Una mujer de 26 años, natural de la República Dominicana, ha sido asesinada en Laredo (Cantabria) apuñalada por su pareja, de 29 años. Se convierte en la primera víctima del 2019 por violencia machista tras el anuncio de Vox para que se “eliminen las medidas presupuestarias contra la violencia de género”, como exigencia para apoyar un nuevo Gobierno conservador en Andalucía.

Ni doce horas han transcurrido desde el tuit del partido ultraderechista. Ya tenemos la primera mujer asesinada, responde a las iniciales de R.A.C.S., y el supuesto autor es su pareja, según ha informado Delegación del Gobierno.

El crimen machista se ha producido a las 4.05 horas. El 112 recibió una llamada porque un hombre había apuñalado a su novia en el interior de un inmueble ubicado en la calle Rosario Ochandiano de la villa pejina. La mujer estaba tendida en el suelo, con signos de apuñalamiento en el tórax. Efectivos del 061 Cantabria desplazados al lugar no pudieron reanimar a la víctima.

Según la Delegación del Gobierno, no constan denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y al presunto autor, que ha sido detenido, tampoco le constan denuncias por violencia de género.

El pacto cerrado por PP y C’s que el partido de extrema derecha pretende modificar para suprimir las ayudas destinadas a combatir la violencia machista contiene un apartado de “conciliación, igualdad y familias”, comprometiéndose a su desarrollo. Ambos partidos aseguraron ayer que no se tocará, aunque sí admitieron que en las negociaciones que se abran entre PP y Vox en Madrid se podrán implementar medidas complementarias, por ejemplo, contra las denuncias falsas, como exige el partido fascista de Santiago Abascal.

Hay que recordar que en nuestro país apenas se producen denuncias falsas por violencia de género y las pocas que se registran son tan insignificantes que no superan ni el 0,1 por ciento de las miles contabilizadas. En España, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, hubo 47 mujeres asesinadas por violencia de género en 2018. Solo 14 de ellas habían denunciado. En Andalucía se registraron 12 crímenes machistas.

Vox escribió un tuit insultante en el que afirmaba: “PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar con dotación presupuestaria suficiente las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas Podemitas radicales. Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo”.

También el diputado de Vox en Andalucía Francisco Serrano escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde advirtió de que no apoyarán ningún acuerdo que siga “los mandamientos de la ideología de género”. Un texto claramente machista. Luego matizó y aclaró que no quieren que se supriman las ayudas a las mujeres maltratadas, sino que se repartan para “todas las personas que sufran violencia en el ámbito familiar” y que se acabe con las “subvenciones millonarias” a las asociaciones del “feminismo supremacista”.

Este diputado ultraderechista y machista ha pedido que “no se manipule más”, cuando son ellos mismos los que insisten en sus propuestas para derogar las leyes que luchan y protegen a las mujeres contra la violencia machista y de género.

El secretario general del partido ultraderechista Vox, Javier Ortega Smith, desde Granada exigió “la derogación de todas las leyes que atenten contra la igualdad de todos los españoles” y los derechos de los hombres. Serrano es un conocido activista contra lo que llama “el terrorismo de género” y fue inhabilitado tras una condena por prevaricación a favor del padre en un caso de custodia de un niño tras la separación de sus progenitores.

La ley de igualdad de Andalucía está dotada con 1.793 millones de euros hasta 2021. Entre sus principales medidas, todas ellas encaminadas a reforzar “la coeducación” contra la discriminación y luchar contra la brecha salarial, promueve medidas para la conciliación y se dota de un régimen sancionador con multas que van de los 6.000 a los 120.000 euros. Se podrán multar actos que promuevan la discriminación o inciten a la prostitución, las campañas publicitarias que usen el cuerpo de la mujer como reclamo o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación de las mujeres”.

Según esta norma, “cada centro docente de Andalucía tendrá que elaborar un Plan de Igualdad de Género, se creará una comisión de expertos en coeducación” entre la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer, que deberá vigilar el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los materiales curriculares y los libros de texto y se dará formación obligatoria en igualdad del profesorado y equipos directivos de los centros educativos públicos”.

En materia laboral la norma refuerza los recursos de la inspección de Trabajo y Seguridad Social con “planes anuales contra la discriminación laboral, contra el acoso”. Contempla “un plan contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Se prima a las empresas que incluyan planes de igualdad y se penaliza a las que hayan sido condenadas por prácticas laborales discriminatorias. Con estas empresas la Junta no formalizará contratos ni subvenciones”.

“Los incentivos a las empresas y los ayuntamientos que desarrollen planes de igualdad van desde los 6.000 euros a los 30.000 y se prevé una línea de hasta 3.000 euros para actividades de información, formación, divulgación y sensibilización en materia de conciliación promovidas por entidades sin ánimo de lucro”.

En nuestro país no se producen denuncias falsas de violencia de género

La Junta aprobó “permisos adicionales de paternidad para los empleados públicos”. Los padres tendrían cinco semanas más en 2018, diez semanas más en 2019 y quince semanas adicionales en 2020.

La ley de igualdad de Andalucía “garantiza en la sanidad pública el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia e identidad” y “una carta de derechos de las mujeres en relación con el embarazo, el parto y el puerperio”.

El pacto estatal asignó a Andalucía 15,3 millones de euros. En los presupuestos andaluces, la Dirección General Contra la Violencia de Género tiene una partida de 4,2 millones de euros y el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer asciende a 42,9 millones. El Gobierno autonómico presentó sus últimas cuentas al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que reúne a 2.277 asociaciones andaluzas. El presupuesto de 2018, actualmente prorrogado, incluía 18.896 millones de euros destinados “a romper la brecha de género, sumando todos los programas presupuestarios, como G+”.

La ley integral contra la violencia de género aprobada el pasado año en Andalucía extiende la definición de la violencia hacia las mujeres. Amplía el concepto de víctima y la tipificación de las agresiones hacia las mujeres. Considera a las víctimas, también a los menores, mayores o dependientes a cargo de las mujeres maltratadas y a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados. Se tipifica de “feminicidios, cualquier asesinato sea o no en el ámbito de una relación de pareja o expareja, ampliándolo a todo crimen que tenga en la base la discriminación por motivos de género”. También considera violencia de género “los infanticidios, cualquier asesinato con violencia sexual o el acoso sexual verbal, no verbal o físico”. Tipifica de explotación sexual, “la prostitución o la ciber violencia como formas de violencia contra las mujeres”.

Define la “violencia vicaria como la ejercida sobre los hijos, discapacitados o dependientes que estén bajo custodia de la mujer maltratada”. Se incluye “como víctima a cualquier mujer en territorio andaluz, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa” e incorpora “el derecho a recibir atención adecuada sin previa interposición de denuncia”.

El “Observatorio Andaluz de la Violencia de Género” impulsará campañas de información y sensibilización “poniendo el foco en el maltratador y haciéndose eco de las condenas”.

Por último, hace hincapié en la “formación obligatoria del personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género”. “La Junta garantizará la asistencia letrada mediante turno de guardia las 24 horas”, y diseña un protocolo de acompañamiento a las víctimas antes de que interpongan la denuncia. Además, crea una “unidad de valoración integral de violencia de género”.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

1 Comentario

  1. no hay march atrás,la Ley de la violencia de género y la Ley de memoria histórica no pueden ser derogadas, no puedes ir contra la evidencia, hay miles de mujeres muertas por sus parejas y 40 años de dictaduras dejos miles de víctimas, muchos de ellos aún viven, el franquismo terminará siendo prohibido, no se puede para el progreso, es inevitable, es como el tiempo va en solo una direccion
    https://iberomagazine.com/2019/01/02/el-triunfo-de-la-derecha-radical-brasil

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

veinte − 15 =