aumentar la reserva en empresas ordinarias.
  • Realizar auditorías obligatorias.
  • Realizar inspecciones periódicas. 
  • Modificar la Ley del Sector Público y eliminar la reserva a los CEE.

Dicho esto, solamente me queda invitar a las personas afectadas por casos similares a denunciarlos públicamente y a las autoridades a investigar la situación de los Centros Especiales de Empleo. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo.

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Nacido en Burgos capital el 02 de octubre de 1976, desde el mes y medio de edad, convive con una discapacidad física y de comunicación verbal producida por las secuelas de una Parálisis Cerebral Infantil. Educador Social y Diplomado en Relaciones Laborales por la UBU (Universidad de Burgos). Coautor de varias publicaciones de la UBU y ha impartido varias conferencias sobre discapacidad en esta y otras Universidades. Durante más una década fue socio de ADM (Asociación de Afectados/as con Discapacidad Motora), representando a esta Asociación en la Junta Directiva de FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos), de la que fue cofundador y Tesorero durante una legislatura. En noviembre de 2007, ingresa como militante en el PSOE. En Agosto 2008, cofunda la Asociación Claudio de Burgos, Asociación que preside hasta Diciembre de 2009, haciendo actualmente labores de Gerencia y Educador Social de la misma. Fue en el puesto Nº12 de las listas del PSOE-Burgos a las Elecciones Municipales de Mayo de 2011. El 2 de Junio de 2012, fue nombrado Secretario Provincial de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE-Burgos. Cargo que ejerció hasta el 19 de febrero de 20015.  Fue colaborador de la publicación digital Diario Progresista (www.diarioprogresista.es), dirigida por Antonio Miguel Carmona hasta 2015. También fue Redactor Jefe de la Edición de Castilla y León de esta publicación hasta abril de 2013, hasta el 2014. El 11 de diciembre de 2013, coofunda la Unión Progresista de Apoyo a la Dependencia y la Discapacidad (UPADD), la cual preside actualmente. El 30 de enero de 2015, fue nombrado Secretario de Movimientos Sociales de la Agrupación Local del PSOE-Burgos. Cargo que dejó el 25 de mayo de 2015 al darse de baja en el PSOE. El 27 de Junio de 2015 ingresa como activista en Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), impulsando este partido en Burgos. El 16 de Julio de 2015 empieza a colaborar con el Proyecto Decide en Común, liderado por Alberto Sotillos, haciéndose cargo desde 20 de julio de 2015 de la Coordinación del Grupo de Dependencia, Discapacidad y Autonomía Personal de este partido a nivel federal en la redacción de su programa, hasta el 4 de septiembre de 2015. El 11 de febrero de 2017, AS-Burgos se integra en el PCAS (Partido Castellano). Después de unos meses, el 14 de Septiembre de 2017, deja el PCAS debido a su falta de democracia interna y su ambigüedad ideológica.

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