Presentan una queja ante la defensora de la audiencia de RTVE por la información sobre la exhumación en Villadangos del Páramo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja a la defensora de la audiencia de Radio Televisión Española por el informativo regional de Castilla y León, del pasado 24 de febrero, en el que se trató la exhumación de desaparecidos por la represión franquista en la localidad de Villadangos del Páramo.

El texto de la queja presentada es el siguiente:

En el reportaje sobre la exhumación de una fosa de asesinados en Villadangos del Páramo se dice que «los trabajos se desarrollan tras la polémica que se produjo el pasado verano por cuestiones burocráticas y administrativas».

La polémica no «se produjo» de forma impersonal. Su autor fue el alcalde de Villadangos del Páramo que llevó a cabo una prevaricación administrativa al solicitar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica trámites que no se corresponden con los requisitos que exige la ley para las actuaciones que iban a llevar a cabo.

No fueron «cuestiones burocráticas y administrativas». Fue un gobierno municipal que puso todo tipo de trabas para impedir el ejercicio de sus derechos a familiares de asesinados y desaparecidos por el franquismo. No fue un sello de caucho que se quedó sin tinta. Fue un ataque, del alcalde de un ayuntamiento democrático, contra derechos humanos fundamentales.

Y que una televisión pública oculte la agresión y el maltrato del alcalde de Villadangos a las víctimas de las personas asesinadas en 1936 en su término municipal, y lo cuente como un problema de papeleo, no sólo se aleja del mínimo rigor informativo, sino que supone un desprecio al sufrimiento de las víctimas y a la memoria de Rufino Juárez, que no ha podido vivir la exhumación de los restos de su padre por la inhumana actuación del alcalde, tratando de impedir el proceso de exhumación.

TVE debería rectificar públicamente y disculparse ante las familias.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, se trata de un encubrimiento de la prevaricación administrativa porque “el alcalde inventó trámites inexistentes y el teniente de alcalde participó en una votación ilegal en la que defendió la vulneración de un derecho fundamental; algo suficientemente grave como para inhabilitarles para un cargo público y que la televisión de todos no puede calificar de cuestión burocrática ni administrativa».