El presidente de UCA niega las irregularidades y admite que desde 2013 no recibe ayudas del Gobierno andaluz

El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno Rodríguez, ha negado las presuntas irregularidades de su organización, desveladas en los últimos días en diversos medios de comunicación, entre ellos, Diario16. El que fuera secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía y asesor en la Junta de Andalucía afirma que “es incierto y en ningún momento la revista Sucede, editada por la Unión de Consumidores de Andalucía, a través de Ediuca S.L.U., ha publicado publicidad de carácter comercial de ningún producto o servicio de ninguna de las empresas que se citan en el artículo”.

Moreno hace alusión a la información desvelada por este diario en la que se afirmaba que la Junta de Andalucía había subvencionado durante años una revista donde la UCA colocaba publicidad encubierta de grandes empresas como Movistar, Altadis o Caixabank mediante presuntas informaciones sobre estudios de mercado.

A través de una carta remitida a Diario16, el presidente de UCA afirma que las actuaciones con Caixabank “se limitaron a contenidos en materia de Educación Financiera, en base a los acuerdos alcanzados con el Banco de España, que comprometían a entidades financieras y asociaciones de consumidores a abordar esta labor, en el marco de las actuaciones del programa ‘Finanzas para todos’, como así se indica en el artículo publicado”. Una factura emitida por la empresa de UCA-UCE, Ediuca S.L.U., confirma que Caixabank pagó por una “colaboración en sección de información financiera de la revista Sucede, editada por la UCA”.

Este viernes, la consejera de Salud, Marina Álvarez, deberá explicar en comparecencia parlamentaria a petición de Izquierda Unida qué medidas pretende adoptar su departamento a través de la Dirección General de Consumo tras las irregularidades de esta organización que están saliendo a la luz pública en los últimos días. En 2009, el entonces jefe de Servicio de la Dirección General de Consumo, Luis Escribano, fue cesado poco después de negarse a incrementar las ayudas a la UCA-UCE para situarla por encima de otra asociación, Facua, pese a que incumplía los requisitos legales de baremación.

A día de hoy, pese a que la actividad de la UCA está muy mermada, la Junta la mantiene en el registro autonómico de asociaciones de consumidores con el estatus de organización “más representativa”, una catalogación que le permite participar en decenas de órganos consultivos de ámbito provincial y autonómico.

La consejera de Salud explicará el viernes en el Parlamento si adopta alguna medida contra esta asociación

A este respecto, el presidente de UCA reconoce a Diario16 que “desde el año 2013, la Unión de Consumidores de Andalucía no participa de las subvenciones del Gobierno autonómico” y “no recibía subvención alguna de la Junta de Andalucía por la edición de la revista Sucede”. En ningún momento la información publicada por este diario concreta que las subvenciones por parte de la Junta las hubiera recibido por la edición de esta publicación. Tampoco recuerda Moreno Rodríguez que UCA-UCE dejó de percibir estas ayudas oficiales de la Junta debido a que “no se justificaron correctamente las solicitudes”, explican fuentes de la Administración autonómica.

Otro interrogante que aún no ha desvelado el presidente de esta entidad es la relación de empresas, asociaciones y patronales empresariales que han abonado cantidades a UCA-UCE o a Ediuca S.L.U. y las fechas y motivos de los pagos.

Tampoco desvela Moreno en su carta de derecho a rectificación por qué cobró Ediuca S.L.U. de empresas para actividades que en realidad venían siendo desarrolladas por UCA-UCE. Otra cuestión no contestada por el momento por parte de la dirección de esta entidad es por qué la organización que preside no informó directamente a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad de estos pagos, pese a que la ley así lo ordena.

Desde UCA-UCE no se ha concretado si su empresa Ediuca S.L.U. ha recibido otros ingresos además de los pagos de empresas “por los costes de redacción y maquetación publicada” o si el propio presidente de la asociación ha recibido alguna contraprestación directa por parte de alguna de las empresas con las que UCA-UCE ha mantenido convenios de colaboración.

Mientras tanto, el presidente de UCA también niega que su organización realizara “publicidad comercial” de ningún producto de grandes empresas como Altadis o Movistar y subraya de nuevo que “la revista no recibía en dicha época ninguna subvención de la Junta de Andalucía y las actuaciones, en un programa de Responsabilidad Social de esta compañía (Altadis) se limitaron a implicar en la tarea de luchar contra el contrabando ilegal de tabaco”.

Respecto a los estudios de los operadores de telecomunicaciones, en los que la empresa Movistar ha recibido continuos informes elogiosos durante años a través de una treintena de reportajes por parte de la UCA, el presidente de esta asociación asegura que “la realización de análisis comparativos, convenientemente contrastados y demostrables, es una de las funciones que la legislación europea y española permite a las asociaciones de consumidores, siendo consideradas actuaciones informativas y no publicitarias”.

El pasado mes de junio, el juzgado de lo Social número 4 de Sevilla declaró insolvente la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE y su empresa Ediuca S.L.U., después de que varios extrabajadores denunciaran a la organización por impago de las nóminas. Dada su situación de insolvencia, el juzgado acordó el archivo provisional de las actuaciones el pasado 3 de mayo, como recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del 1 de junio.

La organización de consumidores y consumidoras Facua Andalucía ha exigido a la Dirección General de Consumo que expulse “de inmediato” a UCA-UCE del registro autonómico de asociaciones de consumidores “ante sus gravísimas irregularidades”. El departamento que dirige Isabel Niñoles mantiene paralizadas varias denuncias presentadas por Facua en agosto de 2016 y abril de 2017 donde aportaba “pruebas de que UCA-UCE vulnera la legislación que regula a las organizaciones de consumidores y, además, no cuenta con asociaciones en todas las provincias andaluzas, requisito indispensable para participar en órganos consultivos”.